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Postergando lo Inevitable

SOURCE: AP/Bob Brown

El Gobernador de Virginia Bob McDonnell le da la mano al Fiscal General Ken Cuccinelli mientras arriba a dar su Discurso del Estado de la Mancomunidad este año.

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El Juez Henry Hudson dictó el martes una resolución de carácter procedimental respecto de la impugnación presentada por el Fiscal General de Virginia Ken Cuccinelli a la Ley de Cuidado Accesible (ACA por sus siglas en inglés) que permitirá llevar la demanda a una vista judicial. Este fallo no hace mucho más que determinar que esta demanda infundada se resuelva en los próximos meses en lugar de dentro de 4 años.

Claramente, Virginia intenta demandar al gobierno federal “para proteger a sus ciudadanos del efecto de las leyes federales”, lo que la Constitución prohíbe y el Juez Hudson permitió de manera desacertada que procediera.

En lugar de eso, el dictamen del Juez Hudson sostiene que un estado puede eludir la clara orden emitida por la Corte Suprema simplemente invalidando la ley federal. Esta teoría inconstitucional, conocida como “la anulación”, estuvo vigente en la era de la pre Guerra Civil y de las Leyes de Segregación Racial en el Sur (conocidas en inglés como las Leyes de Jim Crow) y no hay lugar para ellas en el siglo XXI.

Existe una disposición en la Constitución conocida como “la cláusula del comercio” que otorga al Congreso la facultad para reglamentar el comercio entre los estados. Hay una larga relación de casos en los que se mantiene que el Congreso tiene amplios poderes para promulgar leyes que afecten de manera sustancial los precios, mercados, transacciones comerciales y otras actividades económicas. La ACA hace todo eso.

Cuccinelli sostiene que “la disposición de cobertura mínima” de la ACA—que obliga a todos los estadounidenses a tener seguro de salud—es inconstitucional porque no tiene precedente. En su opinión, el Congreso nunca ha aprobado una ley que reglamente “la decisión de un individuo de no participar en la actividad económica”.

Aun cuando dicha disposición fuese “sin precedente”, no está clara la pertinencia de este hecho. La Constitución de los Estados Unidos no se creó para ahogar la innovación. Antes de que se creara la primera luz de pare, ningún gobierno había intentado jamás reglamentar el tráfico vehicular con un aparato electrónico.

Simplemente tampoco es cierto que no haya precedentes de una ley que obligue a un individuo a participar en la actividad económica. En la época de las Leyes de Segregación Racial en el Sur de los Estados Unidos los segregacionistas exigían en forma explícita el derecho a no participar en el comercio. Los operadores de pequeños restaurantes de almuerzo no querían servir a los clientes negros. Si los argumentos de Cuccinelli se imponen, no queda claro cómo va a sobrevivir a la purga la prohibición federal de restaurantes de almuerzo sólo para blancos.

Asimismo la Constitución confiere al Congreso la facultad de “hacer todas las leyes que sean necesarias y pertinentes para garantizar el ejercicio” de sus facultades para reglamentar el comercio interestatal. La disposición de cobertura mínima es constitucional porque es indispensable para asegurar que toda la ACA funcione de manera efectiva.

Nadie, incluyendo a Cuccinelli, cuestiona que el Congreso tiene la facultad para prohibirles a las aseguradoras que les nieguen la cobertura a las personas que tengan condiciones preexistentes, pero una legislación como ésa no puede funcionar sin una disposición de cobertura mínima. Los Estados que han promulgado una legislación sobre condiciones preexistentes sin promulgar también una disposición de cobertura mínima han visto dispararse en forma descontrolada sus primas de seguro de salud porque muchos consumidores se demoran en adquirir un seguro de salud hasta que se enferman o lesionan, lo que obliga al plan de seguro a pagarles beneficios sustancialmente mayores que lo pagado por ellos anteriormente por concepto de primas, fenómeno que se conoce con el nombre de “la selección adversa”.

De igual modo, conforme a lo que establece la Constitución, el Congreso tiene la facultad de “fijar y recaudar impuestos” y esta facultad fiscal incluye la aplicación de la disposición de cobertura mínima. La disposición se aplica mediante el cobro de un impuesto adicional sobre el ingreso a la mayoría de las personas que no tienen seguro de salud, es decir, que los contribuyentes que se nieguen a pagar un seguro de salud deberán pagar más impuestos, en tanto que los que tengan seguro quedarán exentos del pago de este nuevo impuesto.

Por su parte, Cuccinelli argumenta que la disposición de cobertura mínima no cae dentro de las atribuciones fiscales del Congreso porque “la ley establece que el Congreso . . .no podrá reglamentar por la vía tributaria aquello que no pueda reglamentar de otra forma”. Pero Cuccinelli vive en el pasado. El basa esta propuesta en un repugnante fallo de 1922 en el que se resuelve que el Congreso no está facultado para gravar a las empresas con el fin de desalentar la contratación de mano de obra infantil.

La demanda interpuesta por Cuccinelli no tiene ninguna base jurídica en absoluto y será rechazada por los tribunales. Lamentablemente, el fallo anterior le permite seguir malgastando el dinero de los contribuyentes en esta demanda frívola, pero no hay dudas de cuál será el resultado final. La única duda que queda es cuánto tiempo y dinero Cuccinelli malgastará hasta que finalmente lo echen del tribunal.

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Ian Millhiser es Analista de Política de Center for American Progress.

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