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Poniendo los inmigrantes indocumentados en el camino hacia la ciudadanía ayudará al Congreso superar una serie de obstáculos políticos

Undocumented immigrants

FUENTE: AP/Jason DeCrow

Gabriela Trujillo, izquierda, y Cristina García posan para una foto en la casa de García en el barrio de Queens en Nueva York, Jueves, 01 de noviembre 2012. Trujillo y García son inmigrantes indocumentadas que han participado en campañas para sacar el voto a pesar de que no pueden votar.

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Verdadera reforma migratoria que se ocupa de manera practica y responsable con los 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin estatus migratorio ha sido difícil de lograr en la última década. Paralización partidista repetidamente le ha impedido al Congreso de reformar el sistema de inmigración. Como resultado, los únicos constantes en la política de inmigración de nuestra nación durante este período han sido los aumentos masivos en los esfuerzos de aplicación interiores y seguridad fronteriza. Estos esfuerzos mostraron algunos resultados en la frontera, pero ninguna disminución tangible de la población residente no autorizada hasta el inicio de la Gran Recesión de 2007-2009, durante el cual la inmigración indocumentada se desaceleró a un neto de cero, con un poco más de gente que salen del país en vez de entrar.

Con la re-elección del presidente Barack Obama, debido en parte al apoyo Latino sin precedentes, la erudición es ahora, tardíamente, sugiriendo que ha llegado el momento de que el Congreso supere la parálisis y promulgue legislación que creará un camino para los 11 millones de inmigrantes indocumentados para que puedan obtener la ciudadanía. Parece que la sabiduría política convencional está finalmente penetrando la opinión pública estadounidense, quien apoya abrumadoramente que se traten con estos inmigrantes de una manera inteligente y sensible.

Durante la década pasada las políticas de aplicación no sólo han fallado en entregar una reforma de sentido común, pero también han impedido el progreso en una serie de otras cuestiones nacionales importantes. Los efectos de tener un grupo tan grande de personas no autorizadas entre nosotros le afecta a nuestra capacidad de debatir racionalmente cuestiones como la salud, la educación, los impuestos, los beneficios, y la identificación.

Este informe temático estudia muchos de los ámbitos federales, estatales y asuntos locales que estancaron, deformaron o descarrilaron por completo el estancamiento sobre la reforma migratoria.

Contexto

Los argumentos políticos a favor de las políticas de inmigración de sentido común que trazan un camino hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados son tan numerosos como son convincentes. De hecho, el único enfoque razonable desde el punto de vista fiscal, económico, social, y de seguridad es crear un plan para estos inmigrantes para obtener la ciudadanía.

Más de dos tercios de los inmigrantes sin papeles que trabajan en los Estados Unidos han contribuido a nuestra economía y la cultura durante más de una década. Pero nuestras políticas de inmigración obsoletas y erróneas, junto con nuestra política de inmigración polarizada, los bloquean de realizar su potencial- y el de nuestra nación- y les obliga a vivir con el temor de ser separados de sus familias.

Echemos un breve vistazo a algunos de los beneficios:

■ Incluyendo a estos inmigrantes que trabajan duro fuera de los márgenes económicos generaría un aumento de $ 1,5 mil millones al producto interno bruto (PIB) acumulado de la nación a través de 10 años y añadiría cerca de $ 5 mil millones en ingresos fiscales adicionales sólo en los próximos tres años.

■ Registrando a estos inmigrantes con la verificación de antecedentes aseguraría que sabemos quien está aquí y permitirá a nuestras autoridades concentrar los recursos en la aplicación de elementos criminales y amenazas de seguridad en lugar de los miembros de la familia que trabajan duro y honestamente.

■Ayudar a estos inmigrantes que salgan fuera de las sombras sería darles un golpe a los empleadores sin escrúpulos que maltratan a sus trabajadores (inmigrantes y nativos por igual) y ayudaría a garantizar la seguridad del trabajador para todos.

■ Permitiendo que los inmigrantes obtengan estatus legal y que participen abiertamente en la vida cívica fortalecerá nuestras comunidades y reducirá la marginación y la explotación.

