Servicios Legales Esenciales

El financiamiento de la Corporación de Servicios Legales

SOURCE: iStockphoto

Los estadounidenses de bajos ingresos necesitan a la Corporación de Servicios Legales, que ofrece financiamiento a programas de ayuda legal a nivel nacional.

By Joy Moses | May 14, 2009

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Millones de familias de bajos ingresos a lo largo y ancho de nuestro país necesitan más que nunca de abogados con vocación de servicio que los ayuden a lidiar con sus problemas legales en una recesión que se agudiza. Estas familias también necesitan de abogados que les presten asistencia legal cuando no puedan costear sus servicios y que les ayuden a orientarse a la hora de enfrentar diversos desafíos legales de carácter civil, incluidos los juicios hipotecarios, litigios entre propietarios e inquilinos, elegibilidad para la asistencia del gobierno, problemas de derecho de familia y problemas del consumidor.

Las expectativas de que las últimas cifras de desempleo—que deben salir a la luz a finales de esta semana—serán las peores que se hayan registrado hasta la fecha en la recesión de Bush, que comenzó en diciembre de 2007, ejerce una presión aún mayor sobre los abogados y otras personas que ayudan a los pobres a asegurar necesidades básicas como el techo, alimentación, educación, ingresos y seguridad física. En la medida en que se extiende el número de personas que viven en la pobreza, junto con una lista de problemas legales, se necesita de manera apremiante los talentos de este grupo de abogados con vocación de servicio.

Más aún, las organizaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que prestan estos servicios legales gratuitos a los pobres están enfrentando sus propias dificultades relacionadas con la recesión, incluidas las reducciones prácticamente en todas las corrientes de ingreso, presupuestos recortados y despidos. En este entorno, asegurar la justicia y el acceso a los recursos necesarios para las familias de bajos ingresos requerirá un nuevo compromiso substancial por parte del gobierno federal y el colegio de abogados privados.

Es por esto que la administración de Barack Obama y el Congreso deben proveer niveles adecuados de asignaciones presupuestarias para garantizar que la Corporación de Servicios Legales, o LSC, esté preparada para prestar ayuda donde se necesite. Además, el Congreso debe aprobar la Ley de Acceso Civil a la Justicia de 2009, elevando así el nivel de financiamiento autorizado del programa para este año y para años venideros. No obstante, antes de detallar estas recomendaciones, debemos entender qué tan necesario son estos pasos a la hora de analizar la crisis actual que enfrentan los servicios legales para los pobres.

Mayor necesidad de servicios legales

Nuestro reto es grande”, afirma Helaine Barnett, presidente de la Corporación de Servicios Legales, al describir el estado actual de los servicios legales gratuitos para estadounidenses de bajos ingresos. La LSC recibe fondos anualmente del Congreso para proveer financiamiento nacional a 137 programas de ayuda legal con 920 oficinas que emplean aproximadamente el 58 por ciento de los abogados que trabajan en esos programas. Aunque durante el año fiscal 2009 el programa se benefició de un aumento del 11 por ciento en el financiamiento, se necesitan recursos adicionales para socorrer la necesidad creciente de servicios y las dificultades de financiamiento emergentes que presentan las instituciones como consecuencia de la desaceleración económica.

Las entidades de servicios legales—las que están financiadas por la LSC y las que no lo están (y que emplean el 42 por ciento de los abogados de ayuda legal) —prestan varios servicios de los cuales hay una mayor necesidad durante la recesión, incluidos los de:

• Vivienda. Los servicios legales pueden ayudar a las familias en riesgo que enfrentan unacrisis de juicio hipotecario y un desempleo creciente, así como otras dificultades financieras. Los abogados dan seguimiento a los últimos cambios en la ley, asesoran a propietarios de viviendas e inquilinos de bajos ingresos en cuanto a sus opciones y ayudan a renegociar los préstamos.
•  Acceso a beneficios gubernamentales. Con el aumento del desempleo, más personas requieren de los servicios de apoyo necesarios como el seguro de desempleo, cupones de alimentos y cuidado de la salud. Las instituciones de servicios legales ayudan a orientar a las personas en cuanto a los trámites a veces complicados que deben seguir para obtener estas prestaciones, al tiempo que ayudan a eliminar cualquier obstáculo que afecte el acceso.
•  Asuntos relacionados con el derecho de familia. Las dificultades económicas pueden provocar alteraciones familiares que requieren asistencia legal. Por ejemplo, entre el 2007 y el 2008, la Línea de Emergencia Nacional de Violencia Doméstica reportó un aumento del 21 por ciento de las llamadas, en las que el 54 por ciento de las personas que llamaron reportaron un cambio reciente en las condiciones económicas de su familia. Las entidades de servicios legales ayudan a las víctimas con las órdenes de protección y los temas de custodia.
• Asuntos relacionados con el consumidor. La recesión también pone sobre el tapete una serie de preocupaciones del consumidor que incluye bancarrotas, cobros, reposesiones y cuentas atrasadas en el pago de servicios públicos. Los abogados de servicios legales ayudan a sus clientes a comprender sus opciones legales, negociar los acuerdos de pago, o emprender acciones contra prácticas injustas.

