Desde el 2 de septiembre, la administración Trump ha llevado a cabo una serie de ataques letales contra pequeñas embarcaciones en el Caribe. La administración sostiene que estos ataques, que han causado la muerte de más de 20 personas, constituyen una acción militar justificada contra cárteles de la droga y narcotraficantes “terroristas”, argumentando que Estados Unidos se encuentra en un “conflicto armado” con estas organizaciones narcotraficantes. Sin embargo, esta justificación carece de fundamento legal y de realidad: 1) El presidente no tiene autoridad legal para llevar a cabo estos ataques; 2) la administración no ha presentado pruebas que respalden sus afirmaciones; en cambio, simplemente pide al pueblo estadounidense que confíe en ellos; y 3) estos ataques harán poco para frenar el flujo de drogas hacia este país.
Además, la autoridad que el presidente Donald Trump reclama tener podría ser ampliamente abusada para atacar a cualquiera que su administración considere “terrorista”, sin importar en qué parte del mundo se encuentre, y llevar a cabo ataques sin transparencia, supervisión ni justificación. El Congreso debe intervenir para frenar el peligroso e ilegal abuso de poderes de guerra por parte de la administración antes de que esto desemboque en una guerra más extensa o en nuevas acciones ilegales y letales aquí en el país.
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Trump reclama que tiene autoridad en tiempos de guerra para matar a presuntos “terroristas” sin ninguna supervisión ni autorización legal: estas acciones son ejecuciones ilegales y extrajudiciales
La administración ha alegado que estos ataques están justificados, argumentando que las embarcaciones están afiliadas a organizaciones narcotraficantes que Estados Unidos ha designado como terroristas. La semana pasada, tras negarse una y otra vez a proporcionar una justificación por escrito al Congreso, la administración notificó al Congreso que el presidente Trump había “determinado” que Estados Unidos se encontraba en un “conflicto armado… con estas organizaciones designadas como terroristas”. Sin embargo, expertos en derecho internacional, militar y de seguridad nacional disputan las afirmaciones del gobierno. Tanto en el derecho estadounidense como en el internacional, el estatus de conflicto armado no lo “determina” el presidente, y la intención de distribuir drogas no se considera un “ataque armado”.
A principios de este año, el gobierno designó a varias organizaciones narcotraficantes como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por sus siglas en inglés) o Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGTs por sus siglas en inglés). Estas designaciones permiten al gobierno estadounidense prohibir los viajes a Estados Unidos, prohibir a las entidades estadounidenses brindar apoyo material a estos grupos y utilizar las facultades del Tesoro para bloquear el acceso al sistema bancario estadounidense y confiscar activos. Crucialmente, las designaciones de FTO y SDGT no autorizan, ni nunca han autorizado, acciones militares ni la autoridad en tiempos de guerra. La Constitución otorga al Congreso —y solo al Congreso— la facultad de autorizar el uso de la fuerza militar contra estos grupos, con una estrecha excepción en casos de defensa propia.
Las designaciones de Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) no autorizan, ni nunca han autorizado, acciones militares ni la autoridad en tiempos de guerra.
La administración también ha dejado claro que no era necesario el uso de fuerza letal y que podría haber interceptado estas embarcaciones, como lo hace habitualmente la Guardia Costera. Al menos una embarcación alteró su rumbo y estaba dando la vuelta cuando fue atacada, y en la notificación de la semana pasada, la administración señaló que las drogas que posiblemente estaban siendo transportadas en las embarcaciones “podrían” eventualmente usarse para matar estadounidenses. Esta posibilidad de distribución de drogas peligrosas no se considera un ataque armado según el derecho internacional. A pesar de la insistencia de la administración en que Estados Unidos se encuentra en una guerra no declarada, estos ataques fueron ejecuciones extrajudiciales, lo que podría poner a toda la cadena de mando en riesgo de ser procesada por asesinato.
A cada paso del camino, la administración se ha negado a proporcionar respuestas o justificación legal suficiente al Congreso o al pueblo estadounidense.
