Todos los ojos estarán puestos en la Corte Suprema de Justicia cuando ésta conozca de los alegatos sobre la constitucionalidad de la ley antiinmigrante S.B. 1070 de Arizona
Conforme la Corte Suprema debate la constitucionalidad de la S.B. 1070 de Arizona, miramos los cinco resultados mas negativos de la ley antinmigrante
Las mujeres inmigrantes en los Estados Unidos (documentadas e indocumentadas en su conjunto) comprenden más de la mitad de todos los inmigrantes y desempeñan una importante función económica e integradora en nuestra sociedad y economía. Estas mujeres crean negocios a un ritmo superior al de las mujeres nacidas en los EE.UU. y suelen ser las que más empeño ponen en sus familias para hacerse ciudadanas estadounidenses.
La ley H.B. 56 de Alabama, aprobada el 9 de junio de 2011, es la ley antiinmigrante más severa en la nación. El proyecto de ley convierte en delito el estar sin estatus legal, requiere que los agentes del orden público comprueben los documentos de cualquier persona que sospechen que esté indocumentado, ordena que las escuelas públicas verifiquen el estatus legal de sus alumnos, anula cualquier contrato entablado con un inmigrante indocumentado, y convierte en felonía para los inmigrantes indocumentados el establecer contratos con una entidad del gobierno (incluyendo para derechos humanos básicos como tener agua conectada a su casa).
La nueva ley de inmigración de Alabama, H.B. 56, va a destruir la economía del estado. Las disposiciones de pedir documentación está causando que los trabajadores legales como los indocumentados huyan del estado, paralizando a las empresas y el flujo económico del estado.
La nueva ley de inmigración de Alabama contiene provisiones que en realidad dificultaran el cumplimiento de la ley, y hará que todos los residentes de Alabama estén menos seguros.
Además de requerir que uno “muestre los papeles” esta nueva ley obliga a los agricultores a que utilicen el sistema federal costoso y defectuoso “E-Verify” para verificar el estatus legal de cada trabajador que emplean. También impide que los agricultores usen los tribunales para hacer cumplir los contratos con un trabajador indocumentado, o un contratista. Y también convierte en criminales de felonía a cualquier agricultor que proporciona transporte, vivienda, o comida a un trabajador indocumentado.
El artículo 13 de la ley dice que es un delito que cualquier persona, incluyendo los líderes religiosos, oculten, alberguen, o protejan a una persona indocumentada, ofrezcan transporte a esa persona, animen a esa persona a que resida en el estado, o alquilen a esa persona. Aunque algunos de estos componentes extremos de la ley han sido bloqueados temporalmente por orden judicial, podrían volver a entrar en vigor una vez que el tribunal tome su decisión final.
La nueva ley de inmigración de Alabama está destrozando a familias en el estado. Esto es porque más de la mitad de los aproximadamente 120.000 inmigrantes indocumentados que viven en Alabama – que viene siendo 2,5 por ciento de la población del estado – viven en familias de “estatus legal mezclado” en las cuales uno o más miembros de la familia son ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Y 85 por ciento de los hijos de los inmigrantes indocumentados de Alabama viven en tales familias de “estatus mezclado”.
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