Washington, D.C. — Hoy, el Departamento de Educación de Estados Unidos presentó un adelanto de la norma final que modifica la forma en que el programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés) determina cuáles empleadores cumplen los requisitos para calificar.
En respuesta, Viviann Anguiano, directora gerente de Política de Educación Superior del Center for American Progress, ofreció los siguientes comentarios:
“Mientras que la administración anterior garantizó que más de un millón de servidores públicos—enfermeros, asistentes médicos, personal de emergencias, maestros y trabajadores sociales—recibieran la condonación de préstamos estudiantiles públicos después de 10 años de servicio y pagos, la administración Trump ahora parece empeñada en recortar los beneficios futuros para los servidores públicos.
Esta norma pretende penalizar a las organizaciones sin fines de lucro cuyo trabajo no promueva las ideas políticas de Trump. Esta administración quiere distraer al pueblo estadounidense de los cambios normativos y legislativos que están impulsando y que aumentarán los costes para las familias.”
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