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El Éxito de la política de acción diferida para las personas que llegaron en su niñez

GED class

FUENTE: AP/Rebecca Breyer

Pilar Quinn, voluntaria, imparte una clase de preparación para el examen de Competencia de Escuela Preparatoria (GED) en una Escuela Marista en Atlanta, Georgia, el jueves 11 de octubre de 2012. La clase es para los inmigrantes que aplicaron para la Acción Diferida para las personas que llegaron en su Niñez.

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Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. han dado a conocer recientemente una segunda ronda de datos sobre la Política de Acción Diferida para las Personas Que Llegaron en su Niñez. Desde que se inició su aplicación a mediados de agosto, se han aceptado cerca de 180.000 solicitudes para su consideración y más de 4.500 jóvenes elegibles han recibido la acción diferida. Aunque la política aún se encuentra en su fase inicial, no es prematuro comenzar a evaluar su éxito y examinar su posible impacto.

El éxito de cualquier política diseñada para alentar a los inmigrantes indocumentados a presentarse al gobierno y solicitar su estatus legal puede evaluarse empleando dos normas. La primera—y sin duda el más importante—indicador de referencia es la máxima participación de la población elegible. La segunda es un proceso justo, eficiente y transparente para recibir y adjudicar las solicitudes. Hasta ahora el programa de acción diferida ha sobre-cumplido estas dos normas y, de continuar por este camino exitoso, los Estados Unidos estarán en condiciones de cosechar considerables beneficios económicos.

La historia de la acción diferida

Antes de evaluar el éxito del programa, es importante  que se comprenda primero el contexto en el que se creó el programa. Durante más de 10 años, incontables personas, entre ellos muchos inmigrantes valientes que carecen de estatus legal, han defendido un esfuerzo legislativo para aprobar el DREAM act—un proyecto de ley que crearía una vía a la ciudadanía estadounidense para personas no autorizadas que vinieron a los Estados Unidos cuando eran niños. Pero tras varios esfuerzos infructuosos para aprobar el proyecto de ley—el último fracaso fue después de un insuperable obstruccionismo republicano en el pleno del Senado a pesar de que la mayoría de senadores (55) votaron a favor—el Presidente Barack Obama empleó sus facultades ejecutivas para permitir que hasta 1,76 millones de aspirantes a hacerse ciudadanos estadounidenses salieron de las sombras de nuestra sociedad al autorizar a 950.000 personas que son elegibles de inmediato para solicitar su estatus. Y el 15 de junio de este año, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Janet Napolitano emitió una directiva que les permite a los jóvenes elegibles solicitar un amparo  discrecional que impida su deportación que es la política que ha dado en llamarse posteriormente la Acción Diferida para las personas que llegaron en su niñez.

En virtud de esta directiva, a los jóvenes inmigrantes se les autoriza a solicitar un perdón temporal por dos años para evitar la deportación y a pedir un permiso de trabajo si cumplen una serie de requisitos, entre ellos, tener menos de 30 años, haber vivido por más de cinco años en los Estados Unidos y haber ingresado en el país antes de haber cumplido los 16 años. Adicionalmente, los jóvenes deben haber terminado o estar actualmente matriculados en la escuela secundaria (o haber recibido un diploma equivalente de estudios secundarios GED) o haber servido en las fuerzas armadas de los EE.UU. A diferencia de el DREAM act, la acción diferida es un programa administrativo discrecional que es temporal—que les concede un aplazamiento por dos años a partir de la fecha de aprobación—y no les otorga residencia permanente.

La última vez que un número tan grande de inmigrantes indocumentados fueron autorizados a solicitar una suspensión de la deportación fue en 1986, cuando el entonces Presidente Ronald Reagan firmó la aprobación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración. Hoy en día, muchos investigadores académicos, formuladores de política y ciudadanos ven la Ley de Reforma y Control de Inmigración como un programa de legalización muy exitosa ya que sirvió para legalizar a un gran porcentaje de la población elegible en un breve plazo. Conforme a esa ley, se le otorgó la residencia legal temporal y la oportunidad de ganarse la residencia permanente a cerca de 1,7 millones de individuos*. Esto abarcó más del 77 por ciento de los que eran potencialmente elegibles para solicitar. Un rápido examen de las cifras sugiere que la política de Acción Diferida para las personas que llegaron en su niñez va camino de alcanzar el mismo éxito desde el punto de vista de sus índices de participación y de las experiencias positivas de los solicitantes a lo largo de todo el proceso, por no decir que está teniendo más éxito.

