Hay poco alivio a la vista para los consumidores. Entre gastos de reconstrucción tras los desastres climáticos, el creciente costo de modernizar una red eléctrica envejeciente, el alza vertiginosa de los precios del gas natural para alimentar las centrales eléctricas y la pronosticada alza en demanda de electricidad por parte de los centros de datos de inteligencia artificial, se anticipa un aumento en los precios para los consumidores en los próximos años. Si Estados Unidos continúa en su trayectoria actual, se proyecta que el costo promedio nacional de la electricidad residencial aumente casi un 18 por ciento para 2028 y más de un 37 por ciento para 2032.1 De hecho, nuevos modelos del Rhodium Group revelan que la nación necesitará casi un 50 por ciento más de generación de energía en los próximos 15 años.2 Para mantener asequibles las facturas de servicios públicos y sostener la economía del futuro, Estados Unidos necesita más energía y una red eléctrica mejor—y las necesita con urgencia.
La enorme demanda que la red eléctrica deberá satisfacer en la próxima década exige un nuevo enfoque para el sistema eléctrico de los Estados Unidos: uno que aumente considerablemente el suministro, aproveche tecnologías de vanguardia para reducir los costos y garantice que el pueblo estadounidense pueda permitirse calentar y refrigerar sus hogares.
El Center for American Progress propone una estrategia de tres frentes para reducir los costos mediante:
- La creación de un fondo de alivio de tarifas para los estados que congelen o reduzcan las tarifas residenciales de electricidad por un tiempo limitado (cuatro años)
- El requisito de que todos los centros de datos paguen su parte justa
- La ampliación del suministro y el fortalecimiento de la red mediante la construcción de un sistema eléctrico más grande y eficient
El plan de CAP brindaría un alivio inmediato, al tiempo que ampliaría la oferta y aceleraría inversiones catalizadoras en los próximos años para reducir los costos para los consumidores a largo plazo. Solo el fondo federal de alivio de tarifas ahorraría a los consumidores residenciales más de 125,000 millones de dólares a lo largo de cuatro años, más de 900 dólares para el hogar promedio durante ese periodo. Esto le daría tiempo a que las nuevas inversiones y reformas reduzcan los costos de la electricidad para todos mediante la construcción de un sistema energético más amplio y asequible.
El fondo de alivio de tarifas: Ofrecer financiamiento federal a los estados que congelen o reduzcan las tarifas residenciales de electricidad
El plan de CAP brindaría un alivio inmediato, al tiempo que ampliaría la oferta y aceleraría inversiones catalizadoras en los próximos años para reducir los costos para los consumidores a largo plazo. Solo el fondo federal de alivio de tarifas ahorraría a los consumidores residenciales más de 125,000 millones de dólares a lo largo de cuatro años, más de 900 dólares para el hogar promedio durante ese periodo. Esto le daría tiempo a que las nuevas inversiones y reformas reduzcan los costos de la electricidad para todos mediante la construcción de un sistema energético más amplio y asequible.3
Las empresas de servicios públicos son monopolios, y sus tarifas ya están reguladas por los estados y por la Comisión Federal Reguladora de Energía. En la actualidad, la financiación para la nueva generación de energía, el mantenimiento y la expansión de la red—que la economía estadounidense necesita con urgencia—proviene casi exclusivamente de los usuarios, incluyendo a millones de familias que necesitan alivio. Sin embargo, si la congelación de las tarifas privara al sistema eléctrico de capital, la consiguiente falta de inversión degradaría sustancialmente el sistema, lo que podría provocar problemas de fiabilidad y retrasos en el servicio a los nuevos clientes.
Para evitar la falta de inversión y brindar a los consumidores residenciales la ayuda inmediata que solicitan, el Congreso debería destinar 125 mil millones de dólares en fondos federales a los estados que congelen o reduzcan las tarifas. Estos fondos apoyarían la modernización de la red eléctrica, las cadenas de suministro de transformadores, la nueva capacidad de generación, la estabilización de los costos operativos durante picos de precios del combustible o desastres, y reformas de servicios públicos que mejoren la asequibilidad. En cualquier estado participante, las empresas de servicios públicos tendrían prohibido cobrar a los usuarios los costos de las actividades de cabildeo del gobierno. Actualmente, el gobierno federal es un importante inversor en infraestructura de transporte, y la infraestructura de la red eléctrica es igualmente importante. Este fondo de alivio de tarifas garantiza que las familias reciban ayuda ahora, sin sacrificar la fiabilidad ni los ahorros a largo plazo.
Una política nacional de reparto equitativo para los centros de datos de IA: exigir a todos los centros de datos que paguen por los costos energéticos que imponen al sistema
Pronósticos razonables indican que el crecimiento de los centros de datos podría incrementar los costos del sector eléctrico en un 15 por ciento durante la próxima década.4 CAP propone establecer el requisito de que todas las empresas de IA asuman la totalidad de los costos asociados a las necesidades energéticas de sus centros de datos. En lugar de depender de promesas o de negociaciones individuales con miles de empresas de servicios públicos distintas, se exigiría a todos los nuevos centros de datos que paguen una tarifa de conexión a la red; dicha tarifa cubriría la totalidad de los costos de capital iniciales de las mejoras en la infraestructura de la red y de las ampliaciones de la capacidad de generación eléctrica que necesitan. Asimismo, los centros de datos—junto con otras grandes cargas eléctricas—se clasificarían dentro de una categoría de clientes diferenciada, sujeta a tarifas transparentes que cubran completamente los costos de generación, las operaciones de transmisión y distribución, y los gastos de mantenimiento. Por último, el plan de CAP impondría impuestos por el consumo de electricidad que los centros de datos obtienen de la red pública, y aplicaría una tasa impositiva más elevada a la electricidad generada por los propios centros mediante la combustión de combustibles. Esta medida evitaría generar incentivos para la construcción de centros de datos desconectados de la red pública y desalentaría el consumo excesivo de combustibles por parte de aquellos que ya operan de forma autónoma, lo cual podría aumentar indirectamente los costos para los usuarios de la tarifa eléctrica, al tiempo que generaría ingresos e incentivaría a los centros de datos a reducir su consumo total de energía.
