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Revitalizando a California

¿Qué podría significar la legalización o deportación para California y el Condado de Los Angeles?

SOURCE: AP/Sandy Huffaker

California no es ajena al sentimiento antiinmigrante. Este estado rico en inmigrantes ha estado luchando con temas relativos a la inmigración legal e ilegal por décadas.

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California es el hogar de casi 10 millones de inmigrantes, más de un cuarto de la población del estado. De esa cifra, 2,7 millones son indocumentados y la inmensa mayoría lleva viviendo más de 10 años en los Estados Unidos.[1] Las contribuciones que hacen los inmigrantes de California hacia el estado no pueden ser más evidentes. Desde César Chávez, el primer líder que luchó por los derechos laborales de los trabajadores agrícolas en el Siglo XX, hasta Sergei Brin, el empresario ruso que creó una de las compañías más revolucionarias del Siglo XXI, Google Inc., los nacidos en el extranjero y sus descendientes están entrelazados en el tejido cultural y económico del estado.

Sin embargo, esa realidad no ha impedido que algunos californianos frustrados con nuestro quebrado sistema migratorio federal hagan un llamado a que se adopte un enfoque de “papeles, por favor” al estilo Arizona. De hecho, actualmente, un activista del Tea Party y ex presidente del Partido Republicano del Condado de Sonoma está organizando una campaña de petición para someter una medida similar a la consideración de los electores californianos en la próxima elección.[2]

California no es ajena al sentimiento antiinmigrante. Este estado rico en inmigrantes ha estado luchando con temas relativos a la inmigración legal e ilegal por décadas. En 1994, el entonces Gobernador Pete Wilson apostó su suerte política a una medida similar a la SB1070, la ley de represión del delito migratorio de Arizona. La medida que contaba con el respaldo de Wilson —conocida como la Proposición 187—murió en los tribunales pero desencadenó un fuerte rechazo político en contra de la clase política republicana que subsiste hasta el día de hoy.[3]

No obstante, algunos legisladores estatales de California parecen estar dispuestos a repetir los errores de 1994 al prepararse para promover una legislación estilo SB1070 sin considerar las consecuencias económicas y fiscales de esa medida.[4] El objetivo declarado de esta nueva ola de legislación represiva estatal es desencadenar un éxodo masivo de inmigrantes indocumentados, haciendo del “desgaste a través de la represión” la política de las agencias de gobierno estatal y local.[5] La pregunta clave que los proponentes de la legislación estilo SB1070 no han conseguido responder es si ese objetivo sirve los intereses económicos de los electores del estado.

El Center for American Progress y el Immigraton Policy Center (Centro de Política Inmigratoria) publicaron recientemente un informe en el que contestaban esa pregunta en relación con Arizona.[6] Nuestro análisis económico demostró de manera concluyente que, de tener éxito, la SB1070 tendría graves consecuencias para la economía del estado. En este informe, fijamos nuestra atención en California, con una mirada independiente al Condado de Los Ángeles.

Evaluamos las repercusiones económicas que tendría para el estado y el condado contestando las preguntas siguientes:

  • Si la legislación diseñada para sacar a todos los inmigrantes indocumentados de California lograra efectivamente su cometido, ¿qué efecto tendría ello sobre la economía del estado y la economía del condado de Los Ángeles?
  • Por el contrario, ¿cuál sería el impacto sobre las economías de California y el Condado de Los Ángeles si los indocumentados adquiriesen una condición legal?

En nuestro análisis se constata que las consecuencias económicas y fiscales de la deportación generalizada para California y el Condado de LA serían aún más devastadoras que en Arizona. Cuando se saca de la economía a los trabajadores indocumentados, también desaparecen los empleos que ellos apoyan con su trabajo, su consumo y sus pagos de impuestos. Particularmente durante un tiempo de profunda incertidumbre económica, el tipo de alteración contemplada por las rigurosas políticas de represión inmigratoria va directamente en contra del interés público.

Por el contrario, en nuestro análisis se demuestra que la legalización de la población indocumentada en California y el Condado de LA reportaría beneficios económicos apreciables. Basándose en los resultados históricos del programa de legalización bajo la Immigration Reform and Control Act (Ley de Reforma y Control Migratorios) de 1986, un programa similar aumentaría los salarios no solo para los inmigrantes sino también para sus compañeros de trabajos nacidos en el país. Ello generaría más ingresos fiscales y más gastos empresariales y del consumidor, lo que apoya a los empleos adicionales a nivel de las economías estatal y del condado de LA.