El éxito de la acción diferida

Tan solo en los primeros dos meses, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. recibieron y aceptaron 179.794  solicitudes de acción diferida para tramitar. Eso representa el 1,9 por ciento de los 950.000 individuos elegibles de forma inmediata.  El programa de la Ley de Reforma y Control de Inmigración llegó a este nivel, lo antes posible, al cuarto mes de la presentación de las solicitudes; solo el 3,07 por ciento de los 2,2 millones de inmigrantes que eran potencialmente elegibles conforme a la ley presentaron la solicitud en el primer mes de haberse promulgado la ley y al tercer mes solo se habían presentado el 13,3 por ciento de las posibles solicitudes. Los elevados índices de participación temprana en la aplicación de una política son cruciales porque envían una señal positiva de que demás personas elegibles deben presentar su solicitud. Hasta ahora, la Acción Diferida para las Personas Que Llegaron en su Niñez ha logrado justamente eso. Esto es un indicio de que se ha cumplido el primer indicador de referencia.

De igual modo, el elevado número de solicitudes presentadas y las más de 158.000 citas concertadas para realizar entrevistas biométricas sugieren que el segundo indicador de referencia para el éxito también se está cumpliendo, por lo menos en su etapa inicial: el proceso para la solicitud de la acción diferida es un proceso simplificado y transparente. Algo que sugiere aún más el éxito en este sentido es que a los dos primeros meses del programa, ya se han concedido  4.591 solicitudes de amparo. Desde el 10 de octubre los solicitantes no habían recibido cartas de rechazo. Estos resultados positivos envían una señal a los demás participantes elegibles que estén dudosos sobre si deben registrarse con el gobierno que es seguro dar un paso al frente y solicitar. Así, pues, la eficiencia y transparencia del proceso alienta a más inmigrantes a solicitar y aumenta las posibilidades de éxito general de la política.

Ahora que el Departamento de Seguridad Nacional  ha puesto los dos primeros indicadores del éxito en el buen camino, los formuladores de política deberían considerar cómo asegurar que se aprovechen al máximo los éxitos del programa. Estos inmigrantes tienen la posibilidad de contribuir a nuestra economía y sociedad en los próximos años.

La acción diferida y el DREAM Act

Con todo, dado que la política de Acción Diferida para las Personas Llegadas en su Niñez es una medida discrecional de carácter administrativo, su impacto es limitado. Por ejemplo en un informe dado a conocer este mes por el Center for American Progress  y la Alianza para una Nueva Economía Estadounidense, se calcula que la aprobación del DREAM act  que es más permanente—en tanto solución legislativa definitiva para estos jóvenes inmigrantes—aportaría un total de $329 mil millones a la economía estadounidense para el 2030. Este impulso económico se produciría debido a que el ajuste del estatus legal de personas jóvenes que pasarían a ser residentes permanentes conduciría a ingresos más elevados y crea posteriormente un efecto multiplicador en toda la economía.

Como es obvio, el hecho de que los beneficiarios de la acción diferida solo reciban autorización de trabajo temporal los limita en el logro de su pleno potencial para realizar sus contribuciones económicas a largo plazo. Pero lo que no puede negarse es que sacar a estos aspirantes a norteamericanos de su condición de marginados económicos al incorporarlos a la economía formal brindará un considerable impulso económico y fiscal. Ellos ganarán más dinero, gastarán más dinero y aportarán más a las arcas fiscales. Ahora está en manos del Congreso maximizar esa oportunidad económica—y nuestro interés colectivo propio—a través de la aceleración de este proceso y otorgándoles a estos jóvenes el estatus legal permanente como inmigrantes.