En otras palabras, casi todo el mundo excepto los empleadores explotadores y criminales están en mejores situaciones al permitir que estos inmigrantes trabajen por encima del tablero y paguen sus impuestos completos. Así que si se trata de una política fácil y de “pan comido”, ¿por qué no ha sucedido una reforma?

Sólo la política puede explicar por qué una reforma migratoria no ha cruzado la línea de meta del Congreso. El 11 de septiembre se detuvo un paquete de reforma migratoria potencial en sus pistas. Antes de los ataques, el entonces presidente George W. Bush se reunió con el presidente electo de México, Vicente Fox, cinco veces en nueve meses y, al ver que los latinos se estaban convirtiendo en el importante grupo de votantes indecisos que hoy conocemos, llamó por reformas migratorias bilaterales. Después de los ataques terroristas, sin embargo, la ley de inmigración se convirtió en sinónimo de la lucha contra el terrorismo, y cualquier conversación sobre la reforma de nuestro sistema de inmigración roto fue abandonada. Desde entonces, intransigentes de inmigración efectivamente han utilizado temor como alarmismo sobre los inmigrantes, en particular a los que no tienen estatus legal, como un martillo político en las elecciones primarias.

Los candidatos que no pasan la prueba de tener opiniones duras de inmigración están en peligro de los desafíos de la extrema derecha. Como resultado de ello, la postura del Partido Republicano sobre inmigración esta extremadamente fuera de la corriente principal. Pero con el cambio masivo demográfico que ya está en marcha en este país, es en el propio interés de ambos partidos políticos poner fin a la demonización de los inmigrantes indocumentados.

Usando los inmigrantes, incluso aquellos sin papeles, como una pelota de fútbol política no es política insensata, es también auto-destructiva. Los votantes latinos, que son, por definición documentados, tienen una asociación profunda y personal con el tema de la inmigración, y ahora son una fuerza política con la que ambos partidos políticos tienen que lidiar. Más de la mitad de todos los votantes latinos conocen a alguien que es indocumentado, y una cuarta parte conoce a alguien que esta en el proceso de ser deportado o ha sido deportado. Esos votantes, como era de esperar,  ven a los políticos que lanzan andanadas contra sus familias y comunidades con los ojos ictéricos.

Latinos compusieron el 16,7 por ciento de la población en 2011 y se estima que el 11 por ciento del electorado en 2012, y se proyecta que sus números aumentarán a un 31 por ciento de la población en 2050. Los latinos, como un grupo de votantes, han demostrado el poder de decidir las elecciones estatales y nacionales. Continuando a alienar a este grupo del electorado, que va por un crecimiento rápido defendiendo a políticas anti-inmigrantes, explica el futuro fatal del electoral.

Los resultados de las elecciones presidenciales de este año apuntan al político imperativo de avanzar en la reforma migratoria. El candidato presidencial republicano Mitt Romney adoptó una de las plataformas de inmigración más extremas de un candidato presidencial en la historia reciente. Ese movimiento para apuntalar una franja de su partido en busca de la nominación condenó su capacidad para competir por el voto de los latinos y otros inmigrantes. Las encuestas de salida muestran que un escaso 27 por ciento del voto latino fue al gobernador Romney, un total de cuatro puntos por debajo del 31 por ciento de los votantes latinos que votaron por el senador John McCain (R-AZ) en 2008.

Como la demografía de nuestro país seguirá desplazándose lejos de una mayoría blanca, esa postura anti-inmigrante es insostenible para un partido que tiene la mirada puesta en el retorno a la Casa Blanca. El presidente Barack Obama, por su parte, reconoce abiertamente la importancia que tuvo el voto latino en regresarlo a la Casa Blanca, y él se ha comprometido a avanzar en la reforma migratoria en el 2013.

Así que la cuestión es políticamente madura en sus propios términos. Pero abordarlo ahora tiene el beneficio adicional significativo de la apertura de espacios para el diálogo constructivo bipartidista sobre una serie de otros temas. Esto se debe al parálisis político en abordar los inmigrantes no autorizados que ha deformado la política más allá del ámbito de inmigración.

