El 89 por ciento de los estadounidenses considera que la corrupción gubernamental está generalizada, y el 73 por ciento la percibe como una amenaza crítica para la nación. Esta percepción no se limita a los funcionarios electos, sino que abarca también a los miembros del gabinete, a los directores de agencias gubernamentales y a otros altos funcionarios. Asimismo, encuestas recientes indican que los estadounidenses son más propensos —por un margen de 13 puntos— a confiar en aquellos funcionarios electos que promueven un plan para frenar la corrupción gubernamental, frente a quienes simplemente prometen no incurrir en actos de corrupción.
El Center for American Progress propone un plan para combatir la corrupción gubernamental que se distingue de los esfuerzos anteriores en cinco aspectos fundamentales:
- Establece prohibiciones que conllevan consecuencias reales, en lugar de la mera declaración de información financiera.
- Contempla nuevas formas de corrupción que la legislación actual no aborda.
- Crea mecanismos de aplicación que no pueden ser controlados en su totalidad por un poder ejecutivo corrupto.
- Elimina las exenciones presidenciales que debilitan el resto de las leyes de ética.
- Ajusta la envergadura de la solución a la magnitud del problema, dado que los cambios graduales resultan insuficientes.
Enriquecimiento personal del presidente
Presidentes anteriores han transferido sus activos financieros a fideicomisos ciegos, pero aún no existen leyes que les obliguen a hacerlo, ni que impidan su participación en otras actividades empresariales que les permitan beneficiarse considerablemente. Aunque las cláusulas sobre emolumentos de la Constitución prohíben que el presidente se enriquezca a partir de fuentes extranjeras o nacionales, no existen mecanismos codificados para garantizar su cumplimiento. CAP propone las siguientes reformas:
- Codificar las cláusulas constitucionales sobre emolumentos y establecer mecanismos de aplicación:
- Definir “emolumentos” como cualquier beneficio, ganancia, ventaja, compensación o bien de valor —incluyendo criptomonedas, activos digitales, regalías por propiedad intelectual, derechos de licencia y ganancias inmobiliarias— que reciba el presidente, cualquier entidad o filial en la que este posea una participación superior al 0.5 %, o cualquier entidad vinculada a un familiar o cónyuge cuyos beneficios se atribuyan a una entidad en la que el presidente mantenga una participación sustancial.
- Crear una comisión independiente para revisar los emolumentos, facultada para investigar posibles infracciones, emitir citaciones y remitir los casos de violaciones para su sanción mediante la imposición de multas, la devolución de beneficios ilícitos o enjuiciamiento, según corresponda. Se debe otorgar legitimación procesal a quienes puedan demostrar un perjuicio económico concreto, incluidos el Congreso y los fiscales generales estatales.
- Promulgar leyes presidenciales “anti-enriquecimiento personal” para la devolución de beneficios:
- Las facultades tributarias del Congreso le otorgan la autoridad para establecer impuestos destinados a prevenir el enriquecimiento injusto o corrupto, lo que incluye gravar cualquier beneficio obtenido por el presidente, fuera de tres exenciones: 1) la remuneración gubernamental; 2) los rendimientos de acciones y bonos poseídos antes de la toma de posesión, siempre que se mantengan en un verdadero y certificado fideicomiso ciego y 3) las rentas, los ingresos por venta y la valorización ordinaria de bienes inmobiliarios poseídos antes de la toma de posesión.
- Dichas ganancias estarían sujetas a impuestos en el momento de su venta, al solicitar préstamos con garantía sobre los activos en cuestión, o al transferir dichos activos a familiares o a entidades bajo su control.
- Promulgar legislación anticorrupción sobre activos digitales:
- Se deben establecer normas que exijan la declaración de todas las tenencias de criptomonedas y que prohíban a los funcionarios sujetos a esta regulación crear, emitir, patrocinar, promocionar, mercadear o poseer criptomonedas. Toda persona que cuente con más de 1,000 dólares en criptoactivos deberá excusarse de la toma de decisiones relacionadas con este sector.
- Poner fin a los vacíos en las leyes de ética que benefician al presidente y al vicepresidente:
- Más aún, dichas leyes de ética deberían aplicarse a los familiares y cónyuges del presidente y del vicepresidente. También se deben tomar medidas para impedir que estos inicien, posean o se beneficien de nuevos emprendimientos comerciales durante el mandato.