Esto no se trata de detener el flujo de drogas
Combating drug trafficking requires sustained and coordinated efforts to both address the supply of drugs entering the country and reduce the demand for illicit drugs by expanding prevention and addiction treatment resources. The United States already has the authorities and capabilities to interdict the flow of drugs throughout the Caribbean: The U.S. Coast Guard, as our lead maritime law enforcement agency, works closely with Customs and Border Protection, the U.S. Navy, the Drug Enforcement Administration (DEA), and other partner nations to track, intercept, and seize illicit shipments throughout the Caribbean. Capturing these boats provides intelligence on smuggling networks and evidence for high-level prosecutions. This is particularly true given that most of the documented flow of illicit drugs from South America to the United States takes place via shipping containers and clandestine submarines along Pacific-based routes, not in the Caribbean. The administration’s strikes are therefore not only illegal; they are also ineffective.
La lucha contra el narcotráfico requiere esfuerzos sostenidos y coordinados para abordar la oferta de drogas que ingresan al país y reducir la demanda de drogas ilícitas mediante la ampliación de los recursos de prevención y tratamiento de adicciones. Estados Unidos ya cuenta con las autoridades y la capacidad para interceptar el flujo de drogas en todo el Caribe: la Guardia Costera de Estados Unidos, como nuestra principal agencia de seguridad marítima, colabora con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés), la Marina de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) y otros países aliados para rastrear, interceptar e incautar cargamentos ilícitos en todo el Caribe. La captura de estas embarcaciones proporciona inteligencia sobre las redes de contrabando y evidencia para enjuiciamientos de alto nivel. Esto es especialmente cierto dado que la mayor parte del flujo documentado de drogas ilícitas desde Sudamérica hacia Estados Unidos se realiza a través de contenedores y submarinos clandestinos a lo largo de las rutas del Pacífico, no en el Caribe. Por lo tanto, los ataques del gobierno no solo son ilegales, sino también ineficaces.
A pesar de sus afirmaciones, la administración Trump no prioriza la lucha contra el narcotráfico. Ha reasignado a agentes de la DEA y fiscales federales de los procesos por narcotráfico para apoyar su impopular agenda de control migratorio, lo que ha resultado en los niveles más bajos de procesamientos por narcotráfico en décadas. Además, la administración Trump está eliminando el Grupo de Trabajo Antidrogas contra el Crimen Organizado, que supervisa y coordina investigaciones y procesamientos de alta calidad contra los cárteles y las principales organizaciones narcotraficantes. Mientras tanto, los recortes a la ayuda exterior han obstaculizado operaciones antidrogas exitosas en todo el hemisferio occidental. Y la decisión de la administración de devolver a los líderes de la pandilla MS-13 a El Salvador, en lugar de procesarlos, probablemente fortalecerá las operaciones de narcotráfico de la pandilla.
Si la administración realmente quisiera combatir las organizaciones de narcotráfico, haría lo siguiente:
- Priorizar las investigaciones sostenidas y de alta calidad sobre el liderazgo de los cárteles y regresar a los 2000 agentes de la DEA reasignados a la aplicación de la ley migratoria a sus funciones habituales.
- Fortalecer los lazos con los aliados regionales para ampliar el intercambio de inteligencia, los procesos judiciales conjuntos y la asistencia para el desarrollo de capacidades en materia de lucha contra el narcotráfico y el estado de derecho.
- Invertir en programas basados en la evidencia para la prevención, el tratamiento, la reducción de daños y la recuperación del consumo de drogas. Esto incluye la financiación completa de Medicaid, el mayor financiador del país para el tratamiento de trastornos por consumo de sustancias, y el Programa de Datos sobre Sobredosis para la Acción, que el presidente Trump retrasó y amenazó con eliminar a pesar de su demostrado éxito en la reducción de las sobredosis.