En las páginas siguientes, se proporcionan ejemplos de cómo este bache político ha causado atascos de tráfico en una serie de otros asuntos nacionales y locales relacionados con la atención de la salud, la educación, las prestaciones, la identificación y la fuerza laboral, y destacamos las razones por abordar el estatus migratorio de los inmigrantes no autorizados que nos permitirá resolver más eficazmente estos asuntos importantes. En otras palabras, mostramos el por qué trazando la población indocumentada en un camino hacia la ciudadanía ayudará a estimular soluciones constructivas en el ámbito de otras políticas también.

Los Asuntos

Cuidado de Salud

Los debates sobre el acceso al cuidado de salud y cobertura de seguro para los inmigrantes son emblemáticos de cómo la incapacidad para tratar de manera responsable a la gran población indocumentada del país infecta a los debates sobre otras iniciativas políticas.

Un ejemplo doloroso emana del desafío crítico nacional que representa los esfuerzos por controlar los gastos de salud. Uno de los problemas centrales de costos en los Estados Unidos ha sido el gran número de estadounidenses que carecen de seguro médico. Cuando llegan enfermos o heridos, esos costos se imponen a la sociedad mediante el aumento de las primas de seguros de salud o los impuestos para programas de protección social de salud. Una premisa central de la estrategia de contención de costos de la Ley de Salud Asequible, por lo tanto, es aumentar el acceso a un seguro de salud asequible y de incentivar su compra.

En última instancia, sin embargo, la Ley de Salud Asequible prohibió inmigrantes indocumentados de comprar un seguro a través de los intercambios basados ​​en el estado, incluso si tienen los medios para hacerlo. El no poder extender este objetivo de la inclusión de los millones de inmigrantes indocumentados que viven aquí sin duda pondrá en peligro la capacidad del sistema para reducir los costos. Negar el acceso de estos individuos a los seguros y bloqueándolos de alternativas de atención primaria y preventiva significa que a menudo esperan para buscar atención hasta que su condición médica llega a un punto crítico. Y a pesar que esta cohorte es más joven y más sano que el promedio, cuando finalmente solicitan asistencia, suelen ir al único lugar de entrega: el lugar mucho más costoso, la sala de emergencia.

A pesar de incorporar a los inmigrantes indocumentados en el sistema de seguro de salud parece obvio desde una perspectiva de contención de costos, los esfuerzos para lidiar de manera constructiva con este tema han demostrado ser prácticamente imposible como una cuestión política. De hecho, una de las tensiones más virulentas de la oposición a la Ley de Salud Asequible, o “Obamacare”, se basa en afirmaciones de que se establezca el acceso seguro de salud a los inmigrantes indocumentados.

¿Quién puede olvidar el momento cuando el Representante Joe Wilson (R-SC) interrumpió el discurso del presidente al Congreso sobre la reforma de salud en septiembre de 2009, poniéndose de pie y gritando: “¡Mientes!”? Lo que algunas personas talvez no recuerden es que la explosión del congresista se produjo en respuesta a una declaración inequívoca del presidente de que el proyecto de ley de atención médica no extendería la cobertura de seguro para los inmigrantes indocumentados.

A pesar del hecho de que es claramente, desde una perspectiva de atención de la salud y la economía, es una buena política, extendiendo cobertura significativa a los inmigrantes indocumentados nunca tuvo una oportunidad debido a la oposición política incendiaria como la del representante Wilson.  A pesar de que dicha cobertura no estaba en el proyecto de ley, sin embargo, se utilizó como una táctica de miedo por aquellos que querían mantener el estatus quo en el cuidado de la salud y la política de inmigración por razones políticas.

En otras palabras, el Congreso finalmente comprometió las reformas de las políticas de salud totalmente desvinculadas que permitan avanzar en los intereses de nuestro país en la contención de costos para resolver el estatus migratorio de las personas que trabajan en Estados Unidos sin papeles.