Maria Fernanda: Un estudio de caso práctico

Por primera vez, estos aspirantes a norteamericanos podrán participar de manera plena dentro de la sociedad en la que han vivido y trabajado durante años. María Fernanda Cabello es una de esas soñadoras del DREAM act : María Fernanda nació en México y emigró con su familia a Texas por necesidad económica cuando tenía 12 años. Tras graduarse en quinto lugar de su clase en una escuela secundaria en Houston, hoy en día cursa el último año de su carrera de ciencias políticas en la Universidad de Texas A&M en College Station, Texas.

Ella ha sido activista en favor del DREAM actdesde su primer año de Universidad y desde que visitó Washington, D.C. para asistir a una capacitación como activista en agosto cuando se aceptaron las primeras solicitudes de la acción diferida. Ella estuvo entre las más de 11.000 jóvenes tejanas que solicitaron el programa dentro del primer mes de su existencia. Maria Fernanda ha recibido la acción diferida y un permiso de trabajo, pero ella considera que su trabajo está lejos de haber concluido. “Quiero ayudar a las comunidades a que sepan que tienen que participar en forma activa en lo que está pasando, que deben ir a votar y ser activas”, señaló en una entrevista con Campus Progress. “Ahora que tengo el permiso de trabajo, esto es solo un recordatorio de que mis padres aún conducen su auto para ir al trabajo sin licencia de conducir  y están en riesgo”, continúa diciendo.

Maria Fernanda considera que los Estados Unidos es su patria y hogar y ahora ella, junto con más de 4.500 beneficiarios de la acción diferida, se encuentran a un paso más cerca del Sueño Americano. Examinemos la procedencia de los demás solicitantes de acción diferida.

Conclusión

En este reñido año electoral, la lógica común indica que las personas vacilarán en dar pruebas de su estatus no autorizado al próximo gobierno que aún está por determinarse. Pero las personas como Maria Fernanda habían cuestionado esta idea. Los 13.000 soñadores del DREAM actque se reunieron en el Navy Pier de Chicago el 15 de agosto—desde el primer día en que podían presentarse las solicitudes—para recibir asesoramiento en cuanto a cómo presentar su documentación para tramitar la acción diferida dieron señales de que el programa había tenido un buen comienzo.

Con casi un quinto de los posibles solicitantes que solicitan su estatus con tanta rapidez—incluso en un clima político tan tenue—podemos esperar que después de las elecciones de noviembre, el número de solicitantes siga creciendo. Si el Departamento de Seguridad Nacional sigue revisando y adjudicando de manera eficiente las solicitudes que se presentan, la política de la Acción Diferida para las personas que llegaron en su niñez podría ser una de las políticas inmigratorias más exitosas de nuestra época. Si el Congreso presta atención y adopta medidas legislativas para ofrecer una solución más permanente, el éxito de este programa demostrará que la incorporación de los inmigrantes indocumentados respetuosos de la ley al redil económico es un triunfo para los Estados Unidos.

Marshall Fitz es el Director de Política de Inmigración en el Center for American Progress. Patrick Oakforde es Asistente Investigativo del equipo de Política económica del Centro. Ann Garcia es Asociada de Investigación y Política del equipo de Inmigración del Centro.

* Esta cifra es el número de personas legalizadas conforme a lo dispuesto en la cláusula principal 245A de la Ley de Reforma y Control de Inmigración. Esta cláusula excluyó aproximadamente a 1,1 millones de inmigrantes indocumentados que trataron de obtener y fueron admitidos para la residencia temporal y luego permanente por una disposición de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 para los trabajadores agrícolas. Dado que estos trabajadores tenían que haber estado en los Estados Unidos durante 90 días de cada uno de los 3 años que precedieron a su legalización de 1986—comparados con los 5 años completos de presencia en el país que los otros solicitantes bajo la Ley de Reforma y Control de Inmigración tenían que cumplir previo a la legalización de 1986—estimamos que solo las cifras bajo la cláusula de legalización principal 245A es el mejor comparador para el programa de Acción Diferida para las Personas Que Llegaron en su Niñez.

 

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.