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Una Cuestión de Prioridades

El Departamento del Trabajo bajo la administración de Bush se enfoca más en verificar el estatus migratorio, que en proteger a los trabajadores latinos.

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El lugar de trabajo estadounidense es un lugar peligroso para los Latinos: en comparación a trabajadores blancos, los latinos tienen muchas más probabilidades de morir en su trabajo, y son frecuentemente abusados por jefes que no cumplen las leyes y les pagan sueldos muchos más bajos que los requeridos por ley federal. Las leyes existen para proteger a los trabajadores de estos abusos. Pero el Departamento del Trabajo bajo la presidencia de George W. Bush ha fallado en su trabajo de vigilar a patrones abusadores y como resultado los trabajadores no reciben la protección que necesitan y merecen. Los latinos son los que sufren más las consecuencias de estas fallas.

El reciente escándalo en la carnecería Agriprocessors, Inc. muestra claramente la contradicción que hay entre como la administración se dedica bruscamente a la búsqueda de trabajadores indocumentados, mientras es indiferente a hacer cumplir las protecciones laborales. El blanco de los agentes federales eran los trabajadores indocumentados de Agriprocessors, sin embargo ignoraban las condiciones inseguras y abusivas dentro de esta planta en Postville, Iowa. Mientras que las investigaciones federales terminaron en el encarcelamiento de 300 trabajadores indocumentados, los casos de abusos laborares contra menores y el robo de sueldos y la falta de seguridad en el área de trabajo quedaron a la discreción del Fiscal General de Iowa.

Las averiguaciones del Fiscal General son indignantes: Agriprocessors enfrenta cargos criminales por violaciones de más de 9,000 leyes laborares contra menores, y más de $100,000 en multas por violaciones de seguridad. (En marzo, el Departamento de Trabajo de Iowa presento cargos de $182,000 en multas por robo de sueldos, una cantidad que después fue disminuida a menos de $43,000.)

Las leyes federales están supuestas a proteger trabajadores de condiciones inseguras en el trabajo y robo de sueldos. El salario mínimo, y normas para el trabajo extra, y la seguridad proveen una base garantizada para los trabajadores estadounidenses sin importar el estatus migratorio del trabajador. Para ser efectivas estas leyes requiere que el Departamento del Trabajo vigile los lugares de empleo y castigue a aquellos que violan las leyes.

Pero el Departamento de Trabajo bajo Bush ha fallado en su trabajo como policía laboral. Patrones irresponsables saben que son pocas las probabilidades de ser castigados por sus abusos y entienden que si son castigados, las penalidades serán tan bajas que no afectaran sus ingresos. Por ejemplo, en el 2007 el promedio de multas por casos fatales de la Occupational Health and Safety Administración (la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional) era de $3,675. Además, en los años recientes los investigadores de robo de sueldos solo dieron multas al 6 por ciento de conocidos violadores de la ley.

El riesgo de abuso por un empleador es más probable para los trabajadores latinos. Cada año casi 6,000 trabajadores estadounidenses mueren mientras cumplen su trabajo, pero los trabajadores latinos enfrentan el riesgo más alto de lesiones fatales en el trabajo. En el 2006, cuando el número de muertes latinas llego a alcanzar 990, el número de fatalidades era 25 por ciento más alto entre los latinos que entre los trabajadores blancos. Desde el 1992, cuando los datos del índice de fatalidades de los latinos se comenzaron a recopilar, el número de trabajadores latinos muertos en el lugar de trabajo incrementó un 86 por ciento. Mientras tanto, el número total de muertes en el lugar de trabajo ha bajado un 8 por ciento.

Como la mayor porción de trabajadores extranjeros (50 por ciento), los latinos son victimas frecuentes de robo de sueldo y a menudo trabajan en industrias donde esta practica es común. En total se estima que las victimas pierden alrededor de $19 mil millones en sueldos cada año.

Mas aun, cuando alguien les roba el sueldo, los trabajadores inmigrantes están menos dispuestos a reportar estos casos por temor a perder un trabajo que mantiene a sus familias, por temor a represalias, o porque simplemente desconocen que existen leyes de protección del trabajo. Los inmigrares indocumentados, que son el 27 por ciento de los trabajadores de construcción, 22 por ciento de las limpiadoras de casa y sirvientas, 22 por ciento de los trabajadores en carnicerías, y, se estima, un 70 por ciento de los trabajadores del campo agrícola, tienen pocas probabilidades de reportar los abusos por miedo que sus empleadores se desquiten reportándolos a agentes migratorios.

Bajo la administración de Bush, poco se ha hecho para informar a las comunidades latinas. Casos como el de Agriprocessors, confirman los temores de los latinos que el gobierno federal se preocupa más por hacer cumplir las leyes inmigratorias, que por la seguridad en el área del trabajo. La Administración ha cortado fondos para la capacitación y programas de servicio a trabajadores inmigrantes y reciente informes muestran como llamadas telefónicas a líneas bilingües de información sobre el robo de sueldo y apoyo hacia esta comunidad, a menudo no son contestadas. Además, cuando inmigrantes sí reportan abuso en el trabajo, los investigadores del Departamento del Trabajo están mal preparados para atender sus reclamos. Por ejemplo, mientras la gran mayoría de victimas de estos abusos son los trabajadores agrícolas que no hablan inglés, sólo 14 por ciento de los agentes de investigación de seguridad laboral hablan español.

En este mes de la hispanidad vamos a enfocarnos en lo que la administración y el Departamento del Trabajo pueden y deben hacer para mejorar las condiciones de todos los trabajadores que aportan a nuestra economía. Tenemos que hacer un mejor trabajo en hacer cumplir las leyes laborales enfocándonos agresivamente y castigando a empleadores abusivos y en proveer información a todos los trabajadores – independientemente de su raza o estado migratorio.

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Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.