Educación

Hay aproximadamente 2,1 millones de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos antes de los 16 años y han estado aquí por más de cinco años. Este gran grupo de estudiantes indocumentados crea desafíos significativos para la política educativa inteligente en los estados.

Por un lado, el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Plyler vs. Doe en 1982 que desde el kínder hasta el grado 12, las escuelas públicas están constitucionalmente obligadas a educar a todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, y que permitiendole a todos los niños el acceso a la educación en los Estados Unidos es bueno para la nación entera. Por otro lado, la ley federal intenta bloquear a los estados de la concesión de pagar la matrícula estatal para estudiantes indocumentados que desean continuar su educación asistiendo a la universidad.

Esto crea una tensión evidente. Los Estados están obligados a invertir en la educación primaria y secundaria de los niños y sin embargo no se animan a cosechar los frutos de esa inversión bloqueando efectivamente oportunidades de educación superior. Navegando por esta tensión crea desafíos para los estados que desean adoptar a las políticas educativas que vean hacia el futuro.

Un enfoque más reciente y preocupante, más allá de simplemente bloquear a los estudiantes para que no obtengan un acceso asequible a la educación superior a través de la matrícula estatal, desafía directamente la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Plyler en un intento de marginar aún más a los inmigrantes indocumentados. La ley reciente de inmigración de Alabama, H.B. 56, por ejemplo, le obliga a las escuelas que consigan información sobre el estado legal de sus alumnos y sus padres. Cuando el primer juez en oír un desafío contra H.B. 56, Sharon Lovelace Blackburn, no logró revertir la provisión de la educación, las escuelas públicas de Alabama vieron una disminución en el número de estudiantes latinos que asisten.

La Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito 11º puso las disposiciones educativas de H.B. 56 en pausa, marcando otro golpe a la estrategia de retar a Plyler.  Se sigue reflejando la frustración, sin embargo, sobre el fracaso del gobierno federal para crear un proceso de inmigración sensato.

Un enfoque más atento al enigma de educación es seguir los pasos de los 12 estados que han logrado sus políticas elaboradas de matrícula para ofrecer de manera explícita matrícula estatal a los inmigrantes no autorizados. Estados como Maryland y Nueva York apuntan a los bajos costos de hacerlo y el retorno de la inversión al obtener una educación universitaria.

Pero incluso este último enfoque de la inversión continua en estos niños plantea la pregunta de qué pasa después de que se gradúen de la universidad. Debido a que estos proyectos de ley estatales no pueden concederles estatus legal, sus horizontes son limitados.

La mejor solución sería que el Congreso ofrezca una vía para el estatus legal a través de algo como el Acta DREAM, un proyecto de ley para ayudar a los jóvenes indocumentados.  El Acta DREAM proporcionaría un impulso significativo a la economía, adicionando $329 mil millones para el 2030. El estatus legal le ofrecería a los DREAMers con un poderoso incentivo para obtener más educación, ya que las disposiciones están vinculadas a completar la escuela secundaria y la universidad o algún servicio militar.

La combinación de la educación con la capacidad de trabajar de forma legal permite a los inmigrantes a obtener empleos mejor remunerados. El aumento de los ingresos se traduce en mayores ingresos para el gobierno federal y un mayor gasto en bienes y servicios, con un crecimiento del volumen global de la economía. En última instancia, la aprobación del Acta DREAM podría crear 1,4 millones de empleos nuevos y añadiría por lo menos $10 mil millones a los ingresos de la nación para el año 2030, lo cual es bueno para todos los estadounidenses, inmigrantes y nativos por igual.

Sin una política sensata que le permite a la población indocumentada del país obtener un estatus legal, los estados se quedan con pocas opciones buenas para maximizar el potencial de una fuerza laboral altamente educada.

Beneficios Públicos

Tal vez las colisiones más directas entre la política pública inteligente y una población grande no autorizada se produce en el ámbito de los beneficios públicos. Restringiendo la elegibilidad para beneficios públicos es fundamental para los ataques conservadores en lo que llaman el “estado de bienestar”. Una de las tácticas que estos conservadores adoptan en su plataforma es el argumento de que los beneficios públicos pueden fluir a los inmigrantes, especialmente a los que viven aquí sin estatus legal.

