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Ladrillo a Ladrillo

Media Década de Aplicación de la Ley Inmigratoria Y la Necesidad de una Reforma Inmigratoria Integral

FUENTE: AP/Lenny Ignelzl

Un vehiculo de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos patrulla entre la larga cerca primaria y secundaria en San Diego.

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Prólogo del Equipo de Inmigración del Center for American Progress

Durante los últimos cinco años los Estados Unidos ha emprendido una amplia iniciativa para la aplicación de la ley inmigratoria. Escrito por C. Stewart Verdery, ex subsecretario para la política de seguridad fronteriza y de transporte en el Departamento de Seguridad Nacional del 2003 al 2005, el informe que aparece más abajo clasifica la gama de medidas y la amplitud de recursos para la aplicación de la ley que se han utilizado durante este período.

El Center for American Progress (CAP) estima que la aplicación estricta de la ley en la frontera y la aplicación rigurosa de la ley en el centro laboral a los empleadores que violan la ley son componentes fundamentales de un sistema migratorio racional. No obstante, eso no significa que apoyemos todas las tácticas de aplicación de la ley que se han adoptado en el transcurso de los últimos cinco años.

Muchas de las iniciativas que se detallan en este informe reflejan los pasos sensatos que se han dado con el fin de restablecer el estado de derecho. Pero CAP considera que otros —por ejemplo el denominado “programa 287(g)”— asignan recursos en forma desacertada y han causado un efecto destructivo en las comunidades. Desde el punto de vista del CAP, las iniciativas como la ampliación de las políticas de expulsión expedita y detención obligatoria también suscitan serias preocupaciones sobre la equidad, la proporcionalidad y el debido proceso legal. Además, cabe observar que cualquier aparato masivo de aplicación de la ley lucha por mantener la integridad de las normas establecidas y ejecutar las prioridades directivas. De modo que hasta las políticas de aplicación de la ley diseñadas de manera inteligente pueden tornarse profundamente defectuosas a la hora de aplicarse, lo que provoca violaciones generalizadas de los derechos y otras consecuencias no deseadas.

Independientemente de cómo se interprete la sabiduría de las medidas particulares de aplicación de la ley, lo que es indiscutible es el compromiso sin precedente de recursos que existe para la aplicación de la ley en la frontera y en el interior. Los agitadores y políticos anti-inmigración que procuran utilizar la inmigración como un tema para fomentar la división política, sostienen que no podemos reformar nuestro sistema migratorio legal hasta que no hayamos asegurado la frontera. Los resultados que se exponen en este informe demuestran la insostenibilidad de esta línea argumental basada en “la aplicación de la ley primero”.

Además, la sostenida asignación de recursos a nuestras agencias de la ley debería crear la confianza de los legisladores legítimamente escépticos y del público frustrado en que el compromiso de aplicar las leyes migratorias de la nación es real. No obstante, esos esfuerzos de aplicación de la ley deben combinarse con reformas legales amplias y sistemáticas para que surtan efecto en la restauración del orden y el control de nuestro sistema. Actualmente, existe la voluntad y la infraestructura para la aplicación de la ley, pero no podemos imponer un sistema legal racional solo en base a la “mano dura”. La disfunción en gran escala del sistema persistirá hasta que el Congreso se arme de valor político para promulgar reformas inmigratorias integrales.

CAP ha enunciado un conjunto de principios que considera deberían servir de guía para la revisión legislativa de nuestro sistema inmigratorio. En resumen, entre esos principios se incluyen:

  • Establecer políticas y salvaguardias inteligentes de aplicación de la ley. La reforma significativa restablecerá el estado de derecho al unir las iniciativas de aplicación de la ley en los centros laborales y en la frontera con reformas legales que adopten los imperativos económicos y sociales del Siglo XXI. La reforma deberá restaurar la integridad de nuestras fronteras y la legalidad de nuestra fuerza laboral. Los esfuerzos desplegados en los últimos años por las autoridades estatales y locales con miras a ampliar la aplicación de la ley han dado lugar a la aparición de un conjunto fragmentario de leyes y han socavado las iniciativas de la labor policial comunitaria.
  • Resolver la situación de aquellos que se encuentran en la condición de indocumentados en los Estados Unidos. La reforma no puede restaurar el estado de derecho si desconoce a los 12 millones de personas que residen en los Estados Unidos sin una condición legal: hacerlo sería concederles una amnistía por omisión. Es poco realista sugerir que el gobierno persiga la deportación masiva de 12 millones de personas, hacerlo requeriría de una caravana de más de 200 000 autobuses que se extenderían a más de 2 896 kilómetros. Asimismo investigaciones realizadas por CAP estiman que la deportación masiva costaría cerca de $300 000 millones durante 5 años.
  • Crear canales legales que sean flexibles, sirvan a los intereses estadounidenses y reduzcan la inmigración ilegal. Los actuales canales migratorios familiares y laborales son rígidos, engorrosos y anticuados. La reforma requerirá enfrentar los remanentes de décadas de un sistema migratorio descompuesto facilitando el ingreso de las personas cuyas solicitudes están estancadas debido a los atrasos. Pero no podemos simplemente enfocarnos en enfrentar los subproductos del actual sistema descompuesto y esperar que no surjan nuevos problemas. Debemos establecer un sistema del Siglo XXI que reemplace la inmigración ilegal y los atrasos irresponsables por un marco flexible que adelante el doble interés de la nación en el crecimiento económico y en la unidad familiar.
  • Proteger a los trabajadores estadounidenses de los efectos desestabilizadores de la globalización. Sustituir la inmigración indocumentada por una inmigración regulada es necesario pero no es suficiente para proteger a los trabajadores nacionales estadounidenses y a los futuros trabajadores inmigrantes de la explotación. A los futuros inmigrantes deberá otorgárseles el arsenal completo de protecciones laborales para prevenir que los empleadores enfrenten a trabajadores nativos y extranjeros en una carrera hacia mínimos.
  • Promover una identidad estadounidense incluyente. La integración de grandes números de inmigrantes pone a prueba en forma continua y en última instancia fortalece y profundiza nuestro compromiso nacional con la igualdad, libertad y oportunidad. Por consiguiente, el éxito de la reforma inmigratoria a la larga dependerá de nuestra capacidad para integrar a los inmigrantes actuales y futuros al tejido social y cultural de la nación a través de la promoción efectiva del aprendizaje del idioma inglés, la educación cívica y el voluntariado.

