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El lunes por la noche, la administración Trump publicó un memorando en el que instaba a las agencias federales a “pausar” enormes porciones de la financiación federal con el propósito de alinear la financiación federal con las medidas y prioridades del presidente.* El memorando destacaba las subvenciones, préstamos y asistencia financiera federales que cubren funciones importantes como la vivienda, la nutrición y la educación. Si bien la orden exime los beneficios de Medicare y la Seguridad Social, así como los pagos directos a las personas, efectivamente cerraría grandes porciones del gobierno y pondría en peligro programas de los que dependen millones de estadounidenses.
Esta mañana, la Oficina de Administración y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca envió una guía interna a las varias agencias que incluía una lista de más de 2,000 programas que se suspenderían. Sin embargo, horas después, en un documento público, la Casa Blanca pareció retractarse del memorando entero, diciendo que no incluía ninguno de los diversos programas que su comunicación interna decía que tenía o que el memorando de ayer insinuaba. En cambio, la Casa Blanca dijo que la nueva medida no iría más allá del alcance de sus acciones ejecutivas del primer día, a pesar de que el memorando del lunes destacaba que un tercio del presupuesto se vería afectado. Debido a la comunicación interna y externa contradictoria, no está claro qué pretende la Casa Blanca.
El martes por la noche, una jueza federal ordenó a la administración Trump que detuviera la acción propuesta.
Si la administración hubiera podido seguir adelante con su instrucción inicial, algunas instalaciones de cuidado infantil se quedarían sin fondos y podrían haber tenido que cerrar ya la próxima semana.
El experto en derecho constitucional Steve Vladeck observó que esta pausa “constituye una retención de fondos inconstitucional e ilegal” y es poco probable que logre convencer incluso a la extrema mayoría de la Corte Suprema. Es probable que se trate de un aplazamiento ilegal, que podría violar varias leyes de gastos y autorización, así como la Ley de Control de Embargos (ICA, por sus siglas en inglés) de 1974. La ICA creó vías legales limitadas para retener fondos. Según la ICA, si un presidente desea pausar la financiación federal (por ejemplo, para planificar contingencias), existen dos vías legales para hacerlo: las secciones 1012 y 1013. La sección 1012 de la ICA se aplica si el presidente busca proponer rescindir fondos no obligatorios. La sección 1013 se utiliza si el presidente busca aplazar, pero no reducir, los fondos no obligatorios. Sin embargo, los procedimientos especiales de la sección 1013 permiten pausas temporales, conocidas como “aplazamientos”, para fines extremadamente limitados durante el año fiscal. Esta sección prohíbe los aplazamientos por cualquier otro motivo, incluso por razones políticas.**
En su decisión sobre la retención ilegal de fondos para Ucrania por parte de Trump en 2019, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), encargada de juzgar las violaciones de la ICA, dijo: “La ICA no permite aplazamientos por razones políticas”. El presidente Donald Trump tampoco presentó un mensaje especial al Congreso solicitando un aplazamiento, un requisito de la Sección 1013 de la Ley de Control de Embargos.
Si bien la declaración pública de la OMB emitida hoy pidió eximir numerosos programas, la guía interna de la OMB a las agencias hecha pública el martes por la mañana nombró miles de programas que las agencias debían revisar, incluidos:
- Head Start: proporciona fondos a organizaciones locales para ejecutar programas gratuitos e integrales de aprendizaje temprano y preescolar para familias de bajos ingresos, con una inscripción anual financiada de más de 778,000 niños pequeños y sus familias.
- Programa de subvenciones de la Granja a la Escuela: conecta a los agricultores locales con programas de nutrición infantil para permitir que las escuelas proporcionen alimentos frescos a los estudiantes directamente desde sus comunidades.
- Programa de subvenciones de seguridad para organizaciones sin fines de lucro: proporciona mejoras de seguridad a organizaciones sin fines de lucro, incluidas organizaciones religiosas, para ayudar a mitigar los riesgos de ataques violentos o delitos basados en el odio.
- Vivienda de la Sección 8: proporciona asistencia para la renta a más de 4 millones de hogares (7.3 millones de personas) a través de vales y subsidios directos a las propiedades.
- Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP): proporciona fondos a los estados para una cobertura integral de 7.2 millones de niños y mujeres embarazadas que ganan demasiado para calificar para Medicaid pero no pueden pagar un seguro privado.
- El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños (WIC): proporciona asistencia nutricional a 1.5 millones de bebés, 1.6 millones de madres primerizas y 3.8 millones de niños muy pequeños.
- Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP): proporciona fondos para ayudar a comprar alimentos a 42.6 millones de estadounidenses.
- Subvenciones de educación del Título I: proporciona financiación a más de 50,000 escuelas públicas primarias y secundarias en barrios de bajos ingresos donde las necesidades educativas son mayores.
- Subvenciones para servicios de educación especial y rehabilitación de IDEA: proporciona financiación a los estados para ayudar a 7.5 millones de niños en edad escolar y 800,000 adultos con discapacidades a obtener educación y empleo.