Además de una mayor necesidad relacionada con los servicios prestados por las entidades de ayuda legal, es probable que crezca el número real de personas que califican para recibir ayuda. Actualmente, la LSC presta servicios a las personas y familias que viven en el nivel del 125 por ciento de pobreza ($27.563 para una familia de cuatro) o por debajo. Dados los recientes aumentos del desempleo nacional, que actualmente está ubicado en el 8,5 por ciento, existe la probabilidad de que se eleven los niveles de pobreza. Basándose en los patrones de desaceleraciones anteriores, la LSC calcula que su población elegible aumentará en un 22 por ciento entre el 2007 y el 2009.

El financiamiento y la crisis de recursos

Lamentablemente, durante la actual recesión las entidades de servicios legales están enfrentando enormes desafíos de financiamiento. Una causa principal de sus problemas es la disminución de los ingresos generados por los Intereses en Cuentas Fiduciarias de Abogados, o IOLTA. Como lo indica el nombre del programa, IOLTA genera fondos mediante el cobro de intereses sobre las cuentas bancarias de abogados que conservan de manera temporal los fondos de clientes, incluidos los cheques de pago, depósitos de bienes raíces, honorarios pagados de antemano por servicios que están por realizarse. En el 2007, IOLTA generó $240 millones que se utilizaron para prestar servicios legales a los pobres. Esto representó un 12 por ciento de los presupuestos de las entidades financiadas por la LSC.

El problema actual que existe con IOLTA es que el valor de las cuentas está vinculado a las tasas de interés. Al responder a la desaceleración económica, la Junta de la Reserva Federal redujo los intereses prácticamente a cero. Como consecuencia, las entidades de servicios legales han estado recibiendo y van a seguir recibiendo menos dinero de estas cuentas. Por ejemplo, en el 2007 el ingreso de IOLTA del estado de Connecticut fue de $21 millones, pero se proyectan sólo $4 millones para este año.

En este entorno, los fondos federales asumen una mayor relevancia. En los últimos años el gobierno federal ha aumentado el financiamiento de la Corporación de Servicios Legales, lo que se espera refleje una tendencia que continúe en el futuro. La asignación presupuestaria del año fiscal 2009 fue de $390 millones, lo que representa un aumento del 11 por ciento por encima del año anterior. Aun cuando es una indudable mejoría, esta suma palidece en comparación con años anteriores que estuvieron marcados por alzas en el financiamiento: las asignaciones presupuestarias ajustadas por la inflación de 1981 y 1995 fueron de $750 millones y $554 millones, respectivamente. Por lo tanto, el valor del presupuesto del programa es casi la mitad de lo que era hace tres décadas.

Por último, vale la pena resaltar que algunas firmas legales están ayudando a enfrentar la crisis. Cuando la desaceleración económica provocó el despido de más de 10.000 profesionales legales (incluidos 4.218 abogados) a principios de año, algunos trataron de encontrarles a esos abogados (y a otros talentos subutilizados en firmas legales) ubicaciones temporales a tiempo completo en las entidades de servicios legales. No obstante, aun están por determinarse los resultados de esas gestiones.

Recomendaciones

Al elaborar sus proyectos de ley de asignaciones presupuestarias para el año fiscal 2010, que comienza el 1 de octubre de este año, el Congreso debería aumentar crucialmente sus inversiones en la Corporación de Servicios Legales y en cualquier programa federal que ofrezca financiamiento para servicios legales. Dichos aumentos cuentan con el apoyo de dos tercios de los estadounidenses encuestados.

Para avanzar en soluciones a largo plazo en cuanto al déficit de la justicia, el Congreso debería aprobar la ley de Acceso Civil a la Justicia de 2009 (S. 718). Presentada por el Senador Tom Harkin (D-IA), esta legislación aumentaría el nivel de financiamiento autorizado de la LSC a $750 millones por año, al tiempo que provee nuevo financiamiento federal para los programas clínicos de las facultades de derecho.

En sus gestiones para equilibrar sus presupuestos, los estados y las localidades deberían evitar los recortes a los programas de servicios legales. Se espera que los fondos de recuperación económica otorgados por el gobierno federal ayuden a aliviar algunas de sus presiones financieras.

Joy Moses es Analista de Política del Centro para el Progreso Estadounidense. Para conocer más acerca de los programas contra la pobreza del centro, ingrese a la página Poverty and Mobility de nuestro sitio electrónico.