A pesar de que la mayoría de los inmigrantes-incluyendo aquellos que residen legalmente- están excluidos de la mayoría de los beneficios públicos, el tema es un perenne. Mediante el uso de los beneficios a los inmigrantes no autorizados, como pretexto, los conservadores crearan un espacio para argumentar a favor de políticas que limiten de forma efectiva los beneficios para todos los estadounidenses. Dos de los ataques más recientes y  persistentes han sido en el Crédito Tributario por Hijos y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria.

Crédito Tributario por Hijos

En mayo de este año, los senadores David Vitter (R-LA) y Marco Rubio (R-FL), intentaron usar el bulo de los inmigrantes indocumentados que reclaman falsamente el crédito tributario por hijos, un crédito reembolsable diseñado para evitar que los niños caigan en la pobreza-para restringir el acceso al programa en su conjunto. Esto es sólo el más reciente de una serie de ataques contra el crédito tributario por hijos que se han puesto en marcha en el nombre de bloquear los inmigrantes indocumentados de recibir un beneficio federal.

La elegibilidad para el crédito tributario por hijos está ligada a la situación del niño en cuestión, ya que el programa está diseñado para mantener a los niños, en lugar de las familias, de caer en la pobreza. Los niños deben ser menores de 17 años y deben ser ciudadanos de EE.UU., nacionales de EE.UU. o residente extranjeros en EE.UU. Los senadores Vitter y Rubio afirmaron, usando las afirmaciones dudosas de un preparador de impuesto único, que los inmigrantes indocumentados estaban falsamente reclamando el crédito para muchos niños ficticios.

Pero aparte del hecho de que para reclamar el crédito tributario por hijos, usted tiene que probar que el niño en cuestión es legalmente elegible, y que en los casos de trata de reclamar el mismo niño dos veces, o hijos ficticios, es casi seguro de desencadenar una auditoría del Servicio Interior de Impuestos, la solución que los senadores Vitter y Rubio proponen –en restringir la elegibilidad del programa en su conjunto a sólo las familias con miembros indocumentados- es un caso claro de tirar al bebé junto con el agua del baño.

En lugar de proponer nuevos controles para garantizar el estado de los niños, los senadores sugirieron restringir la elegibilidad para un programa global que en 2009 mantuvo 1,3 millones de niños  de caer en la pobreza. Se trata de ciudadanos estadounidenses-todos ellos, independientemente de la situación legal de sus padres.

Poniendo a los inmigrantes indocumentados en un camino hacia la legalización sería impedir que los oponentes del crédito utilicen la cuestión del estatuto de inmigración como una cortina de humo para su agenda anti-net de seguridad. Los opositores al crédito tributario por hijos deben exponer sus argumentos en contra de ella en el fondo, no a través de tácticas de miedo en el servicio de políticas que perjudican los niños estadounidenses. Igual de importante es la creación de un camino hacia la legalización que permitirá a estos inmigrantes aumentar sus ingresos y nuestra base de impuestos.

Programa Suplementaria de Asistencia Nutricional

El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria o SNAP (por sus siglas en Inglés), ofrece más de 20 millones de niños con acceso a una alimentación saludable y es un programa clave que previene que niños pasen hambre. Para ser elegible para el programa, el beneficiario debe ser ciudadano de EE.UU. o extranjero legalmente.

Sin embargo, en la pelea más reciente para volver a autorizar el programa a través de la Ley Agrícola de 2012, las enmiendas del senador Jeff Sessions (R-AL) y la congresista Martha Roby (R-AL) habría limitado la asistencia nutricional suplementaria sólo a las familias que pudieran demostrar que la presencia de todos y cada uno era legal. Con respecto al tema que se discutió anteriormente sobre el crédito fiscal infantil, las familias con un miembro indocumentado tendrían derecho a la asistencia de nutrición suplementaria, incluso si el niño que recibe el beneficio fuera un ciudadano de los EE.UU. De hecho, los 16,6 millones de personas viven en familias con estatus migratorio mixto. Y como señala el grupo de defensa First Focus , estos recortes podrían afectar hasta a 4,5 millones de niños ciudadanos-80 por ciento de los cuales son latinos.

