Garantizar el bienestar y la seguridad pública es la responsabilidad más fundamental del gobierno. Toda persona, sin importar quién sea, merece vivir y trabajar en un entorno seguro y libre de violencia. Muchas ciudades están logrando reducir el crimen al combinar estrategias de rendición de cuentas más rigurosas, que garantizan consecuencias rápidas y seguras, con programas de prevención que han demostrado que pueden detener los delitos antes de que ocurran. Ningún nivel de violencia es aceptable, y el país puede lograr aún mayores avances en la reducción del crimen aplicando las lecciones aprendidas de lo que ha funcionado para reducirlo a nivel local.
En lugar de centrarse en lo que funciona para detener el crimen, durante su primer año, la administración Trump ha eliminado recursos eficaces para luchar contra el crimen en las comunidades locales. Al despedir a fiscales de carrera,1 solicitar al Congreso que recorte miles de millones de dólares de las fuerzas del orden federales,2 retirar a agentes federales de casos de narcotráfico y explotación sexual infantil3 y cancelar la financiación de programas locales de prevención del delito,4 la administración Trump está debilitando la aplicación de nuestras leyes penales.
Recientemente, hemos visto a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), sin entrenamiento adecuado, poner en peligro la vida de los estadounidenses en todo el país,5 en marcado contraste con las fuerzas del orden tradicionales bien capacitadas que sirven a todas las comunidades y han contribuido a reducir las tasas de criminalidad a mínimos históricos. Esta es una lección importante para el país.
Avances históricos debido a estrategias eficaces
En 2025, ciudades como Baltimore, Chicago y Filadelfia registraron mínimos históricos en la cantidad de homicidios al proporcionarle a las fuerzas del orden las herramientas y los recursos necesarios para combatir el crimen, al mejorar el sistema de justicia para que imponga castigos rápidos y seguros, e al invertir en programas de intervención comunitaria y prevención de la violencia.6 Sabemos que estas estrategias funcionan porque están reduciendo con éxito la delincuencia en ciudades de todo el país.
El plan del Center for American Progress para proteger a los estadounidenses del crimen exige una mayor inversión federal en estrategias comprobadas, entre ellas:
- Responsabilizar a los delincuentes mediante la contratación de más agentes de policía y detectives, la aplicación de consecuencias rápidas y seguras, y el reclutamiento de personal de primera respuesta adicional.
- Prevenir el crimen al invertir en programas de prevención, ampliando los programas de intervención comunitaria contra la violencia y reduciendo la reincidencia.
- Desmantelar los mercados ilícitos al concentrar los recursos federales de las fuerzas del orden en las organizaciones criminales violentas y los individuos que se lucran del tráfico ilegal de drogas, armas, personas y bienes robados.
Responsabilizar a los delincuentes
La evidencia demuestra que las sanciones seguras reducen el crimen.7 Cuando las personas creen que serán capturadas, es menos probable que violen la ley,8 pero hoy en día, demasiados delitos quedan sin resolver tanto en ciudades como en zonas rurales. Para capturar a más delincuentes y garantizar que reciban consecuencias rápidas y seguras, el gobierno federal debería:
- Ayudar a las agencias encargadas de seguridad a contratar más agentes de policía y detectives. El gobierno federal debería aumentar la financiación para que las fuerzas del orden locales contraten, capaciten y retengan a los mejores agentes a través del Programa de Contratación COPS y el Programa de Subsidios de Asistencia de Justicia Edward Byrne Memorial. También se necesita financiación federal adicional para contratar a 7,000 investigadores más para resolver homicidios y tiroteos no mortales.
- Financiar a ciudades y condados para ampliar estrategias policiales efectivas. El gobierno federal debería proporcionar financiación a las fuerzas del orden locales para abordar los puntos calientes y para implementar alianzas estratégicas entre la policía y la comunidad enfocadas en disuadir al pequeño número de personas responsables de la mayoría de los delitos violentos. Para apoyar las iniciativas policiales basadas en datos, se necesita financiación federal adicional para adquirir tecnología y herramientas de inteligencia criminal que ayuden a la policía local a resolver delitos, como los centros de información criminal en tiempo real.
- Invertir en nuestros tribunales y sistemas de justicia para impartir justicia de forma rápida y segura. Para acelerar los procesos judiciales y lograr resoluciones de casos más rápidas, el gobierno federal debería proporcionar financiación para contratar más fiscales locales, aumentar el número de puestos judiciales, ampliar los modelos de enjuiciamiento alternativos y modernizar la tecnología.
- Garantizar que las fuerzas del orden en todos los niveles mantengan altos estándares y sólidas salvaguardias contra prácticas que socaven la confianza o violen las libertades civiles. Los oficiales de policía deben recibir un entrenamiento sólido y continuo para reducir los tiroteos en los que se vean involucrados y otros incidentes relacionados con el uso de la fuerza.
Detener el crimen
Las ciudades deben invertir en programas de intervención comunitaria contra la violencia y en estrategias de prevención que aborden tanto las inquietudes urgentes de los miembros de la comunidad en cuanto a la seguridad como las raíces del crimen. Ya que una persona cumpla su condena, es menos probable que vuelva a cometer delitos si tiene una verdadera segunda oportunidad y la posibilidad de convertirse en un ciudadano productivo.9 Para prevenir el crimen y reducir la reincidencia, el gobierno federal debería:
- Ampliar los esfuerzos de prevención de la delincuencia juvenil, incluso mediante la financiación de programas de empleo de verano para jóvenes, la oferta de programas de educación temprana y la reducción de la exposición de niños al plomo.
- Financiar programas locales de intervención comunitaria contra la violencia que conecten a las personas con mayor riesgo de participar en actos violentos con recursos y servicios para prevenir la violencia antes de que ocurra.
- Reducir las barreras para la reintegración que impiden que las personas que salen de prisión accedan a vivienda, atención médica, tratamiento para el consumo de sustancias y oportunidades de empleo.
- Financiar completamente los programas que atienden directamente a las víctimas de delitos y fortalecer el Fondo para Víctimas del Crimen, que apoya los programas estatales de compensación y asistencia a las víctimas.
Desmantelar los mercados ilícitos
No podemos frenar la delincuencia si no garantizamos que el crimen no sea rentable. El gobierno federal debe detener el flujo constante de drogas, armas, personas y bienes robados a través de las fronteras estatales e internacionales. Para detener los mercados ilícitos, frenar el tráfico ilegal y desmantelar las organizaciones criminales violentas, el gobierno federal debería:
- Desmantelar las organizaciones violentas de narcotráfico al restablecer los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico del Departamento de Justicia de EE. UU. e invertir en tecnologías de escaneo no intrusivas en todos los puntos de entrada para reducir el suministro de opioides ilícitos que ingresan al país.
- Proporcionar a las agencias de seguridad federales y locales los recursos, las herramientas y las tecnologías que necesitan para enjuiciar a los cabecillas de más alto nivel, centrándose en el dinero y las redes que sustentan las operaciones, en lugar de en los delincuentes de bajo nivel que son fácilmente reemplazables.
- Reducir el tráfico de armas al fortalecer las leyes sobre armas de fuego, intensificar los esfuerzos de control dirigidos a los compradores y traficantes testaferros, y exigir rendición de cuentas a los fabricantes y distribuidores de armas de fuego negligentes.
- Aumentar la coordinación con las fuerzas del orden estatales y locales para perseguir a las organizaciones criminales violentas, invirtiendo simultáneamente en recursos comunitarios que reduzcan la demanda de sus productos.