El sistema migratorio de Estados Unidos está roto. El Congreso ha ignorado el problema por décadas, socavando nuestra seguridad nacional y perjudicando tanto a los estadounidenses como a los inmigrantes. Su inacción nos hace a todos menos seguros. El plan del Center for American Progress para arreglar el sistema migratorio roto:
- Asegura y controla la frontera para detener la inmigración ilegal
- Repara el sistema de asilo y pone fin al abuso del sistema
- Amplía la inmigración legal para reducir la migración no autorizada y fortalecer la economía de Estados Unidos
- Crea un camino seguro y merecido hacia la ciudadanía para quienes han vivido aquí durante más de una década y contribuyen a sus comunidades y al país.
Estas reformas ofrecen una estrategia ordenada y eficaz que protege a las comunidades estadounidenses y defiende los valores de la nación, a la vez que satisface las necesidades económicas del país. Demuestran que podemos fortalecer la frontera sin las tácticas terroristas extrajudiciales de la administración Trump. No tenemos que elegir entre un sistema migratorio que prioriza la seguridad fronteriza y fomenta el crecimiento económico, y un sistema migratorio que respeta el debido proceso y el estado de derecho.
El plan de CAP demuestra que podemos asegurar nuestras fronteras y proteger nuestra seguridad nacional sin las tácticas terroristas de la administración Trump, que está deteniendo a personas que llevan décadas en el país, a personas que residen legalmente en Estados Unidos y a personas que no representan una amenaza para nadie. La administración está actuando ilegalmente: violando órdenes judiciales, deteniendo a inmigrantes que residen legalmente en el país por ejercer su derecho a la libertad de expresión, y desapareciendo ilegalmente a personas en una prisión extranjera infame sin el debido proceso. El Congreso debe supervisar rigurosamente estas acciones y garantizar que los recursos de inmigración cuenten con las debidas garantías.
El caos y la crueldad de la administración Trump no son una solución real para arreglar el sistema migratorio roto. Este plan sí lo es y demuestra que no necesitamos arrestar a abuelas ni a trabajadores que llevan décadas aquí para tener una frontera segura.
Para mantener a Estados Unidos seguro, fuerte y próspero, el Congreso debería crear un sistema de inmigración que:
Asegura y controla la frontera para detener la inmigración ilegal
Proteger la frontera estadounidense requiere una combinación de nuevas barreras físicas, tecnología avanzada y mayor personal para prevenir cruces ilegales y garantizar un ingreso seguro, legal y ordenado. El Congreso debe financiar plenamente las iniciativas para modernizar los puertos de entrada, fortalecer las operaciones de la Patrulla Fronteriza e implementar sistemas de vigilancia adaptados a las necesidades operativas. Estados Unidos también debe liderar la cooperación regional con los países de la región para desmantelar las redes criminales transnacionales y reforzar la aplicación de la ley.
Repara el sistema de asilo y pone fin al abuso del sistema
Debemos reformar el sistema de asilo estadounidense para prevenir el abuso y garantizar el orden en la frontera. Debería exigir que todos los casos de asilo fronterizo se resuelvan cerca de la frontera, con aprobaciones expeditas para las víctimas reales de persecución y repatriación inmediata para los solicitantes rechazados.
Para ello, el gobierno calificaría los casos fronterizos para descartar presuntamente las solicitudes no calificadas provenientes de democracias que no persiguen a sus ciudadanos, a la vez que elevaría el estándar legal para todas las solicitudes de asilo en la frontera. Este sistema agilizaría la resolución de los casos para emitir decisiones en un plazo de 30 días; exigiría a los solicitantes de asilo a presentar su solicitud en los puertos de entrada; y exigiría que los solicitantes de asilo en la frontera permanecieran en centros de procesamiento de custodia humanitarios con acceso a un abogado para garantizar el debido proceso, resultados eficientes y justos. Bajo este sistema, los solicitantes ya no viajarían al interior del país mientras sus solicitudes estuvieran en trámite.
Estados Unidos también debería aumentar los recursos para eliminar la actual acumulación de solicitudes de asilo y fortalecer el programa de reasentamiento de refugiados, que sería la vía principal para quienes huyen de la persecución.
Amplía la inmigración legal para reducir la migración no autorizada y fortalecer la economía de Estados Unidos
Debemos modernizar el sistema de inmigración legal estadounidense para impulsar el crecimiento económico. Las reformas deberían ampliar las oportunidades para trabajadores, empresarios y familiares, a la vez que eliminan los retrasos en la tramitación de visas de inmigrante y reforman los límites específicos de cada país. Un nuevo sistema preciso basado en puntos, adaptado a las necesidades específicas del mercado laboral, complementaría el sistema actual. Los programas de visas se reformarían para garantizar una protección sólida para los trabajadores estadounidenses e inmigrantes y para ayudar a satisfacer la demanda crítica de mano de obra.
Una nueva vía legal, segura y ordenada para las víctimas de violencia doméstica, violencia de pandillas y otros delitos permitiría a Estados Unidos aceptar a los migrantes más vulnerables.
El Congreso también debe proporcionar recursos y capacidad de personal suficientes a las agencias pertinentes para garantizar la equidad, la eficiencia y la prosperidad nacional a largo plazo.
Crea un camino seguro y merecido hacia la ciudadanía para quienes han vivido aquí durante más de una década y contribuyen a sus comunidades y al país
Crear una vía segura y merecida hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados que han vivido en Estados Unidos más de diez años (más de cinco años para los Dreamers) impulsaría la economía estadounidense y generaría mayores ingresos para respaldar la red de seguridad social.
Un proceso justo para legalizar a inmigrantes indocumentados de mucho tiempo debería incluir verificación de antecedentes; el requisito de que quienes se beneficien sean económicamente autosuficientes; el pago de los impuestos adeudados, así como una multa. También debería excluir a quienes representen una amenaza para la seguridad pública.