A dónde puede llevar esto y qué puede hacer el Congreso
Los continuos ataques letales ilegales y sin rendición de cuentas son peligrosos y contravienen la Constitución y el Estado de derecho, pero probablemente esto sea solo el comienzo. Informes indican que la administración ha estado desplegando fuerzas adicionales en la región durante meses y ahora está considerando ampliar las operaciones militares dentro de Venezuela, posiblemente como parte de un intento de cambio de régimen en Venezuela. También se reporta que está considerando expandir la geografía de los ataques tanto a Sudamérica continental como a nuestro vecino más cercano, México. Informes adicionales indican que el gobierno está redactando una nueva y más amplia autorización para el uso de la fuerza militar (AUMF por sus siglas en inglés), una clara señal de que no se trata de una acción militar limitada, sino más bien de un intento del gobierno de Trump de llevar al país a una guerra sin fin en nuestro propio hemisferio.
Lo más preocupante es que la afirmación del presidente Trump de tener autoridad legal para matar a cualquiera que la administración clasifique de terrorista es una peligrosa pendiente resbaladiza que podría ser utilizada para atacar a sus enemigos en el país. Trump lleva mucho tiempo intentando desplegar las fuerzas militares contra su oposición política. Este año, ya ha ordenado el despliegue militar en Los Ángeles, Washington D.C., Portland y ahora Chicago. En un discurso reciente ante líderes militares, Trump justificó estos despliegues nacionales, alegando que eran necesarios para combatir al “enemigo interno“, describiendo las ciudades estadounidenses como “campos de entrenamiento” para las tropas estadounidenses.
La reciente ofensiva del gobierno contra los llamados terroristas domésticos sugiere que está más centrado en atacar y silenciar a la oposición política que en prevenir la violencia política.
La reciente ofensiva del gobierno contra los llamados terroristas domésticos sugiere que está más centrado en atacar y silenciar a la oposición política que en prevenir la violencia política. El subjefe de Gabinete de la Casa Blanca y asesor de Seguridad Nacional, Stephen Miller, ha exigido repetidamente al gobierno federal que investigue y arreste a grupos e individuos que la administración considera enemigos políticos, clasificándolos de terroristas. A pesar de lo que pueda afirmar la Casa Blanca, el presidente no tiene autoridad legal para designar a ningún individuo u organización como “terrorista doméstico”.
No podemos confiar en la palabra de la administración, y el Congreso debe exigir respuestas sobre estos ataques, incluyendo:
- Una justificación legal detallada de esta campaña y de cada ataque, tanto de acuerdo con el derecho nacional como internacional
- Un relato de cómo se autorizó cada ataque, a qué nivel y por quién
- Una explicación completa de los procedimientos de inteligencia y operativos que guiaron cada ataque.
El Congreso también debería apoyar resoluciones sobre poderes de guerra (WPR, por sus siglas en inglés), como la WPR Schiff-Kaine, que pondría fin a estas acciones militares ilegales y restauraría el poder a la rama legislativa, donde mismo le corresponde según la Constitución de los Estados Unidos.
El Congreso también debería apoyar resoluciones sobre poderes de guerra, como la WPR Schiff-Kaine, que pondría fin a estas acciones militares ilegales y restauraría el poder a la rama legislativa.
Lo más importante es que el Congreso debe rechazar cualquier nueva AUMF que otorgue al presidente autoridad ilimitada para recurrir a la acción militar. En lugar de embarcarse en una nueva “guerra sin fin”, Estados Unidos debería invertir en la aplicación de la ley, la inteligencia, la asistencia en seguridad y en estrategias de prevención y tratamiento de drogas basadas en la evidencia para combatir la crisis de drogas.
La expansión de las facultades de seguridad nacional tras los atentados del 11 de septiembre puede haber otorgado a las fuerzas armadas la autoridad para atacar a Al Qaeda, pero también desencadenó abusos generalizados bajo el pretexto de seguridad nacional que vulneraron los derechos y las libertades de personas alrededor del mundo, desestabilizaron nuestra democracia, y desató una guerra global sin fin e irresponsable. El Congreso debe aprender de los errores colectivos de cinco administraciones y poner fin a esta extralimitación ilegal ya.