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El Debate por el Derecho Natural a la Ciudadanía Es un Ataque Mal Disimulado a las Madres Inmigrantes

FUENTE: AP/Matt York

El senador estatal de Arizona Russell Pearce (R-Mesa), autor del proyecto de ley de inmigración en su estado, el SB 1070, admite que su apoyo por cambiar la constitución para negar el derecho natural a la ciudadanía es basado en el género.

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Durante este ciclo electoral, los conservadores se han llenado de prejuicios en contra de los inmigrantes, especialmente contra las mujeres embarazadas inmigrantes y sus hijos. Su táctica: cambiar la Constitución estadounidense para negar la ciudadanía a los bebes nacidos de mujeres indocumentadas que viven en este país.Esta es una estrategia suspicaz que ataca explícitamente a las comunidades latinas–el segmento de más rápido crecimiento dentro del electorado. Estos políticos desesperados prefieren deshacerse de nuevos votantes en lugar de esforzarse por generar simpatizantes. En su búsqueda por hacerse al poder, ellos harán o dirán cualquier cosa con tal de ser elegidos.

Esta también es una desagradable estrategia alimentada por el racismo y el sexismo la cual se aprovecha de una larga historia por controlar la población—es decir, esfuerzos gubernamentales de frenar el crecimiento demográfico entre las poblaciones desfavorecidas. Durante la esclavitud, los hijos de los dueños de esclavos emparentados con los esclavos mismos eran catalogados como esclavos, los cuales podrían ser vendidos como bienes, incrementando así la riqueza de su dueño en vez del tamaño de su familia. Las mujeres chinas en los años 1800s eran tildadas como prostitutas y les fueron negadas visas para reunirse con sus esposos quienes laboraban en la construcción de rieles. Y las mujeres de raza negra, nativas estadounidenses y latinas eran esterilizadas de forma rutinaria sin su consentimiento o sin conocimiento de causa tan recientemente como en los años setentas.

La retórica de los conservadores en este asunto es particularmente insolente, comparando el proceso de nacimiento humano con el de los animales de granja.

“Vienen aquí a dejar un hijo. Esto se llama ‘drop and leave’ (déjalo y vete)”, dijo el Sen. Lindsey Graham (R-SC) durante una entrevista en Fox News. Los comentarios de Graham fueron especialmente escandalosos dado su rol anterior como un principal defensor de una reforma migratoria integral dirigida a unir familias, mas no a dividirlas. No obstante, sus comentarios mantienen a flote un impulso para eliminar el derecho natural a la ciudadanía, haciendo eco en Capitol Hill–lugar en cual los líderes conservadores hicieron un llamado para abrir audiencias sobre este asunto.

Esta retórica no mejoró luego que el Rep. Phil Gingrey (R-GA), un obstetra convertido en congresista, dijera lo siguiente en la cadena MSNBC: “Esta situación de dejarlos, Chris, es a lo que nos referimos como ‘anchor baby’” (bebés anclas, o bebés de padres indocumentados que nacieron en Estados Unidos)”.

Y el senador estatal Russell Pearce (R-Mesa), el arquitecto del S.B. 1070, la ley anti-inmigrante de su estado que actualmente enfrenta cargos en la corte, reconoció que su apoyo por cambiar la constitución es basado en el género. Circuló y defendió públicamente una declaración de Al Garza, uno de sus constituyentes y uno de los oficiales principales del Minutemen Civil Defense Corps, un grupo clasificado como nativista extremista por el Southern Poverty Law Center.

El e-mail que Pearce defendió menciona lo siguiente: “Si vamos a tener un efecto en el asunto turbio de los bebés anclas, necesitamos ir tras la madre. Llámelo sexista, pero es así como la naturaleza lo ha estipulado. Los hombres no dan a luz a bebes y los dejan aquí, en cambio las madres ilegales sí”.

La amalgamación de propuestas legislativas por parte de Pearce conllevaría inexorablemente al perfil étnico entre las mujeres embarazadas. Esto ya aconteció en Utah aun sin contar con una legislación que lo autorizara. Dos empleados estatales enviaron los nombres de 1,300 personas a las autoridades y los medios de comunicación porque ellos sospechaban que eran inmigrantes indocumentados. La lista incluía las fechas en las que las embarazadas darían luz, lo cual es una desagradable invitación al acoso y es probablemente una violación a las leyes de privacidad de la salud federal.

Irónicamente, muchos de los mismos políticos que han apoyado la negación de la ciudadanía también se hacen llamar “pro-vida” y “pro-familia”. Aun así no vacilan en dividir a las familias a través de las rigurosas políticas de deportación o en deshumanizar a las mujeres inmigrantes y sus hijos con su detestable retórica.