En nuestro informe se calcula y se compara la conmoción a corto plazo que se sentiría en forma inmediata en las economías estatal y de los condados al introducirse un cambio importante en la política, ya sea a favor de la deportación o la legalización. En nuestro análisis se evalúan los cambios en la producción económica, los niveles de empleo y las aportaciones fiscales a las economías de California y, más concretamente, del Condado de Los Ángeles, que se derivan de estos enfoques de política divergentes. En este análisis se demuestra de manera inequívoca que los inmigrantes indocumentados no se limitan simplemente a “llenar” empleos, sino que crean empleos. A través del trabajo que realizan, el dinero que gastan y los impuestos que pagan, los inmigrantes indocumentados sostienen los empleos de muchos otros trabajadores en la economía estadounidense, tanto de trabajadores inmigrantes como de trabajadores nacidos en el país.

De desaparecer en forma repentina los inmigrantes indocumentados, también desaparecerían los empleos de muchos estadounidenses en California y el Condado de LA. Por el contrario, de adquirir una condición legal los inmigrantes indocumentados, sus salarios y su productividad aumentarían, gastarían más en nuestra economía y pagarían más impuestos y se crearían nuevos empleos (véanse las Figuras 1 y 2).

En resumen, el imitar la meta de expulsión masiva de Arizona sería económicamente autodestructiva para la economía de California y la economía del condado de LA. California fue por ese camino en los 1990s y solo logró desatar un rechazo político del grupo demográfico con el crecimiento más rápido en el estado y el país. Al contrario, California debería optar por un enfoque que pone a todos los trabajadores en una base legal y equitativa. Esta estrategia progresista podría servir como un estímulo sin costo para la economía la cual podría mejorar los balances financieros del estado.

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[1]. Michael Hoefer, Nancy Rytina, y Bryan C. Baker, “Estimates of the Unauthorized Immigrant Population Residing in the United States: January 2010” (Washington: Department of Homeland Security, 2011).

[2]. “California Petition Drive Cleared for Arizona-style Immigration Law,” The Sacramento Bee, 23 de noviembre, 2010, disponible en http://blogs.sacbee.com/capitolalertlatest/2010/11/calif-petition-drive-can-start.html

[3]. Gebe Martinez, “Aprendiendo de la Proposición 187: el Pasado de California es el Prólogo de Arizona” (Washington: Centro para el Progreso Americano, 2010).

[4]. Assembly Bill No. 26,” Around the Capitol, December 6, 2010 http://www.aroundthecapitol.com/billtrack/text.html?bvid=20110AB2699INT; Los Inmigrantes Ilegales, Proyecto de Ley No. 26 de la Asamblea de California, 6 de diciembre de 2010. http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/n/a/2011/04/04/state/n163702D24.DTL&type=politics

[5]. Support Our Law Enforcement and Safe Neighborhoods Act (Ley de Apoyo a Nuestra Fuerza Pública y Barrios Seguros), Proyecto de Ley del Senado Estatal de Arizona 1070, de 19 de abril de 2010. Como se señala en la ley: “Las disposiciones de la presente ley tienen por objeto trabajar de conjunto con miras a desalentar y disuadir el ingreso y presencia ilegales de extranjeros y la actividad económica de personas que se encuentran presentes en forma ilegal en los Estados Unidos”. La S.B. 1070, entre otras cosas, exige a las agencias del orden público estatales y locales que verifiquen la condición migratoria de las personas que encuentren y convierte en delito estatal el que no ciudadanos norteamericanos no porten los documentos migratorios pertinentes. Aunque un juez de tribunal de distrito impidió que entrarán en vigor las disposiciones más rigurosas de la S.B. 1070, la propuesta legislativa ha motivado a imitadores a copiarla en todo el país.

[6]. Raul Hinojosa-Ojeda y Marshall Fitz, “A Rising Tide or a Shrinking Pie: The Economic Impact of Legalization Versus Deportation in Arizona” (Washington: Center for American Progress y el Immigration Policy Institute: 2011).

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