Una Estrategia Regional Para la Lucha Contra las Drogas en las Americas

SOURCE: AP/Guillermo Arias

Agentes federales capturan a un sospechoso que es llevado bajo custodia, luego de un tiroteo en Tijuana, México, en marzo de 2009. La violencia relacionada con el narcotráfico se mantiene al alza en ambos lados de la frontera.

By Stephanie Miller | April 8, 2009

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La Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano y el Procurador General Eric Holder hoy se encuentran reunidos en México tras el anuncio que realizó la administración de Barack Obama el 24 de marzo de 2009 sobre una estrategia de seguridad fronteriza de $700 millones de dólares. La nueva iniciativa se centrará en los esfuerzos de los funcionarios de ejecución de leyes de EE.UU. para trabajar con sus pares mexicanos en la frontera a fin de reducir los flujos ilegales de armas y dinero que se filtran en México y las drogas que ingresan en Estados Unidos. Los $700 millones han sido asignados a través de la Iniciativa Mérida, la cual reúne un total de $1,4 mil millones — aprobada por el anterior Presidente George W. Bush en 2008— y que se espera dure tres años.

La mayor atención que el gobierno le ha prestado a México se debe a los reportes de mayor violencia en el territorio entre México y EE.UU., incluyendo el aumento de delitos relacionados con las drogas tales como invasiones a hogares y secuestros en varias ciudades cercanas a la frontera. Las noticias son alarmantes y preocupantes, pero el índice de violencia en la parte estadounidense de la frontera ni siquiera se acerca a los niveles del sur de la misma. El año pasado murieron aproximadamente 6.000 personas en México a causa de la violencia relacionada con la droga, lo que constituye una cifra mayor a la cantidad total de fatalidades que se produjeron en Irak o Afganistán ese mismo año.

Gran parte de la atención mediática que se la ha dado a la violencia ha sido sensacionalista para así dar la impresión de que México se encuentra al borde de un colapso. Pero la realidad es otra:Si bien la violencia en México ha sacudido a muchas comunidades de las principales regiones del tráfico de droga del país, el surgimiento de ésta en gran parte es una reacción a las medidas drásticas que el gobierno mexicano esta implementado contra las organizaciones del tráfico de droga que operan en el territorio.

Poco después de asumir el poder en 2006, el presidente mexicano Felipe Calderón envió a los militares para detener las operaciones de los carteles. Desde ese entonces, aproximadamente se han desplegado 45.000 soldados y 5.000 policías federales en ocho estados mexicanos a fin de fortalecer las capacidades de los funcionarios de aplicación de leyes antinarcóticos de México. En 2007, el gobierno mexicano extraditó a cuatro traficantes importantes de drogas de los carteles del Golfo, Tijuana y Sinaloa y a otros 11 que buscaba Estados Unidos para someterlos a juicio. La extradición generó un efecto inesperado y desencadenó una guerra territorial, y una lucha de poder entre los principales carteles de droga mexicanos.

Los niveles de violencia sin precedentes, incluidas las luchas inter-carteles e intra-carteles y de los carteles contra los militares mexicanos, finalmente ha llevado a los Estados Unidos a reconocer públicamente su rol de generador de violencia al sur de su frontera. Durante su visita a México a finales de marzo, la Secretaria de Estado Hillary Clinton dijo que la demanda “insaciable” de drogas por parte de los Estados Unidos implica una “responsabilidad conjunta” de ayudar a México en su lucha contra los carteles de drogas.

Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas ilícitas del mundo y el 90 por ciento del cultivo de cocaína en la región andina ingresa en los Estados Unidos a través de la frontera con México. Los funcionarios de los gobiernos de México y Estados Unidos estiman que aproximadamente el 90 por ciento de las armas que utilizan los carteles para llevar a cabo sus sangrientas guerras territoriales provienen de Estados Unidos. Asimismo, las confiscaciones que ha realizado el gobierno de México indican una cantidad alarmante de armas a nivel militar que utilizan los cárteles, tales como rifles de asalto AK-47, ametralladoras calibre 0.30, rifles AR-15, armas antitanque ligeras de 66 mm. y lanzadores automáticos de granadas de 40 mm. Es difícil decir que la guerra “contra las drogas” de EE. UU. —denominada así por primera vez por el Presidente Richard Nixon en 1969— ha hecho mucho para reducir el poder las organizaciones del tráfico de drogas en América, y ni que hablar de los esfuerzos por reducir la demanda de drogas en Estados Unidos.

