Washington, D.C. — Hoy, la Corte Suprema dictaminó que los beneficiarios de Medicaid no tienen derecho a demandar cuando los programas estatales descalifican a ciertos proveedores de atención médica, como Planned Parenthood. En respuesta, Andrea Ducas, vicepresidenta de Política de Salud del Center for American Progress, emitió la siguiente declaración:
Este caso constituye un ataque flagrante contra las mujeres y los proveedores de servicios médicos que brindan atención de aborto y otros servicios esenciales de salud reproductiva y prevención. Arrebatarle la libertad de las personas inscritas en Medicaid para elegir a qué proveedores y clínicas acuden para recibir atención significa que las mujeres de todo el país tendrán menos acceso a la atención médica en general. Esta decisión provocará tiempos de espera más largos y retrasos en los diagnósticos, y significa que más personas tendrán que recorrer distancias considerables para obtener atención básica.
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