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Las Normas de Deportación Anunciadas por el Departamento de Seguridad Nacional son Propicias

El gobierno se concentrará en expulsar solo aquellos que son una amenaza a la seguridad y el bienestar

FUENTE: AP/Danny Johnston

La Secretaria de Seguridad Nacional Janet Napolitano da un discurso en una serie de lecturas patrocinado por el Clinton School of Public Service en Little Rock, Arkansas. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que enfocará sus recursos en detener y expulsar a los individuos de más alta prioridad en vez de individuos de baja prioridad como niños, miembros de familias militares y cónyuges del mismo sexo.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) anunció recientemente una nueva iniciativa para concentrar sus recursos en la detención y la expulsión de personas de la más alta prioridad, los que representan una amenaza para la seguridad pública o seguridad nacional en lugar de personas de baja prioridad, incluyendo los niños, miembros de familias militares, y cónyuges del mismo sexo.

Esta norma encaja perfectamente dentro de la autoridad de la administración para ejercer discreción judicial en los casos de deportación. La discreción de los fiscales, quienes decidirán qué casos proseguir y cuáles abandonarán, es fundamental para la aplicación efectiva de la ley. Sin embargo, los críticos denuncian esta iniciativa como un movimiento con motivaciones políticas para atraer el voto latino y como algo inconstitucional para sobrepasar el Congreso. Al mismo tiempo, mientras que la iniciativa está siendo aplaudida por muchos grupos, muchos en la comunidad de abogacía se preocupan que la promesa de la nueva regla en papel no concuerde con su aplicación en la práctica.

Los objetivos de la nueva norma

El anuncio del DHS busca poner en práctica las prioridades articuladas del departamento en la detención y deportación de los inmigrantes no autorizados. Si esta nueva política se desarrolla y aplica como se había prometido, todas las partes del sistema inmigratorio (en el DHS y el DOJ- Departamento de Justicia), utilizarán el mismo conjunto de directrices para asegurar que los inmigrantes de alta prioridad sean procesados de manera eficaz y que los inmigrantes de baja prioridad no sean puestos en procedimientos de expulsión en el primer lugar.

DHS también anunció que los casos de inmigrantes que ya están en procedimiento de expulsión, alrededor de 300.000 personas, se revisarán caso por caso. Los casos que se consideren de prioridad baja serán cerrados administrativamente, lo que significa que por el momento la amenaza de deportación se levantará y el inmigrante podrá solicitar una autorización de trabajo de duración limitada. Los casos de alta prioridad involucrando a inmigrantes con antecedentes criminales se acelerarán a través del sistema de deportación.

Los que se oponen y gritan histéricamente "amnistía masiva" ignoran el hecho de que ni un solo inmigrante considerado de bajo riesgo recibirá el estatus legal a través de este cambio en la política, mucho menos la ciudadanía. Sólo un cambio legislativo puede alterar la situación jurídica de los inmigrantes indocumentados de manera concluyente.

De igual manera, la administración no ha creado un programa para que los inmigrantes no autorizados soliciten una condición legal. De hecho, grupos como la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración están advirtiendo a personas que no deberían tratar de ponerse en el proceso de deportación con la esperanza de obtener la autorización de trabajo.

Esta directriz también es susceptible a la cancelación por parte de las administraciones futuras. Uno puede imaginar un cambio rápido por un Presidente Rick Perry o Mitt Romney en el que las personas que se beneficiaron de este ejercicio de discreción serán marcadas como objetivo para la detención y deportación.

Los primeros informes y su potencial en el futuro

Hay evidencia de que este nuevo criterio ya se ha puesto en práctica. Sin embargo, cómo se juzgará esta política dependerá de cómo se implementa. Tomará tiempo para que los Departamentos de Seguridad Nacional y Justicia revisen todos los 300.000 casos pendientes de deportación. Quedan importantes preguntas como: ¿Quién será elegible para la autorización de trabajo? ¿Qué pasará con las personas que son condenadas por un delito relacionado con su condición de indocumentado, como conducir sin una licencia?

Los críticos no pueden contenerse

Independientemente de su aplicación, la nueva política será sin duda atacada por aquellos en la derecha que ven todo que no incluya la deportación masiva de los 11 millones de inmigrantes indocumentados como "amnistía".

Los restriccionistas argumentan que el gobierno federal ha descuidado su deber de hacer cumplir la ley inmigratoria, pero luego se oponen a cualquier intento del gobierno para hacer bien en sus obligaciones, como el de dar prioridad a la detención y expulsión de los casos más peligrosos.

Estos tipos de ataques en contra la administración no son nuevos. Incluso antes de que el DHS anuncie su nueva norma, el representante Lamar Smith (R-TX) y el senador David Vitter (R-LA) presentaron el Acta HALT, el cual haría imposible que el gobierno concede algún tipo de alivio inmigratorio—incluyendo, por ejemplo, a los cónyuges del personal militar de nuestra nación, las víctimas de desastres naturales en el extranjero, o incluso aquellos que huyen de la persecución en otro país.

¿Cuánto es esto una ley y cuánto es solo política?

Muchos también han declarado que el anunció del 18 de agosto fue una estrategia política diseñada para aplacar a los votantes latinos antes de las elecciones de 2012.

Pero cualquiera que le dé un momento de reflexión a la tarea gigante de coordinar un acuerdo sobre una norma que involucre dos departamentos tan grandes y diversos como el DHS y el DOJ se daría cuenta de que la coordinación de este anuncio no se debió a la política. Era el producto de un análisis profundo y deliberado que probablemente tomó meses para coordinar.

Los votantes latinos seguramente prestarán gran atención a si el anuncio del 18 de agosto hace honor a su promesa. Si ayuda a concentrar los recursos inmigratorios en las amenazas serias en lugar de las familias y los contribuyentes, podría ayudar a restaurar la fe de la comunidad latina al presidente. Si se queda corto podría ser visto como otra promesa incumplida.

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Angela M. Kelley es Vice Presidente de Política Inmigratoria y Abogacía, Marshall Fitz es Director de Política Inmigratoria, Philip E. Wolgin es Analista de Política Inmigratoria, y Ann Garcia es Asistente de Investigación en Inmigración en el Center for American Progress.

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.