La autocontratación y enriquecimiento mediante información privilegiada por parte de funcionarios
El presidente, los miembros del Congreso y otros altos funcionarios suelen realizar operaciones bursátiles con gran frecuencia y podrían valerse de información privilegiada para manipular el sistema en su propio beneficio. La ley “Stop Trading on Congressional Knowledge” (STOCK) resulta insuficiente para abordar la posible corrupción, y una prohibición de las operaciones bursátiles para los miembros del Congreso tiene un alcance limitado. CAP propone las siguientes reformas:
- Imponer una desinversión universal con mecanismos de aplicación:
- Se debería exigir a todos los altos funcionarios federales—no solo a los congresistas—que se deshagan de todas sus inversiones financieras individuales, transfiriendo los fondos a un fideicomiso ciego certificado o a un fondo indexado aprobado, dentro de 30 días tras asumir el cargo. La Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno (GAO, por sus siglas en inglés) sería la encargada de emitir dicha certificación y realizar auditorías para garantizar el cumplimiento.
- Exigir una declaración digital en tiempo real:
- Una alternativa consiste en exigir que se establezca un sistema para rastrear públicamente y en tiempo real la compra y venta de acciones individuales realizadas por los funcionarios sujetos a esta normativa, de forma similar al sistema EDGAR (Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval) de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC).
- Eliminar las ventajas fiscales derivadas de información privilegiada:
- Otra opción sería exigir que aquellos funcionarios cuyas inversiones en acciones superen a un índice de referencia en más de 5 puntos porcentuales paguen un impuesto automático del 90 por ciento sobre dicho “exceso de ganancias”.
- Prohibir la participación en mercados de predicción:
- Se debería prohibir a los empleados federales, contratistas del gobierno federal y personal militar participar en cualquier tipo de mercado de predicción, excluyendo las apuestas deportivas. Asimismo, se debería exigir a estos mercados que apliquen requisitos de “conozca a su cliente” para evitar que se eludan las normas o que actores potencialmente criminales utilicen monederos de criptomonedas anónimos.
- Codificar los elementos más sólidos de los compromisos éticos adoptados por administraciones anteriores
Falta de aplicación de medidas anticorrupción
El Departamento de Justicia de los EE. UU. ha sido cooptado por el poder ejecutivo, el presidente ha destituido a 17 inspectores generales y la Oficina de Ética Gubernamental (OGE, por sus siglas en inglés) es básicamente inoperante. El Congreso debería tomar medidas para transferir la aplicación de la ley del poder ejecutivo al poder legislativo, a la potestad para recaudar impuestos del Congreso y a los litigantes privados. CAP propone las siguientes reformas:
- Crear y fortalecer mecanismos legales contra la corrupción:
- El Congreso debería exigir un compromiso ético a todos los funcionarios políticos. Más concretamente, debería: 1) ampliar o crear mecanismos legales que permitan a las partes afectadas (entidades reguladas, competidores, estados afectados y el Congreso) impugnar decisiones potencialmente corruptas; 2) aprovechar la Ley de Procedimiento Administrativo para reforzar las normas sobre conflictos de intereses e influencia material aplicables a los funcionarios federales; y 3) mejorar los criterios conforme a los cuales los órganos de resolución—como la GAO, el Tribunal de Reclamaciones Federales y los tribunales del Artículo III—examinan las impugnaciones contra actos federales corruptos.
- Exigir la devolución de beneficios obtenidos por el presidente mediante acciones legales privadas bajo secreto del sumario:
- La creación de una acción jurisdiccional permitiría que una coalición de 10 o más estados, actuando en su capacidad de parens patriae, presenten demandas contra el enriquecimiento personal del presidente, con una vía secundaria basada en el modelo qui tam. Serán necesarias salvaguardas significativos para evitar abusos y el uso indebido de este instrumento como arma política.
- Utilizar cláusulas de integridad en las asignaciones:
- El Congreso puede incluir una condición permanente en los proyectos de ley de asignaciones que prohíba a aquellos funcionarios con un interés financiero descalificador a contraer obligaciones, adjudicar contratos o destinar fondos, y permitiendo la recuperación de dichos recursos.