- Programas de nutrición infantil (incluido el Programa Nacional de Almuerzos Escolares): El Programa Nacional de Almuerzos Escolares proporciona fondos a los estados para proporcionar comidas gratuitas o de bajo costo a casi 30 millones de niños en promedio cada día.
- Subvención en bloque para el cuidado y desarrollo infantil (CCDBG): proporciona fondos a los estados para ayudar a las familias de bajos ingresos a costear el cuidado infantil, atendiendo a más de 1.3 millones de niños cada mes.
- Programa de centros de salud comunitarios: ayuda a mantener abiertas las puertas de más de 1,300 centros de salud comunitarios que atienden a más de 31 millones de pacientes en todo el país cada año. Las subvenciones federales representan el 11 por ciento de los ingresos totales de los centros de salud comunitarios.
Además, Illinois y otros estados se vieron excluidos de los portales de Medicaid. Medicaid proporciona fondos equivalentes a los estados para el seguro médico, lo que ayuda a casi 1 de cada 5 estadounidenses, incluidas personas de bajos ingresos, mujeres embarazadas, personas mayores y personas con discapacidades.
Los plazos de desembolso de los programas federales varían y los pagos suelen realizarse de forma anual, trimestral o mensual. En la mayoría de los casos, los desembolsos de los programas de subvenciones se realizan cuando los beneficiarios intentan retirar el dinero de la subvención después de incurrir en gastos elegibles. Cualquier programa que no realice los pagos se vería amenazado, al igual que ocurre durante un cierre federal.
Cabe señalar que las familias que utilizan la asistencia para la renta de la Sección 8 y algunas instalaciones de Head Start sentirían profundamente una pausa amplia debido a la fecha de los próximos pagos. En el caso de la Sección 8, las autoridades de vivienda reciben pagos federales mensuales. Si bien algunas tienen reservas de efectivo limitadas, otras no. Esta pausa podría amenazar potencialmente la asistencia para pagar la renta de algunas familias en pleno invierno. En el caso de Head Start, cualquier instalación cuyas subvenciones anuales se hubieran recibido normalmente el 1 de febrero probablemente se habría visto afectada por la propuesta, lo que podría provocar el cierre de algunas instalaciones de educación preescolar y de aprendizaje temprano en todo el país.
Conclusión
La propuesta de la administración Trump parece ser una retención ilegal de fondos y es una de las muchas herramientas que el presidente ya está utilizando para eliminar importantes controles y equilibrios en nuestro gobierno e implementar la agenda radical delineada en el Proyecto 2025 que dañaría, en lugar de ayudar, a las familias estadounidenses.
Una pausa en la asignación de fondos a servicios públicos críticos amenazaría gravemente el bienestar de los estadounidenses. Si bien la medida se ha suspendido temporalmente y es probable que los tribunales a fin de cuentas determinen que es ilegal, incluso si esta propuesta nunca avanza, demuestra la voluntad del gobierno de suspender varios fondos y poner en riesgo el bienestar de los estadounidenses.
El autor desea darle las gracias a Andrea Ducas, Ben Olinsky, Brendan Duke, Casey Peeks, Doug Turner, Emily Gee, Jessica Vela, Joe Radosevich, Kennedy Andara, Kevin DeGood, Kyle Ross, Lily Roberts, Marquisha Johns, Mia Ives-Rublee, Michael Sozan, Mimla Wardak, Natasha Murphy, Sophie Cohen y Weade James por su ayuda.
*Nota del autor: El memorando de la OMB establece esto en varios puntos, incluyendo los siguientes: “Los funcionarios de carrera y de nombramiento político en la Rama Ejecutiva tienen el deber de alinear los gastos y acciones federales con la voluntad del pueblo estadounidense, expresada a través de las prioridades presidenciales. La asistencia financiera debe destinarse a impulsar las prioridades de la Administración…”; “Este memorando exige a las agencias federales que identifiquen y revisen todos los programas federales de asistencia financiera y las actividades de apoyo, de conformidad con las políticas y requisitos del Presidente.”; “Esta pausa temporal brindará a la Administración tiempo para revisar los programas de las agencias y determinar los mejores usos de los fondos para dichos programas, de conformidad con la ley y las prioridades del Presidente.”; y “[L]as agencias deben, para cada programa federal de asistencia financiera: (i) asignar la responsabilidad y la supervisión a un funcionario de nombramiento político de alto rango para garantizar que la asistencia financiera federal se ajuste a las prioridades de la Administración.”
**Nota del autor: Existen tres razones justificables para suspender la financiación: para hacer frente a imprevistos; para lograr ahorros mediante cambios en los requisitos o mayor eficiencia; o si la ley permite específicamente una pausa. El memorando de la OMB afirma que el propósito es alinear la asistencia financiera federal con las “políticas presidenciales” y las “prioridades del Presidente”, es decir, por razones políticas. Esta no es una de las tres razones aceptables.