Al presentar a las mujeres inmigrantes como algo infrahumano—como “dejar caer” a sus hijos al nacer como lo hacen los animales con sus crías—los oponentes a la inmigración despiertan miedos al decir que los extranjeros vienen a este país específicamente a tener hijos para obtener la ciudadanía por medio de sus hijos o para reclamar beneficios del gobierno. O, como el Rep. Louie Gohmert (R-TX) tontamente lo ha sustentado, “para criar y mimar” futuros terroristas.

Pero el simple hecho es que la mayoría de mujeres inmigrantes no vienen a Estados Unidos para dar a luz. Vienen a buscar trabajo. Un hijo no puede hacer una petición para que sus padres se conviertan en ciudadanos hasta que alcance los 21 años. Más aún, los inmigrantes indocumentados nunca han sido elegibles para recibir subsidios del gobierno, y los nuevos inmigrantes legales son inelegibles para recibir servicios dirigidos a los pobres como resultado de la ley de reforma de subsidios que el Presidente Bill Clinton autorizó.

No es coincidencia que dos subcomités del Comité Judicial de la Cámara de Representantes llevaran a cabo una audiencia en conjunto sobre siete proyectos de ley o resoluciones propuestas por los conservadores para limitar el derecho natural a la ciudadanía a finales de 1995, unos meses antes que el gobierno hiciera recortes en los beneficios de subsidios para los inmigrantes legales.

Aquellos que desean preservar los derechos constitucionales para los niños ciudadanos nacidos de inmigrantes argumentaban en ese entonces y hasta la fecha que si el derecho natural a la ciudadanía fuese removido, sería difícil de cumplirlo a cabalidad a la vez que la salud de las madres podría ponerse en peligro. Además, los profesionales del cuidado de la salud se convertirían en agentes de inmigración y las mujeres embarazadas que no “parecieran” ser ciudadanas podrían encarar interrogatorios estresantes o acoso en las fronteras.

Desde entonces, se han generado preguntas si las mujeres embarazadas son el blanco de las deportaciones, como fue el trágico caso de Jiang Zhen Xing, una mujer embarazada oriunda de la China. El 7 de febrero de 2006, Xing iba con su esposo y sus dos hijos a la oficina de inmigración cerca de Filadelfia, para lo que ellos pensaban era un interrogatorio ordinario. Pero ella fue detenida y llevada al aeropuerto del John F. Kennedy con destino a la China. Xing rogó que fuese atendida médicamente, lo cual le fue constantemente negado y fue detenida por ocho horas en el aeropuerto. Cuando finalmente fue llevada al hospital, los doctores descubrieron que había perdido a sus hijos gemelos.

Priscilla Huang, quien hizo el recuento de esta historia en Harvard Law & Policy Review, concluyó: “Las mujeres inmigrantes son particularmente propensas a los ataques ideológicos, al igual que las punitivas políticas de subsidios e inmigración debido a su capacidad de concebir hijos”.

Con algo de suerte, la sensatez prevalecerá. El Sen. John McCain (R-AZ), quien se encuentra en una fuerte contienda electoral en las primarias este mes, no se había opuesto inicialmente a las audiencias del derecho natural a la ciudadanía. Pero como un previo defensor de la reforma inmigratoria integral y quien a menudo se refería a los inmigrantes como “los hijos de Dios”, recientemente cambió su posición y se ha pronunciado oficialmente en contra de cambiar la 14ta enmienda.

Las dos candidatas republicanas en California también se han expresado en contra de la negación al derecho natural a la ciudadanía. La candidata a la gobernación Meg Whitman y la candidata al senado Carly Fiorina declararon a la prensa su oposición en cambiar esa parte de la Constitución.

Sin embargo, otra propuesta conservadora negaría a las embarazadas extranjeras un permiso para entrar a los Estados unidos. Esto, de igual forma, no tiene sentido y es imposible de llevarse a cabo. ¿Qué sugieren ellos? ¿Administrar pruebas de embarazo a todas las mujeres en la frontera?

El comediante político Stephen Colbert recientemente presentó tal irracionalidad del debate al solicitar en tono de burla que se instalara en la frontera una cerca hecha de látex cubierta de gel espermicida. Le dijo a su audiencia televisiva, “Estoy seguro que hay mujeres que están apuntando a la frontera en este momento” para que ellas puedan “lanzar” sus bebes a través de la frontera.

En efecto, este asunto políticamente fabricado es burlesco, pero no es un motivo de risa. Tomará tiempo recordarle al público que las únicas “anclas” en este debate son aquellos que crean una carga onerosa para el país y se rehúsan en actuar responsablemente, además de su falta por enmendar nuestro resquebrajado sistema inmigratorio al promulgar una reforma inmigratoria integral. El utilizar mujeres y niños como blanco es una salida cobarde.

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Gebe Martinez es una escritora sénior y analista política, Ann García es asistente especial de política inmigratoria, y Jesica Arons es directora del Programa de Derechos y Salud para las Mujeres para el Center for American Progress.

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.