Washington, D.C. — Hoy, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que la demanda de México que buscaba responsabilizar a los fabricantes de armas estadounidenses por fomentar la violencia armada en México no es suficiente para superar las protecciones únicas contra la responsabilidad civil que el Congreso otorgó a la industria de armas de fuego. En respuesta, Nick Wilson, director sénior de prevención de la violencia armada del Center for American Progress, emitió la siguiente declaración:
La continua incapacidad de responsabilizar a la industria de armas de fuego por suministrar armas estadounidenses a los cárteles de la droga mexicanos socava nuestras prioridades de seguridad nacional e inmigración. Las mismas prácticas peligrosas e irresponsables de la industria de armas de fuego, que alimentan la violencia y la inestabilidad en México y Centroamérica, también contribuyen a que las armas de fuego sean la principal causa de muerte entre niños y adolescentes estadounidenses.
Afortunadamente, el tribunal rechazó la solicitud de la industria de armas de eximir a los fabricantes y vendedores de armas de fuego de prácticamente toda responsabilidad, incluso cuando actúan ilegalmente. Es hora de que el Congreso apruebe una ley para reducir el tráfico ilegal de armas y derogue la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) para garantizar que las víctimas de la violencia armada, tanto en este país como en el extranjero, puedan acceder a las mismas vías legales de justicia que exigen responsabilizar a otras industrias.
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