Abusos por parte de empleados gubernamentales especiales
Los empleados gubernamentales especiales (SGE, por sus siglas en inglés) fueron concebidos para actuar como asesores, consultores o expertos temporales, con el fin de brindar apoyo en áreas que exceden las competencias de los empleados permanentes de una agencia. El Departamento de Eficiencia Gubernamental amplió exponencialmente esa función y causó un daño enorme al funcionamiento del gobierno y a los contribuyentes estadounidenses. CAP propone las siguientes reformas:
- Establecer un cortafuegos para contratistas gubernamentales:
- Se debe prohibir categóricamente que cualquier persona que posea una participación superior al 1 por ciento en una entidad que haya recibido más de 10 millones de dólares en contratos, subvenciones, préstamos o subsidios federales durante los últimos cinco años, ocupe un puesto gubernamental que implique funciones de supervisión, gestión de fondos, regulación o toma de decisiones sobre contratos.
- Implementar reformas de transparencia financiera y al régimen de los SGE:
- Todo SGE que tenga acceso a información confidencial no pública o autoridad sobre recursos gubernamentales deberá someterse a una revisión exhaustiva de su situación financiera idéntica a la que se exige a los funcionarios designados por el Senado, así como a acuerdos de recusación obligatorios y previamente aprobados. Se debe prohibir la designación de SGE a cualquier persona cuyo patrimonio neto supere los 100 millones de dólares, dada la magnitud de los posibles conflictos de intereses.
- Establecer un “período de reflexión” para los grandes donantes:
- Se debería prohibir que cualquier persona que haya donado más de 1 millón de dólares a un “super PAC” o a un comité de partido, o un total acumulado de 5 millones de dólares a lo largo de un ciclo electoral, pase a ocupar el cargo de SGE durante los cinco años posteriores a su última donación pertinente, para evitar la apariencia de corrupción, a menos que la persona se someta al proceso de confirmación del Senado.
Vínculos de gobiernos extranjeros con los negocios del presidente
Los vínculos comerciales de la familia Trump con naciones extranjeras—así como los de otros altos funcionarios gubernamentales—son extensos. La legislación vigente, desde las cláusulas sobre emolumentos hasta la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, resulta insuficiente para abordar el riesgo de conflictos de intereses y corrupción. CAP propone las siguientes reformas:
- Establecer un cortafuegos contra la influencia extranjera:
- Se debe prohibir a los altos funcionarios gubernamentales y a todos sus familiares inmediatos recibir cualquier tipo de beneficio económico proveniente de un gobierno extranjero, un fondo soberano, una empresa estatal o cualquier entidad en la que un gobierno extranjero posea una participación superior al 5 por ciento.
- Imponer requisitos de transparencia para los fondos soberanos:
- Todo alto funcionario o exfuncionario gubernamental deberá obtener una aprobación previa de la OGE antes de establecer cualquier relación financiera con un fondo soberano o una entidad propiedad de un gobierno extranjero.
Indultos corruptos
Ha surgido una especie de mercado de indultos que brinda a personas adineradas acceso a un proceso de indulto al que no tienen acceso la mayoría de las personas condenadas por delitos graves. Si bien la clemencia es una prerrogativa presidencial explícita, el Congreso puede adoptar medidas para reducir las prácticas corruptas. CAP propone las siguientes reformas:
- Establecer normas de transparencia y leyes contra el soborno en torno a los indultos:
- El Congreso puede exigir al presidente que presente una certificación por escrito para cada indulto, en la que se revele la identidad de todas las personas que abogaron por dicho indulto; la relación financiera entre el beneficiario y el presidente, su familia, sus negocios o cualquier donante de campaña que haya aportado más de 10,000 dólares en un ciclo electoral anterior; si se realizó algún pago o se entregó algún regalo a una persona vinculada al presidente; y la justificación del indulto basada en el interés público.
- El Congreso puede promulgar leyes contra el soborno relacionadas con pagos o regalos realizados a cambio de un indulto. Si bien el indulto en sí no podría ser impugnado, los actos criminales vinculados a posibles acuerdos de “quid pro quo” podrían dar lugar a sanciones penales adicionales.