CAP in English
Small CAP Banner

El efecto dominó de la ley de inmigración de Alabama

H.B. 56 es malo para el estado y una estrategia condenada al fracaso para sus seguidores

FUENTE: AP/Dave Martin

Gobernador Robert Bentley (R-AL) firmó H.B. 56, la ley antiinmigrante de Alabama, el 9 de Junio, 2011.

    IMPRIMIR:
  • print icon
  • COMPARTIR:
  • Facebook icon
  • Twitter icon
  • Share on Google+
  • Email icon

Read in English

H.B. 56 es la más reciente—y la más radical—ley en una ola de leyes antiinmigrantes que las legislaturas en los estados conservadores han aprobado y los gobernadores conservadores han promulgado.

Aquí examinamos la ley de todos lados, considerando el estado de los retos legales, el miedo que la ley está generando, el activismo antiinmigrante detrás esta y otras leyes similares, y el daño electoral que es probable que les inflijan a sus partidarios conservadores.

Los retos legales al H.B. 56

El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó una demanda el 1 de agosto para bloquear la ley como una interferencia inconstitucional con la política federal. Sin embargo, la juez federal del distrito, Sharon Blackburn, dejó en su lugar muchas de las disposiciones más severas de H.B. 56.

Entre las medidas extremas que Blackburn dejó en vigor fue la disposición de H.B. 56 que convierte en crimen el estar en el país sin documentos legales. Además, permitió la implementación de la disposición que requiere que todas las escuelas verifiquen el estado de inmigración de sus alumnos y que comuniquen esa información al Estado.

Estas dos disposiciones se encuentran temporalmente bloqueadas por una apelación de emergencia al Tribunal de Apelaciones del 11th Circuito. Sin embargo, el no ser bloqueadas antes contribuyeron al ambiente hostil que llevó a miles de estudiantes a no presentarse a la escuela, forzó a que muchas familias latinas huyeran del estado.

Desafortunadamente, el 11th Circuito no pudo prevenir la implementación de otras medidas profundamente preocupantes mientras que continúan las apelaciones legales. La disposición infame de “papeles, por favor” es ahora la ley en Alabama. Esta disposición exige que la policía verifique el estado migratorio de cualquier persona que se sospeche sea indocumentado(a), y que detenga a ciertos inmigrantes indefinidamente.

También sigue intacta la disposición de H.B. 56 que hace que la mayoría de los contratos con inmigrantes indocumentados se anulen, lo cual deja a los inmigrantes indocumentados sin recursos para combatir a los empleadores o propietarios sin escrúpulos. Además, la corte tribunal defendió la disposición que convierte en felonía el entablar un contrato entre inmigrantes indocumentados y las entidades gubernamentales, incluyendo los servicios básicos como el agua corriente.

Un clima de miedo

Comunidades a través de Alabama están sintiendo los daños causados por esta discriminación que el Estado ha legitimado. Noticias de maltrato, hostigamiento, y abuso ya están llenando las líneas telefónicas de emergencia.

En efecto, todas las personas en Alabama que parecen ser extranjeros ahora están bajo sospecha de carecer de estado legal, y están obligados a llevar sus papeles todo el tiempo, o correr el riesgo de ser detenidos por la policía. Algunos inmigrantes ya decidieron de irse del estado, mientras que otros se esconderán aún más para evitar todo contacto con las autoridades.

La política de Xenofobia a corto plazo

Las iniciativas antiinmigrantes siguen floreciendo en las legislaturas estatales conservadores. Se describen como una expresión benigna de la frustración ante la incapacidad del gobierno federal para controlar la inmigración. Sin embargo, su manifestación en medidas radicales promovidas por medio de tácticas de miedo indica algo más pernicioso: crasa política partidista.

Alabama es un ejemplo. Si el estado estuviera frustrado por los impactos económicos de la inmigración indocumentada, habría adoptado una política balanceada guiada por los intereses fiscales y económicos del estado. Esta política, por ejemplo, habría animado a los trabajadores y sus empleadores que pagaran su parte total de impuestos y habría requerido que los empleadores proporcionaran seguro medico a sus trabajadores.

La única explicación plausible para el avance continuo de estas iniciativas es, entonces, la política de división. El Consejo Estadounidense de Intercambio Legislativo (ALEC, por sus siglas en inglés), una organización constituida por los legisladores estatales conservadores, presentó estas incitativas a legisladores en todo el país. Después, grupos antiinmigrantes como la Federación para la Reforma Migratoria Americana (FAIR por sus siglas en inglés) – una organización que el Centro de la Ley y la Pobreza del Sur clasificó como un grupo de odio –las promovieron activamente.

En total, seis estados conservadores han promulgado legislación de modelo de ALEC, diseñada para hacer la vida para los inmigrantes sumamente difícil: Alabama, Arizona, Georgia, Indiana, Carolina de Sur, y Utah. Las mayorías conservadores controlaban ambos cámaras en cada de estas legislaturas estatales, tales como las oficinas de gobernador.

Ganando la batalla de la retórica, pero perdiendo la guerra electoral

ALEC y sus aliados antiinmigrantes ganaron algunas batallas a nivel estatal. Pero, ¿están los conservadores condenados a perder la guerra en el proceso?

La ley H.B. 56 de Alabama y las otras medidas del estado ponen en evidencia la voluntad de los conservadores de sacrificar el poder electoral a largo plazo para la auto-preservación política a corto plazo. ¿Cómo se puede explicar de otra manera la demonización continua de los latinos, el sector del electorado estadounidense de más rápido crecimiento? Al elegir aislar al 16 por ciento de la población estadounidense, parecen estar preparados a pasar un invierno largo y frío en el desierto electoral.

Los conservadores tendrán que decidir si están al lado de Alabama – de criminalizar a los estudiantes y expulsarlos de sus escuelas – o si están firmes a favor del sueño americano. Tendrán que decidir si están al lado de la discriminación racial y la animosidad étnica, o si representan la justicia y la protección ecuánime.

Marshall Fitz es Director de la Política Inmigratoria, y Angela Kelly es Vice Presidente de Política Inmigratoria y Abogacía

Read in English

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.