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La Ley de ‘Muéstrame tus Documentos’ de Arizona va ante la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU.: ¿Qué Está en Juego?

SOURCE: AP/ Ralph Freso

Carlos Álvarez de Phoenix grita durante una protesta sobre la ley S.B. 1070, la ley inmigratoria del estado más estricta, que fue pasada en 2010.

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Lea la introducción al informe, aquí.

La aprobación de la ley de cumplimiento de la ley inmigratoria de Arizona en abril del 2010, S.B. 1070, cual está dirigida hacia los inmigrantes indocumentados y que aumenta las facultades de la policía local, fue una señal inquietante que sigue amenazando el rumbo del debate inmigratorio en este país. Al firmar la legislación estatal antiinmigrante más restrictiva que se haya visto en el país, la Gobernadora Jan Brewer (R-AZ) declaró que Arizona seguiría su propia política inmigratoria: de causar el “abandono a través de la aplicación de la ley”.

Esta política de abandono, invocada por los restriccionistas inmigratorios de línea dura, tiene por objetivo hacerles la vida tan dura a los inmigrantes indocumentados y sus familias con el fin que ellos se “auto deporten” a sus países de origen. No es sorprendente, pues, que estas políticas de Arizona y otras partes del país hayan fracasado en su objetivo, a medida

que las personas se quedan quietas en su lugar y comienzan a funcionar de una manera aún más clandestina o se mudan hacia un condado o estado más acogedor. Pero los legisladores de Arizona han tenido éxito en crear un clima profundamente hostil para las personas de color, sean o no ciudadanos, del estado.

Más que un desacertado intento por parte del estado de asumir la responsabilidad de aplicar la política inmigratoria, la ley S.B. 1070 representa una intimidación racial aprobada

de manera legal. Al designar como su objetivo a determinados grupos de personas que viven dentro del estado, la ley de Arizona constituye una política social profundamente hostil y siembra divisiones étnicas muy profundas. Esta política agita un habito por parte de los estados de tratar diferente a las personas basada únicamente en su apariencia y no en sus acciones. Y lo hace en un momento en que el rostro de nuestra nación está cambiando de manera dramática y la diversidad étnica se está convirtiendo en la norma: no solo en los núcleos urbanos aislados sino también en todo el país. Para el 2040 se proyecta que el país ya no tendrá una minoría étnica única.

Grupos de ciudadanos y miembros de la fuerza policiaca, quienes entienden que estas medidas solo sirven para sembrar la división y la desconfianza en comunidades cada vez más diversas, han impugnado la ley de Arizona, argumentando que conduciría ineluctablemente al uso de perfiles raciales ilegales. El Departamento de Justicia de los EE.UU. también ha interpuesto una demanda judicial para bloquear la ley, aduciendo que la nación debe pronunciarse con una sola voz en materia de política inmigratoria y del trato a los nacionales extranjeros que se encuentran en los Estados Unidos.

Específicamente, el Departamento de Justicia ha instado a los tribunales a que suspendan cuatro provisiones de la ley de Arizona que interfieren de manera inconstitucional con la política inmigratoria federal: 1) El requisito que establece que todos los residentes del estado, ciudadanos e inmigrantes por igual, “muestren sus documentos”, si un agente oficial policiaco tiene “sospecha razonable” para creer que son indocumentados; 2) la disposición que convierte en delito estatal el no poder presentar prueba de estatus migratorio; 3) la disposición que convierte en delito estatal el que una persona busque empleo o sea empleado sin los documentos requeridos; y 4) la disposición que le autoriza a los agentes de la fuerza pública el poder arrestar a un individuo sin una orden judicial, si el oficial considera que esa persona ha cometido cualquier delito que lo haga “deportable” en Arizona o en cualquier otro lugar.

