La Ley SAVE: Resumen y Hechos

Resumen en breve

• La Ley de Protección de la Elegibilidad de los Votantes Estadounidenses (SAVE, por sus siglas en inglés) exigiría que todos los ciudadanos estadounidenses que se registren para votar o actualicen su información de registro presenten una prueba documental de ciudadanía en persona. Para la gran mayoría de los estadounidenses, esto sería un pasaporte o un certificado de nacimiento.
• Las licencias de conducir emitidas por el gobierno, incluidas las REAL ID, así como las identificaciones militares o tribales, no satisfacen los requisitos del proyecto de ley.
• Bajo este proyecto de ley, la responsabilidad de verificar la elegibilidad y el estado de ciudadanía le recaería en cada ciudadano estadounidense en vez de los funcionarios electorales y del gobierno, lo que obligaría a los ciudadanos a convencer al gobierno de que son elegibles para ejercer su derecho a votar.
• La Ley SAVE cambiaría la forma en que todos los ciudadanos se registran para votar tras su promulgación. Trastocaría el registro de votantes en línea, haría imposible enviar una solicitud de registro por correo y eliminaría las campañas de registro de votantes.

Los datos

• Aproximadamente 146 millones de ciudadanos estadounidenses no poseen un pasaporte válido. Para ponerlo en contexto, 153 millones de estadounidenses votaron en las elecciones generales presidenciales de 2024:
  • Las tasas altas de posesión de pasaportes se concentran abrumadoramente en los estados azules, mientras que las tasas bajas se concentran en los estados rojos.
  • En siete estados, menos de un tercio de los ciudadanos tienen un pasaporte válido: Virginia Occidental, Mississippi, Alabama, Arkansas, Kentucky, Luisiana y Oklahoma.
  • En solo cuatro estados, más de dos tercios de los ciudadanos tienen un pasaporte válido: Nueva York, Massachusetts, California y Nueva Jersey.
• El 84 por ciento de las mujeres que se casan cambian su apellido, lo que significa que hasta 69 millones de mujeres estadounidenses no tienen un certificado de nacimiento con su nombre legal y, por lo tanto, no podrían usar su certificado de nacimiento para probar su ciudadanía. La Ley SAVE no menciona la posibilidad de mostrar un certificado de matrimonio o documentación de cambio de nombre.
• La Ley SAVE plantea un grave problema socioeconómico que afectaría desproporcionadamente a los estadounidenses de clase trabajadora y de bajos ingresos:
  • Solo 1 de cada 4 estadounidenses con un diploma de escuela secundaria o menos tiene un pasaporte válido.
  • Solo 1 de cada 5 estadounidenses con ingresos inferiores a $50,000 tiene un pasaporte válido.
• Los estadounidenses jóvenes (aquellos de entre 18 y 29 años), aquellos con niveles de educación universitaria y de posgrado, los estadounidenses ricos y aquellos que se identifican como liberales o demócratas son los grupos con más probabilidades de poseer los formularios de documentación requeridos. Las “élites costeras” son el grupo con menos probabilidades de verse negativamente afectados por el proyecto de ley.

Los republicanos tienen menos probabilidades de poseer un pasaporte, y las mujeres conservadoras y de tendencia republicana tienen el doble de probabilidades de haber cambiado su apellido.

Impactos

Incluso cambios pequeños, como mudarse a un edificio de apartamentos, mudarse a la cuadra siguiente o cambiar de afiliación partidaria, se consideran actualizaciones del registro de votantes. Según la Ley SAVE, los estadounidenses tendrían que acudir en persona a su oficina electoral y presentar la documentación original o certificada para realizar cualquier cambio en el registro de votantes.

Esto dificultaría mucho la participación cívica para decenas de millones de ciudadanos en cada ciclo electoral y privaría directamente de sus derechos a millones más. Las políticas de la Ley SAVE también se sumarían a las leyes estatales de identificación de votantes que exigen que los votantes muestren una identificación en las urnas:

• El registro de votantes en línea, un servicio del que dependen 42 estados, se vería alterado o incluso eliminado. Cabe destacar que 8 millones de estadounidenses utilizaron el registro en línea en el ciclo de 2022.
• Los votantes ya no podrían enviar una solicitud de registro de votante por correo postal; tendrían que presentarse en persona con la documentación para completar el registro. Cabe destacar que 3 millones de estadounidenses se registraron para votar por correo postal, correo electrónico o fax en el ciclo de 2022. Los estadounidenses en zonas rurales se verían particularmente afectados.
• El registro automático de votantes (AVR, por sus siglas en inglés) administrado por agencias de vehículos motorizados y otras agencias estatales se vería gravemente afectado. Millones de transacciones en línea y por correo de agencias de vehículos motorizados ya no podrían ser usadas para actualizar las bases de datos de registro de votantes. Los sistemas de AVR como el que funciona a través del Dividendo del Fondo Permanente de Alaska ya no podrían funcionar.
• Para el ciclo de 2022, del millón de estadounidenses que se registraron para votar o actualizaron su registro de votante, solo el 5.9 por ciento lo hizo en persona en una oficina electoral. Según la Ley SAVE, decenas de millones de estadounidenses probablemente estarían esperando en filas en las oficinas electorales para actualizar su información de registro de votante en cada ciclo electoral. Esto representaría una barrera significativa para votar y abrumaría a las oficinas electorales.
• Se eliminarían las campañas de registro de votantes y se trastocarían los esfuerzos para alentar el voto (GOTV).

Corrección de expediente

• Las tarjetas REAL ID no funcionarían. La legislación establece que se puede utilizar “una forma de identificación emitida conforme a los requisitos de la Ley REAL ID de 2005 que indique que el solicitante es ciudadano de los Estados Unidos”. Sin embargo, la tarjeta REAL ID de ningún estado indica el estado de ciudadanía, y los no ciudadanos que residen legalmente pueden obtener una tarjeta REAL ID.

Integridad electoral

• Los funcionarios electorales están obligados a verificar la elegibilidad de una persona para votar utilizando datos estatales y federales, incluidos datos de ciudadanía del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU., datos de la Administración del Seguro Social, datos de defunción y datos de cambio de dirección del Servicio Postal de los EE.UU.
• Bajo ley federal, cualquier persona que se registre para votar también debe proporcionar su número de licencia de conducir o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social para proporcionar a los funcionarios electorales la información necesaria para verificar su identidad y elegibilidad para votar.