Si se exigiera a los centros de datos que paguen su parte justa y estos pudieran construirse conectados a la red eléctrica, ninguno de los aumentos de costos derivados del crecimiento de dichos centros se trasladaría a los consumidores ni contribuiría al costo del programa federal de alivio de tarifas; por el contrario, esto podría reducir los costos de manera generalizada, dada la capacidad de infraestructura disponible. El plan de la administración Trump de obtener promesas por parte de las empresas no puede ofrecer el mismo nivel de protección, ya que cualquier compañía que decida no adherirse provocará un aumento en los costos para todos los demás. Sin embargo, el establecimiento de un requisito garantizaría que la construcción de centros de datos no eleve los precios de la electricidad para las familias estadounidenses. Asimismo, es posible que los centros de datos enfrenten menos oposición a nivel local si se le asegura a los consumidores que las empresas de inteligencia artificial—y no los hogares—son quienes asumirán la carga de los mayores costos de electricidad, lo cual es una de las principales preocupaciones de los votantes.
La administración Trump también está bloqueando opciones energéticas más asequibles, como la eólica y la solar, y obligando a los nuevos centros de datos a depender de centrales eléctricas de carbón y gas, las cuales resultan más costosas. Aun cuando los centros de datos asuman sus propios costos de electricidad, esta demanda adicional de combustible elevará los precios de los combustibles en toda la economía. Tal como se explica más adelante, permitir la construcción rápida y económica de infraestructuras de energía limpia, en consonancia con la política nacional de “participación equitativa”, contribuye a mantener bajos los costos para los hogares y a brindar certidumbre a una industria en expansión.
Un sistema eléctrico más grande y mejor: ampliar el suministro mediante la mejora de la infraestructura de la red y la construcción de mayor capacidad de generación eléctrica
La asequibilidad a largo plazo requiere ampliar la oferta y modernizar la red, lo que incluye reformas para acelerar la concesión de permisos para nueva capacidad de transmisión y generación, incentivar a las empresas de servicios públicos a reducir costos y realizar inversiones públicas en infraestructura y generación de energía de bajo costo. Entre las políticas clave se incluyen:
- Invertir en fuentes de energía de menor costo. El Congreso debería realizar inversiones que reduzcan el costo de la energía. Las reformas clave deberían incluir el restablecimiento y la ampliación de los incentivos fiscales federales (tecnológicamente neutrales) para la inversión y la producción de electricidad limpia, provenientes de la Ley de Reducción de la Inflación. Asimismo, deberían financiar una investigación científica, un desarrollo tecnológico y un despliegue comercial de tecnologías emergentes que puedan suministrar energía limpia a un costo significativamente menor.
- Invertir en mejoras de la red eléctrica. El Congreso también debería realizar inversiones catalizadoras que reduzcan el costo de la infraestructura y de los componentes de la red, de modo que los contribuyentes no tengan que asumir por sí solos el pago de dichas mejoras. Las reformas clave deberían incluir el establecimiento de nuevos créditos fiscales a la inversión, subvenciones y préstamos para reducir el costo de la infraestructura de la red e impulsar la fabricación nacional de componentes estandarizados para la misma.
- Exigir a las empresas de servicios públicos que trabajen para reducir los costos. El Congreso debería facultar a los reguladores federales para revisar las tasas de retorno que las empresas privadas de servicios públicos pueden recuperar. Las mejoras en la transmisión eléctrica aprobadas a nivel federal deberían centrarse en maximizar la eficiencia y en implementar tecnologías de optimización de la red que resulten, de manera consistente, menos costosas. De ahora en adelante, no debería permitirse que las empresas de servicios públicos que construyen centrales eléctricas añadan recargos por combustible a las facturas de electricidad cuando se disparen los precios del gas natural.
- Tomar decisiones rápidas, claras y fiables en materia de permisos y conexión a la red. Se requieren reformas para agilizar la revisión de los permisos para nuevos proyectos de generación y transmisión eléctrica; para otorgar al gobierno federal la autoridad de concesión de permisos para las líneas de transmisión interestatales; y para simplificar y estandarizar el proceso de interconexión, con el fin de conectar las fuentes de energía a la red con mayor rapidez, permitiendo así que la infraestructura se construya con menos retrasos y reduciendo, en consecuencia, los costos.
El sistema eléctrico de los Estados Unidos necesita proteger a los consumidores del aumento de los costos e incrementar considerablemente el suministro para satisfacer la demanda. El crecimiento de la demanda impulsado por los centros de datos, el envejecimiento de la infraestructura y la volatilidad de los combustibles amenazan con elevar aún más los costos en las próximas décadas. Encuestas recientes revelan que los estadounidenses comprenden que el país necesita más energía y una mayor inversión en la infraestructura de la red eléctrica, pero exigen que las empresas de servicios públicos rindan cuentas y mantengan los costos bajo control. Mediante una política federal inteligente, Estados Unidos puede satisfacer sus crecientes necesidades energéticas y hacer que la electricidad resulte asequible.
Nota de los autores: Las encuestas se basan en datos de sondeo no publicados de Blue Rose Research, que los autores han revisado.