Los tribunales federales de primera instancia y de apelaciones convinieron con el Departamento de Justicia en que la ley federal tenía precedencia sobre dichas disposiciones

de la nueva ley de Arizona y, por consiguiente, su entrada en vigor quedaba temporalmente suspendida. Arizona se opuso a estos fallos y los apeló ante la Corte Suprema de los EE.UU., que conocerá de los alegatos orales del caso el 25 de abril de 2012.

Mientras tanto, otros estados—incluyendo Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Utah—han seguido la iniciativa de Arizona y han aprobado legislación similar. Aunque los tribunales federales han suspendido de manera temporaria ciertas medidas, el juez del distrito del caso de Alabama autorizó que se adoptaran algunas de las medidas extremas que aparecen en la ley de ese estado, la ley H.B. 56, a fin de que entren en vigor inicialmente, incluyendo una disposición que va más allá de la ley S.B. 1070 de Arizona y que exige que se verifique la condición inmigratoria de los niños escolares en el momento que se enrollan a la escuela.

Estas leyes antinmigrantes, incluso las que se encuentran actualmente bloqueadas por los tribunales, han creado un clima de temor y división dentro de estos estados y han desatado una serie de consecuencias contraproducentes. Algunas de las familias inmigrantes han decidido abandonar del todo estos estados y mudarse a otros estados más acogedores en vez de aceptar esta marginación promovida por el estado. Como consecuencia, sectores completos de las economías de estos estados han sufrido daños irreparables, a medida que los trabajadores inmigrantes se han quedado en sus casas o han abandonado el estado, lo que ha hecho que ya no estén disponibles para recoger las cosechas o prestar otros servicios necesarios. Las compañías y organizaciones que no querían que sus propios miembros enfrentaran estas leyes draconianas retiraron sus negocios de estos estados, lo que ha extendido y profundizado aún más el impacto económico negativo de estas nuevas y desacertadas leyes inmigratorias.

El perjuicio social y económico que ya se ha derivado de la promulgación de estas leyes pone de relieve la relevancia potencialmente monumental de la decisión que dictará la Corte

Suprema de Justicia en el caso de Arizona. Lo que está en juego no es simplemente un argumento técnico y legal de carácter esotérico. El fallo en este caso podría tener implicaciones profundas, no solo para los ciudadanos e inmigrantes que viven en los estados con leyes como las de Arizona sino también para la unidad de la nación y la preservación de nuestros valores fundamentales.

Si la Corte otorga su aprobación a esta estrategia coordinada para causar el “abandono a través de la aplicación de la ley” y permite que S.B. 1070 y sus ramificaciones se apliquen, la nación regresará a una época de profunda división, que probablemente cause de nuevo escisiones de carácter regional, en la cual algunos estados aprobarán leyes favorables y otros aprobarán leyes restrictivas. Con todo, el objetivo final de la estrategia—que es el de prevenir “el oscurecimiento” de los EE.UU. —está condenado al fracaso a medida que entrara en contradicción con los cambios demográficos que están en marcha.

En este informe de política analizamos el impacto nacional divisionista que tienen las leyes inmigratorias estatales de carácter restrictivo y examinamos con mayor detalle las consecuencias prácticas de permitirle a los estados que apliquen dichas leyes, entre las que se incluyen:

  • Poner a los estados pro inmigrantes y antinmigrantes contra unos a otros con el fin de crear entornos hostiles o favorables hacia los inmigrantes
  • Aumenta el uso de los perfiles raciales y las divisiones étnicas al exigirle a la policía que tomen sus decisiones de investigar a una persona basada en su apariencia y no su conducta
  • Socava la seguridad pública y la cohesión social al hacer que las familias inmigrantes o de condición mixta sientan temor a denunciar los delitos, asistir a la escuela, recibir asistencia médica, etc.
  • Crea graves perjuicios económicos al causar que los trabajadores y consumidores necesarios se marchen del estado y dañarían la reputación de los estados
  • Subvierte los objetivos de la política exterior de los EE.UU. al hacer que los nacionales extranjeros e inversionistas extranjeros se sientan rechazados y no bienvenidos

 

 

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