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Arizona v. los Estados Unidos en la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU.

Manual para los alegatos orales en el caso histórico sobre los derechos de los estados

SOURCE: AP/Matt York

Oponentes de la ley S.B. 1070 se juntan fuera de la corte federal Sandra Day O’Conner el jueves, 15 de julio.

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Lea el informe completo en ingles, aquí.

Lea la introducción al informe, aquí.

Este mes la Corte suprema de Justicia de los EE.UU. conocerá los alegatos orales en un caso histórico que sentará precedente, El Estado de Arizona contra los Estados Unidos, que impugna la facultad de un estado para promulgar sus propias leyes de aplicación de la ley inmigratoria en lugar de seguir las reglamentaciones federales. Se espera que la Corte dicte una decisión del caso antes de que tome su receso a finales de junio.

La decisión que tome la Corte Suprema será de gran trascendencia a medida que definirá la manera en que un estado particular, podrá, si se decide que pueden, hacer cumplir leyes migratorias y las normativas que podrá establecer un estado en relación con la condición inmigratoria de los individuos que viven en ese estado. Históricamente, los esfuerzos estatales para hacer cumplir las leyes inmigratorias y para formular la política inmigratoria ha quedado sujeta a prohibición o prelación constitucional porque la política inmigratoria es materia de competencia exclusivamente federal. En efecto, la ley de Arizona, S.B. 1070, y las medidas análogas adoptadas en Alabama, Georgia, Carolina del Sur y Utah, impugnan ese principio de la precedencia federal en materia de inmigración.

Cuatro disposiciones clave de la ley S.B. 1070 serán sometidas a escrutinio por parte de la Corte Suprema:

  • Sección 2 (B): es el apartado “muéstreme sus documentos”, que exige a todo oficial del orden público de Arizona que verifique la condición inmigratoria de toda persona que sea parada, detenida o arrestada, si el oficial tiene “sospecha razonable” de que la persona se encuentra en el país de manera ilegal
  • Sección 3: es el apartado que convierte en delito bajo la ley de Arizona el que un inmigrante no cargue su “documento de registro de extranjero” en todo momento
  • Sección 5 (C): es el apartado de la ley que criminaliza el trabajo no autorizado
  • Sección 6: es el apartado que permite que se efectúen arrestos sin orden judicial si el oficial tiene “causa probable” de creer que una persona ha cometido un delito que lo haga “deportable” del país

En particular, la Corte Suprema analizará si las cuatro disposiciones usurpan de manera inconstitucional la facultad del gobierno federal para reglamentar e implementar la ley inmigratoria. Es importante observar que la decision de la Corte no resolverá todas las inquietudes y desafíos legales que plantea la ley de Arizona o las leyes de otros estados que actualmente se están litigando. Existen otras leyes estatales que también imponen restricciones a la educación, la vivienda y la contratación privada, ninguna de las cuales se resolverá de manera concluyente con la decisión que dictará la Corte en este caso. Quedan pendientes las impugnaciones de la ley fundamentadas en los alegatos de que, por su forma de aplicación, la ley invita a que se hagan perfiles a base de la raza y se viola la Primera Enmienda. Y los tribunales inferiores en los cuales se revisara la legalidad de leyes estatales similares en Utah, Alabama y Carolina del Sur han señalado recientemente que reservan sus decisiones en esos casos hasta después del dictado de la Corte Suprema sobre el caso de Arizona.

Aunque pueda parecer técnica y esotérica la doctrina legal en cuestión, las implicaciones de la decisión de la Corte Suprema son trascendentales y tendrán consecuencias profundas para los ciudadanos e inmigrantes que viven en el estado de Arizona, así como también para el país en su totalidad. Abordamos esos temas en un informe aparte.

En este manual definimos el antecedente legal y los alegatos fundamentales ante la Corte.

Lea la introducción al informe, aquí.

Vea tambien:

Arizona’s ‘Show Me Your Papers’ Law in the U.S. Supreme Court: What’s at Stake? by Marshall Fitz and Jeanne Butterfield

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