Las familias inmigrantes ya son menos propensos a solicitar la asistencia nutricional comparados con familias nativas, sin embargo, estas enmiendas hacen más difícil para cualquier persona con un miembro de la familia indocumentado solicitar, otra forma de tratar de reducir el número total de personas que utilizan el programa. Pueda que muchas familias de bajos ingresos no sean capaces de producir la documentación necesaria para acreditar la situación legal de cada miembro de la familia, incluso si no hay nadie en la familia que sea indocumentado.

Usando el estatus migratorio como tema divisivo para atacar a los beneficios públicos ha sido una táctica parlamentaria perenne. Tratando de manera responsable, con 11 millones de inmigrantes indocumentados de la nación eliminaría esta línea de ataque y devolvería el enfoque al centro de la cuestión verdadera, el intento de desmantelar la red de seguridad social. Lo que es más, poniendo a estos inmigrantes en un camino hacia la legalización mejoraría significativamente su potencial de ingresos y reduciría al mínimo su necesidad de acceder a este tipo de asistencia.

Identificación

La presencia de un gran grupo no autorizado de trabajadores y familias conduce a un número de diferentes problemas relacionados con la identificación. Desde las licencias de conducir a la identificación de los votantes, a la autorización de empleo, la realidad de millones de inmigrantes indocumentados entre nosotros provoca debates sobre la manera de identificar correctamente a los que son documentados e indocumentados. Pero estas políticas no operan en un vacío, sino que llevan implicaciones para todos los estadounidenses, incluyendo los nativos.

E-Verify

Entre las propuestas más populares para restringir a los inmigrantes indocumentados y llevar a cabo “desgaste a través de la aplicación”, haciendole la vida lo más difícil posible para que los inmigrantes no autorizados se auto-deportan de los Estados Unidos-es E-Verify, un sistema electrónico para comprobar el estado de la autorización de un empleado. El  Jefe proponente y el presidente del Comité Judicial de la Cámara Lamar Smith (R-TX) llama a E-Verify, “una herramienta de éxito para los empleadores que buscan contratar una fuerza laboral legal”, y afirma que el programa “ayuda a reducir el imán de puestos de trabajo que fomenta la inmigración ilegal.” Su proyecto de ley mas reciente, el Acta de la Fuerza Laboral Legal, haría lo que actualmente es un sistema voluntario a uno obligatorio para todos los empleadores del país entero.

A primera vista, un sistema electrónico de verificación de empleo no suena tan mal. Ya está en contra de la ley contratar a inmigrantes indocumentados, ¿por qué no utilizar el Internet para verificar el estado legal de alguien? El problema es que el programa cuenta con deficiencias importantes que deben causar preocupación para todos los estadounidenses.

Más significativamente, el registro del sistema es terrible cuando se trata de inmigrantes no autorizados, no identificándolos más de la mitad del tiempo. Incluso para los trabajadores que son ciudadanos de Estados Unidos, el sistema es excesivamente propenso a errores. Si el programa se convirtiera hoy en obligatorio, causaría a 770.000 de trabajadores que se encuentren legalmente y están autorizados legalmente, a perder sus puestos de trabajo.

Imagina haber nacido en los Estados Unidos y vivir aquí toda su vida, sólo para saber que una base de datos del gobierno lo considera no apto para trabajar. Todo por un sistema que es sólo el 46 por ciento preciso a la hora de capturar a inmigrantes indocumentados.

Una vez más, poniendo a estos inmigrantes en un camino hacia la legalización le permitiría al país para concentrarse en el fondo de la cuestión-si, por ejemplo, realmente quieren obligar a los empleadores a verificar con el gobierno federal antes de contratar a alguien.