Introducción y resumen

A medida que el Congreso y la Administración Obama consideran si las estrellas políticas se alinean para aprobar la reforma migratoria integral o CIR (por sus siglas en inglés), las partes interesadas están reexaminando los proyectos de ley que se debatieron intensamente entre el 2005 y el 2007 y reconsideran muchas de las mismas decisiones de política difíciles que el Congreso fue incapaz de resolver. Si bien el fracaso en concluir la legislación migratoria en el 2005, el 2006 o el 2007 puede haber bloqueado nuevos programas de legalización y de trabajadores migrantes, la implacable presión a favor de más aplicación de la ley migratoria continúa y se intensifica. En consecuencia, las capacidades y recursos para la aplicación de la ley que actualmente se encuentran a disposición de la policía son considerablemente más fuertes que durante los intensos debates de la última década.

La aplicación de la ley fue una preocupación fundamental en los debates anteriores sobre la reforma inmigratoria y no cabe duda de que será una preocupación crucial en los debates futuros. Por ejemplo, la primera sección del proyecto de ley del 2007 planteo que habrían requisitos específicos para desencadenar los beneficios del proyecto de ley y que estos no podrían entrar en vigor hasta que el secretario de seguridad nacional certificara el establecimiento, financiación e implantación de varias medidas del cumplimento de la ley migratoria.

La falta de confianza en la capacidad y el compromiso del gobierno federal para hacer cumplir las leyes migratorias contribuyeron a condenar al fracaso la gestión de reforma del 2007. Pero dado el papel fundamental que desempeña la aplicación efectiva de la ley en la preservación de la integridad de nuestro sistema migratorio, vale la pena evaluar los avances alcanzados por el Departamento de Seguridad Nacional en el cumplimiento de los indicadores básicos del proyecto de ley del 2007 en preparación para el próximo debate migratorio integral. Entre estos indicadores se incluyen:

  • Establecer el control operativo de la frontera con México
  • Ampliar el personal de la Patrulla Fronteriza
  • Construir fuertes barreras físicas y electrónicas en la frontera
  • Implementar una política de “captura y devolución”
  • Desplegar las herramientas de aplicación de la ley en el centro laboral

Este informe demuestra la fuerza mucho mayor que ha alcanzado la aplicación de la ley migratoria durante los últimos cinco años con particular énfasis en los indicadores básicos que aparecen en el proyecto de ley del Senado de 2007. En el informe se llega a la conclusión que el DHS ha dado grandes pasos de avance en el cumplimiento de estos indicadores básicos, además de emprender otros programas dirigidos en gran medida a garantizar la seguridad de los viajes internacionales, pero también con repercusiones importantes en una aplicación de la ley más amplia. Con todo, es un hecho que un número estimado de 11 millones de inmigrantes indocumentados siguen residiendo en los Estados Unidos. A falta de otros cambios en las leyes migratorias los aumentos presupuestales adicionales para los programas de inmigración no reducen de manera apreciable el tamaño de esa población.

En la medida en que el Congreso y la Administración Obama deliberen sobre los cambios de política relacionados con la población indocumentada y las reformas a los canales migratorios legales, estos debates deberán reflejar el hecho de que nuestras agencias federales están mucho mejor preparadas para hacer cumplir las leyes migratorias en el futuro.

Algunos argumentan que no se debería considerar la reforma inmigratoria integral (CIR) hasta que la frontera sur no esté asegurada, toda vez que la guerra de la droga se ha intensificado en México y ha provocado incidentes de violencia del lado estadounidense de la frontera. No obstante, la realidad es que siempre habrá criminales e inmigrantes inadmisibles que traten de aprovecharse de una frontera terrestre extensa. La interrogante que deben plantearse las autoridades responsables de formular la política es cuál es la mejor estrategia para minimizar la violencia y la inmigración ilegal. La necesidad apremiante de arreglar nuestro descompuesto sistema migratorio no ha hecho más que crecer en la medida que la aplicación de la ley se ha elevado a un nivel fuerte. Sería una estrategia poco realista, poco práctica e infructuosa esperar a tener una frontera herméticamente sellada para resolver nuestros problemas migratorios.

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Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.