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Hace treinta años la Corte Suprema resolvió una cuestión profunda en la vida estadounidense: si es que los estados pueden prohibirle a los niños indocumentados a que reciban una educación pública. El 15 de junio de 1982, en el caso de Plyler v. Doe, la Corte anuló una ley de Texas que le permitía a los distritos escolares locales cobrarles matrícula a los estudiantes indocumentados. De este modo esta decisión garantizó que todos los niños en los Estados Unidos recibieran una educación básica.
Esa decisión crítica amplió la enmienda XIV que garantiza la igualdad de protección para los inmigrantes indocumentados ya que impidió que una generación de niños inmigrantes fueran marginalizados en la sociedad estadounidense. La decisión eficazmente le impidió a estados a relegar a estos niños a un nivel socioeconómico más bajo solamente por su estatus migratorio, y se aseguró de que una generación de niños crezca como estadounidenses, no como marginados. Por último, protegió el interés económico y social de la nación al asegurar que todos los niños tengan a la capacidad de educarse, que se integren y ser económicamente productivos.
Esta semana es el 30⁰ aniversario de Plyler y hay mucho que aplaudir sobre esta opinión. En particular, celebramos la afirmación de que los valores constitucionales de trato justo y equitativo suplanta el deseo de un estado de marginar a los inmigrantes indocumentados. Celebramos la contribución moral a nuestra identidad nacional al elevar la humanidad de estos jóvenes por encima de su estatus migratorio. Y celebramos el impacto social positivo al ayudar a integrar a estos niños inmigrantes y sus familias en nuestras escuelas y comunidades.
Desafortunadamente, a pesar del fallo de la Corte y la fuerte base moral en la que se basa, Plyler ha sido y sigue siendo objeto de ataques por restriccionistas. Después de tres décadas en las que los tribunales justamente han anulado cualquier ataque a la educación de los niños indocumentados, hoy grupos antinmigrantes bien financiados han ideado un plan para hacer que la Corte Suprema a revise y revoque la decisión Plyler junto a otros asuntos jurídicos ya establecidos sobre los límites del poder de un estado en el campo de inmigración.
En cualquier otro momento un ataque sobre Plyler sería un esfuerzo inútil porque bajo la doctrina judicial de precedencia conocida como stare decisis, un fallo de la Corte Suprema fija decisiones futuras en todos los casos excepto los más extraordinarios. A finales de este mes, la Corte anunciará su decisión sobre la constitucionalidad de la ley antinmigrante de Arizona, S.B. 1070, que nos dará el primer vistazo de como la Corte conservadora de hoy abordará la participación de los estados en los asuntos relacionados a la inmigración. Pero los magistrados conservadores de la Corte Suprema de hoy ya parecen actuar relativamente sin restricciones y fuera de línea con el precedente establecido y están muy dispuestos a retomar casos firmemente establecidos – el caso de Citizens United que derrocó las restricciones sobre el dinero político de las empresas y corporaciones es sólo un ejemplo-dejando el destino de Plyler en cuestion.
Con este urgente telón de fondo, primero revisitaremos brevemente el fallo jurídico de Plyler y sus fundamentos analíticos. A continuación, repasamos los retos principales que apuntan a la decisión y los nuevos retos que posiblemente vendrán en el futuro. Por último, consideraremos cómo sería la vida sin Plyler – incluyendo el efecto devastador sobre nuestros niños y sobre nuestra nación en conjunto-para subrayar la importancia del debate actual.
Plyler v. Doe un vistazo
- Se decidió hace 30 años en el 15 de junio de 1982.
- Derogó una ley de Texas que le autorizaba a los distritos escolares a cobrar matrícula a los inmigrantes indocumentados. El juez William J. Brennan escribió la opinión de la mayoria 5-4.
- Se consideró por primera vez que los inmigrantes indocumentados pueden beneficiarse de la cláusula de igualdad de protección de la Enmienda XIV.
- Llegó a la conclusión de que no se le pueden negar la educación K-12 a los niños indocumentados que residen en los Estados Unidos en base a su estatus migratorio.
- La decisión está siendo puesta en tela de juicio por esfuerzos recientes de los estados para para disuadir a los inmigrantes indocumentados de asistir a la escuela pública. La decisión de Plyler ha sido objeto de ataques desde que fue aprobada.