La estrategia de seguridad fronteriza que anunció el Presidente Barack Obama el 24 de marzo constituye un intento por comenzar a corregir los errores de la estrategia antinarcóticos de EE.UU. Los $700 millones se destinarán a mejorar las capacidades de vigilancia y ejecución de leyes en ambos lados de la frontera, como también a mejorar la capacidad judicial a través de transferencias tecnológicas y capacitaciones para la policía y las agencias judiciales de México.

El enfoque en el sistema judicial mexicano luego de la reforma judicial que el Presidente Calderón convirtió en ley en junio de 2008 constituye un importante componente de la estrategia de seguridad fronteriza del Presidente Obama. Estados Unidos posee el mayor potencial para ayudar a México a vencer en su lucha militarizada contra los carteles y a fortalecer la confianza del público en sus instituciones civiles ayudando a México a capacitar a los funcionarios de ejecución de leyes y a desterrar la corrupción de las agencias locales de policía.

La estrategia de seguridad fronteriza, e incluso la Iniciativa Mérida, constituyen sólo el primer paso para lograr que la estrategia antinarcóticos de EE.UU. sea más eficaz con respecto a la reducción de los devastadores niveles de violencia y corrupción relacionados con las drogas en América Latina y el Caribe. Una mejor ejecución de las leyes ante los flujos de drogas ilegales constituye únicamente parte de la solución. También se necesita un compromiso real por parte de Estados Unidos para reducir la demanda de drogas en el país. Los estudios RAND que se publicaron a mediados de la década de los noventas indicaron que el uso de tratamientos para los consumidores de drogas para reducir el consumo de drogas en Estados Unidos es siete veces más económico que los esfuerzos de ejecución de leyes solamente y podría reducir el consumo en un tercio.

Cuando Estados Unidos logre reducir los niveles de consumo de drogas, las organizaciones del tráfico de drogas ya habrán encontrado otra forma de introducir las drogas en el lucrativo mercado estadounidense. México ha experimentado un surgimiento de la actividad del tráfico de drogas en parte debido al éxito relativo que tuvieron los mayores esfuerzos estadounidenses de prohibición en Colombia y el Caribe. La conclusión es que la Iniciativa Mérida, junto con su enfoque contundente sobre México, no es suficiente. Si logramos repelar a las organizaciones del tráfico de drogas de México o al menos frustramos sus esfuerzos por utilizar la frontera entre EE. UU. y México como su punto principal de ingreso en los Estados Unidos, simplemente se reubicarán en Centroamérica, una región que, podría decirse, es mucho más vulnerable a los efectos corrosivos y corruptivos del tráfico de drogas debido a que sus instituciones y sistemas judiciales son relativamente más débiles.

Si bien la Iniciativa Mérida y la estrategia de seguridad fronteriza de reciente anuncio son pasos importantes para tratar la violencia y la inestabilidad en alza que han causado los organismos del tráfico de drogas en México, sería corto de miras que la administración de Obama se detenga ahí. La administración debe tener en cuenta a México, Centroamérica y el Caribe en forma integrada y debe elaborar una estrategia verdaderamente regional para combatir el tráfico de drogas que aumente los fondos asignados a Centroamérica y el Caribe junto con los esfuerzos de México. Si bien el Vicepresidente Joseph Biden prometió $100 millones para Centroamérica como parte del incremento de fondos del año fiscal 2009 de la Iniciativa Mérida, al dividir dicha cifra entre siete países se diluyen los pretendidos efectos benéficos.

El hecho de concentrarse en reducir la violencia relacionada con las drogas y otros problemas casi exclusivamente en México potencialmente a costas de Centroamérica es un error que la administración de Barack Obama debe evitar. Hasta que el gobierno asigne los recursos necesarios para elaborar una estrategia regional e integral, queda por ver si la administración de Obama dará seguimiento a los primeros pasos importantes que se tomaron en marzo de 2009 para combatir los últimos desafíos que presenta el tráfico de drogas en las Americas.

Stephanie Miller es Investigadora Asociada del Proyecto de las Americas en Center for American Progress.