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La Injusticia Reproductiva

La Enmienda Hyde Impide que Mujeres de Minorías Étnicas y Raciales de Escasos Recursos Económicos Reciban Financiamiento para Interrumpir el Embarazo

FUENTE: iStockphoto

La Enmienda Hyde impide que mujeres de minorías étnicas y raciales de escasos recursos económicos reciban financiamiento para interrumpir el embarazo.

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Descargue el informe aquí (en inglés)

Las políticas de financiamiento del aborto en este país son discriminatorias y ponen la interrupción del embarazo fuera del alcance de las que más lo necesitan: mujeres de minorías étnicas y raciales de bajos recursos económicos. Tal y como fue registrado en mi informe “Separate and Unequal: The Hyde Amendment and Women of Color” publicado la semana pasada por el Center for American Progress, las mujeres de minorías étnicas y raciales son desproporcionadamente impactadas por una política conocida como la Enmienda Hyde.

Dicha enmienda prohíbe que el Medicaid, el programa federal y estatal de seguro de salud público para las personas pobres y más necesitadas, financie el cuidado de aborto a menos que la vida de la mujer se vea en peligro o el embarazo sea la consecuencia de una violación o de incesto. La política de la Enmienda Hyde se ha expandido desde entonces a otros programas gubernamentales de salud.

Debido a que la pobreza y la raza están entrelazadas en este país, las mujeres negras e hispanas están sobrerepresentadas entre las mujeres viviendo en situación de pobreza. Como consecuencia, las mujeres negras e hispanas corren mayor riesgo de experimentar resultados desfavorables de salud reproductiva, tal y como la mortalidad maternal e infantil, VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, embarazos no deseados y aborto. Esto significa que tienen más probabilidades de necesitar acceso al cuidado de aborto, menos probabilidades poder pagar por ello, y mayor probabilidad de recibir su cuidado de salud a través de un programa gubernamental que restringe cobertura del aborto.

Para obtener un aborto, las mujeres en estas circunstancias deben calcular los costos del procedimiento médico además de otros costos como su transporte de ida y vuelta a la clínica, el cuidado de sus hijos en el caso que ya sean madres y el sueldo perdido como consecuencia de faltar del trabajo. Sin asistencia financiera las mujeres de escasos recursos desvían el dinero originalmente destinado para pagar gastos esenciales como el alquiler, la compra de abarrotes, y la calefacción para pagar por el aborto.

A medida que las mujeres en esta situación tratan de juntar los fondos que necesitan, postergan la intervención médica de tal manera que ésta se hace más costosa y conlleva mayores riesgos a su salud—o inclusive hasta que ya sea demasiado tarde para obtener un aborto.

Trágicamente, algunas mujeres que se encuentran en esta situación contemplan suicidarse, hacerse daño a sí mismas, o provocarse ellas mismas un aborto. Aquellas que no logran juntar los fondos necesarios para interrumpir su embarazo y quienes continúan con un embarazo no deseado suelen enfrentar desafíos adicionales para lograr sus metas educativas y económicas.

Mientras que la Enmienda Hyde se utiliza para promover la procreación, existen otras políticas públicas—como los juicios abiertos en contra de mujeres pobres y de minorías que consumen drogas durante su embarazo, o la amenaza de revocar el derecho natural a la ciudadanía—que intentan desalentar la procreación de mujeres que pertenecen a grupos marginados.

En conjunto, estas políticas dejan a las mujeres pobres y de minorías étnicas y raciales sin ninguna opción.

La Enmienda Hyde sirve como un ejemplo claro de que nuestras leyes establecen un doble moral con respecto a los derechos de la mujer, basado en si es que ellas cuentan o no con la capacidad de poder pagar por sus derechos. Este trato desigual viola los principios fundamentales de la justicia económica y racial, por lo cual no debería ser tolerado.

El derrocamiento de esta política y de las prohibiciones relacionadas con el financiamiento del aborto no resultará, por si sola, en igualdad integral ni en mejores resultados en la salud reproductiva para las mujeres de minorías étnicas y raciales. No obstante, significaría un paso necesario en la dirección correcta.

Jessica Arons es Directora del Programa de Salud y Derechos para la Mujer en el Center for American Progress. Jacqueline Nolley Echegaray ayudó con la traducción de esta columna.

Descargue el informe aquí (en inglés)

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.