Identificación de Votantes

Las legislaturas estatales conservadoras de todo el país desean solicitar ciertos documentos de identificación de votantes en nombre de prevenir el fraude electoral por los que no son ciudadanos. Pero un número infinitesimal de los casos de fraude electoral han sido identificados, mientras que un gran número de grupos son susceptibles de ser marginados por estas reglas. Los grupos más propensos a carecer de la documentación necesaria son los pobres, los ancianos, y las comunidades de color.

Algunos conservadores utilizan el espectro de los inmigrantes que votan ilegalmente para promover políticas que una vez más afectan negativamente a millones de estadounidenses. La creación de un camino hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados de la nación ayudaría a aclarar que estos esfuerzos de identificación de votantes no están diseñados para proteger contra el fraude, sino para suprimir la participación de los votantes.

Licencias de Conducir

El Acta REAL ID, aparentemente pasó para mejorar la seguridad nacional al impedir que los terroristas consiguieran licencias de conducir, fue defendido por restriccioncitas de la inmigración que lo veían como un freno a los esfuerzos de algunos estados para proporcionar acceso de los inmigrantes indocumentados a las licencias de conducir. Debido a la plena aplicación de la ley habría implicado compartir un base de datos masivo entre los estados y el gobierno federal, se creó la arquitectura de una tarjeta de identificación nacional que desencadena una reacción popular desde la izquierda y la derecha. Esa reacción estancó dramáticamente la aplicación de la ley, con estados y localidades que se niegan a participar.

Esto pone de manifiesto una vez más cómo la existencia de millones de inmigrantes indocumentados se convirtió en una cortina de humo para un esfuerzo para avanzar otra agenda: la creación de una tarjeta de identificación nacional. Ese es un tema justo para debatir sobre el fondo. Pero debido a que no se abordó directamente, terminamos con una política fracasada en el Acta REAL ID. Si la preocupación es realmente acerca de los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir, entonces el enfoque más obvio y eficaz sería exigir a los inmigrantes indocumentados registrarse y obtener estatus legal. Permitir que lo hagan también reduciría el número de personas que no tienen más remedio que conducir sin licencia y el seguro con el fin de ganarse la vida y alimentar a sus familias.

Fuerza Laboral

Muchos sectores de nuestra economía dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes, como la agricultura, la construcción, hoteles y restaurantes. En algunas industrias, los trabajadores inmigrantes indocumentados representan una proporción significativa de la fuerza laboral. Como hemos demostrado en otra parte, el impacto económico de la eliminación de todos estos trabajadores sería catastrófico. Pero la situación actual es igualmente insostenible porque el toque de tambor implacable de la ley de inmigración federal y los esfuerzos realizados por algunos estados para demonizar a los indocumentados hace que estos trabajadores sean cada vez más vulnerables.

Estos esfuerzos no son sólo malas para los trabajadores marginados-dañan a todos los estadounidenses. Empleadores de buena fe deben competir contra los que se aprovechan de esta mano de obra vulnerable, y los trabajadores nacionales deben competir contra los trabajadores que no pueden proteger sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un salario justo. Es una situación perder-perder que daría la vuelta a una situación donde se ganaría si nuestro Congreso tuviera la valentía de crear un proceso para la legalización de trabajadores inmigrantes que están comprometidos con este país. Nuestra incapacidad para atacar este problema ha perjudicado de forma desproporcionada a ciertas industrias, que incluye la agricultura y el sector de servicios.

Agricultura

La tensión entre la mano de obra inmigrante y la economía es más evidente en ninguna parte que en la agricultura. Según la mayoría de las estimaciones, los inmigrantes indocumentados representan más de la mitad de los trabajadores de la industria agrícola. Asimismo, el Departamento de Agricultura de EE.UU. ha estimado que cada trabajo agrícola crea tres puestos “upstream”  de trabajo en profesiones como el embalaje, el transporte y la venta del producto, lo que significa que lo que ocurre en el sector agrícola le afecta a la economía en su conjunto.

