La Reforma Migratoria es Buena Para la Recuperación Económica
Un jornalero de Puebla, México, que vive actualmente en Passaic, Nueva Jersey, cuenta sus experiencias sobre el abuso salarial que empeora con el deterioro de la economía.
Se aprecian señales de que la nación emerge lentamente de la recesión más prolongada y severa desde la Gran Depresión. Pero una recuperación económica total requerirá que se piense de manera sólida en la fortaleza de nuestra fuerza laboral a fin de que asumamos una mejor posición que nos permita producir y consumir bienes, aportar a la base impositiva y ampliar las oportunidades de empleo para todos. Una fuente de recuperación económica que se pasa por alto es la aprobación de la reforma migratoria integral.
Podría parecer contrario a la razón promulgar reformas migratorias y legalizar hasta 8 millones de trabajadores que se encuentran indocumentados en los Estados Unidos, incluidos muchos que pagan impuestos. Pero la simple verdad es que la actualización de nuestras leyes migratorias generará ingresos fiscales al requerir que todos los trabajadores y empleadores estén en el sistema, y creará igualdad de condiciones para los dueños de negocios que acatan las reglas. Y éste no podría ser un mejor momento: las actuales tasas migratorias están bajas debido principalmente al estado de la economía, lo que nos da la posibilidad de evaluar cuántos trabajadores migrantes necesita nuestra economía.
Una vez que salgan de las sombras y se registren para obtener una condición legal, la reforma migratoria integral requeriría a los actuales inmigrantes indocumentados y sus empleadores que pagasen la parte justa e íntegra que les corresponde de los impuestos. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el proyecto de ley de reforma aprobado por el Senado en el 2006, que incluía un programa de legalización, habría generado $66 mil millones de dólares en nuevos ingresos e impuestos de nómina durante el período de 2007 a 2016.
El arreglo del sistema de inmigración también crearía igualdad de condiciones para los propietarios de negocios. Las reformas impedirían que los negocios que cumplen con la ley se vieran socavados constantemente por los empleadores ilegales que explotan a los trabajadores haciéndolos trabajar en condiciones inferiores a las establecidas por la ley y por salarios más bajos. Los derechos laborales, que son el objetivo que procuran los sindicatos obreros que apoyan la reforma migratoria integral, ejercerán una mayor presión sobre los salarios, lo que también beneficiará a los trabajadores nativos.
Por desgracia, los partidarios de línea dura contra la inmigración están atacando a los inmigrantes bajo el falso pretexto de que quieren arreglar la economía. Ellos exigen que la administración de Obama haga redadas de residentes indocumentados en sus centros laborales y los deporte para que puedan abrirse trabajos para los ciudadanos estadounidenses. Esa afirmación contradice los principios de una economía inteligente y la simple lógica. Considérese lo siguiente:
Los funcionarios federales no podrían encontrar y deportar a los 12 millones aproximados de personas que se encuentran actualmente en el país sin la debida documentación, incluidos casi 5 millones que han permanecido en el país después de vencerse sus visas. Esta es una tarea imposible y el público no favorece una medida ejecutoria tan costosa y draconiana como ésa. La deportación de alrededor de 10 millones de inmigrantes que entraron ilegalmente o que se quedaron en el país después de vencérseles sus visas costaría por lo menos $206 mil millones durante cinco años o $41,200 mil millones anualmente y esta cifra podría ser tan elevada como $230 mil millones o más, según cifras disponibles en el 2005.
Los trabajadores migrantes y los trabajadores nativos no compiten entre sí por los empleos. Por lo general, los trabajadores migrantes y los trabajadores nativosse complementan entre sí, toda vez que es más probable que los inmigrantes realicen los trabajos peor remunerados que los trabajadores nativos rechazan o no solicitan. Por ejemplo, un trabajador cesanteado de la industria automovilística de Michigan no se muda a California a cosechar productos agrícolas. Millones de trabajadores cesanteados se resisten a tomar los trabajos que realizan los inmigrantes indocumentados en sitios como corrales de cerdos, plantas procesadoras de pollos y limpiando baños en moteles.
Las estrategias orientadas a “la represión solamente” no mejoran la economía. En verdad, esas estrategias empeoran la economía, según afirman economistas de todo el espectro político. Los inmigrantes—independientemente de su condición—crean ocupaciones adicionales para los trabajadores nativos, toda vez que gastan sus ingresos en bienes, servicios, pagos de alquileres e impuestos. Los inmigrantes y sus familias se convierten en propietarios de pequeños negocios que a su vez crean otros empleos. El Instituto Cato ha observado que la represión estricta en realidad reduciría el bienestar de la familia estadounidense en $80 mil millones, en tanto que “la legalización de los trabajadores migrantes poco calificados rendiría ganancias considerables por concepto de ingresos para los trabajadores y familias estadounidenses”. Un estudio independiente realizado el año pasado por el Grupo Perryman llegó a la conclusión de que la deportación de la fuerza laboral indocumentada dañaría a la nación, lo que ocasionaría pérdidas de $1,8 billones por concepto de gastos anuales perdidos, $651,500 mil millones por concepto de producción anual perdida y 8,1 millones de empleos perdidos.
El Congreso debe enfocarse en arreglar la economía. Y queda claro que el arreglo del descompuesto sistema de inmigración servirá para fortalecer la economía, en tanto que la deportación de los trabajadores indocumentados sólo conseguiría empeorarla. Algunos políticos están utilizando la recesión como pretexto para rehuir la reforma migratoria, pero la inacción no es una opción.
Zoe Lofgren (D-CA) es una congresista que está forzando de manera frontal una decisión sobre el tema y está redactando legislación de reforma migratoria como jefa del Subcomité Judicial de la Cámara sobre Inmigración. El distrito congresional de Lofgren cuenta con la mayor población latina y asiática del Área de la Bahía y abarca Sillicon Valley donde se han constituido la mitad de las nuevas empresas creadas por inmigrantes, lo que representa un aumento del 25 por ciento con respecto a los negocios que existían hace una década.
Lofgren cita con orgullo el nombre de tres inmigrantes—uno de los cuales es refugiado—que llegaron a los Estados Unidos siendo niños y se convirtieron en creadores de empleo: Sergey Brin, cofundador de Google; Jerry Yang, cofundador de Yahoo; y Andrew Grove, quien se desempeñó como presidente y principal funcionario ejecutivo de Intel. “Ninguno de estos (inmigrantes) vinieron por sus capacidades y sin embargo a ellos se debe que hayan contratado a decenas de miles de mis electores que están contentos con el trabajo que realizan”, recalca Lofgren. Incluso los inmigrantes que se encuentran en el nivel inferior de la escala salarial es más probable que creen sus propios negocios, ya sean compañías de jardinería o puestos de tamales, agregó. “Eso es totalmente positivo para la economía”.
Hay que arreglar la economía y los electores quieren soluciones a los problemas graves, no chivos expiatorios. La reforma migratoria integral será un elemento importante de este esfuerzo.
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