La agricultura es particularmente susceptible a los caprichos del mercado de trabajo, ya que los cultivos maduran a una hora fija y deben ser recogidos rápidamente antes de que se pudran. Los trabajadores migrantes suelen viajar por una ruta establecida, después de la temporada de crecimiento, ya que comienza en lugares como Florida y continua su camino hacia el norte. La interrupción de este flujo de recolectores puede ser devastadores para las economías locales y la seguridad alimentaria de la nación.

Tras el paso de la ley anti-inmigrante de Georgia, HB 87, por ejemplo, el Consejo Agri-negocio de Georgia estima que el estado podría perder hasta $1 mil millones en productos por la falta de mano de obra inmigrante. Una encuesta de los agricultores realizados por el Departamento de Agricultura de Georgia encontró un 56 por ciento de los encuestados estaban experimentando dificultades para encontrar trabajadores-un golpe devastador para el estado. Incluso un programa por el gobernador Nathan Deal (D-GA) para utilizar prisioneros que estaban en libertad condicional para llenar la escasez de trabajadores se desmoronó rápidamente, muchos de ellos parando de trabajar después de sólo unas pocas horas.

La creación de un proceso para la legalización de los trabajadores indocumentados ayudaría a estabilizar la fuerza de trabajo agrícola y mejorar la seguridad de alimentos de nuestro país. También disminuiría el incentivo de los estados de seguir el camino económicamente autodestructiva que Georgia, Alabama, Arizona, y otros han perseguido.

Sector de Servicios

Al igual que la industria de la agricultura, el sector de servicios, en particular el de los hoteles y restaurantes, han sido duramente golpeados por la imposibilidad de lograr una reforma migratoria, junto con la gran cantidad de leyes estatales que criminalizan a los indocumentados. Aproximadamente 2 millones de los 23 millones de trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos trabajan en el sector de servicios. Y como Darrell M. West de la Institución Brookings señala, muchos de los inmigrantes terminan trabajando en puestos de trabajo en lugares como hoteles y restaurantes, industrias donde no son suficientes los trabajadores nativos que están dispuestos a llenar estos puestos.

Arizona ofrece un caso de estudio sobre cómo las políticas de los indocumentados pueden afectar al sector de servicios. En 2010, el estado aprobó S.B. 1070, una ley anti-inmigrante. La aprobación del proyecto de ley dio lugar a un golpe importante a la industria del turismo, con un boicot importante del estado y un número de grupos nacionales destacados se negaron a celebrar conferencias y eventos en el estado.  Con todo, la investigación realizada por el Center for American Progress encontró que en el primer año de la ley por sí sola, Arizona perdió un total de $141 millones, incluyendo $45 millones en cancelaciones de alojamiento. La falta de turistas no sólo afectó a los medios de vida de los inmigrantes, sino de los nativos también: Un estimado de 2.700 puestos de trabajos y un total de $253 millones en impacto económico desaparecieron en un solo año.

La mano de obra inmigrante es fundamental para mantener nuestro sector de servicios en ejecución, y ningún mejor ejemplo se puede encontrar que en el huracán reciente de Sandy. Como informó Ted Hesson de ABC-Noticias Univisión, “puestos de trabajo de inmigrantes [mantuvieron a] New York City funcionando durante Sandy”, mientras conducían taxis, entregaron alimentos, y proporcionaron atención médica, solo como algunos ejemplos.

Conclusión

El fracaso de lidiar de manera realista con la gran población indocumentada establecida en nuestro país es económicamente autodestructiva en su propio derecho. Este informe pone de relieve la forma en el fallo que crea obstáculos para discusiones honestas y soluciones significativas en una variedad de otros temas importantes también.

Ya es hora que hagamos lo que es correcto para nuestro país y pongamos un fin al estancamiento de este tema. La política inteligente y las políticas buenas están directamente alineadas. El Congreso debe actuar para crear un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que trabajan duro.

Marshall Fitz es el director de Política de Inmigración en el Center for American Progress. Le gustaría dar las gracias a Max Lesser, un pasante con el equipo de Inmigración, por su ayuda en la redacción de este artículo.

 

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.