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El Costo de las Deportaciones Masivas de Inmigrantes Indocumentados

Las Políticas de Represión son Extremadamente Irrealizables y Prohibitivamente Costosas

FUENTE: AP/Brian Kersey

Un grupo de deportados esperan ser transferidos a las instalaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos en Broadview, Illinois.

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Sinopsis disponible en español (pdf)

Hace casi tres años, el Congreso intentó reformar el descompuesto sistema migratorio de la nación, pero no alcanzó a realizar su meta. Las preguntas clave sobre qué debe hacerse con los inmigrantes indocumentados que ya viven en los Estados Unidos y con aquellos que de seguro tratarán de llegar a nuestras costas en el futuro impidieron llegar a un acuerdo político y suspendieron las negociaciones congresionales en el 2007. Durante las presidencias de George W. Bush y Barack Obama, se han multiplicado las nuevas estrategias de represión del delito y la asignación de recursos destinados a la represión. No obstante, la disfuncionalidad inherente del sistema se ha hecho más profunda y se ha ampliado el llamado público a favor de que se busquen soluciones.

La batalla legislativa por la reforma inmigratoria se perfila sobre el horizonte. Existen tres opciones para restaurar el orden en nuestro sistema inmigratorio:

  • Vivir con el estado disfuncional del sistema, mientras se invierten miles de millones de dólares en los programas de represión de la inmigración ilegal en los centros laborales, comunidades y fronteras sin reducir la cantidad de inmigrantes indocumentados en el país
  • Redoblar esta fallida estrategia de represión del delito en un intento por detener y deportar a todos los actuales inmigrantes indocumentados
  • Combinar una estrategia de aplicación de la ley estricta con un programa que exija a los trabajadores indocumentados registrarse, pasar verificaciones de antecedentes, pagar íntegramente la parte de los impuestos que les corresponde y ganarse el privilegio de la ciudadanía, a la vez que se crean las vías legales para permitir la inmigración en el futuro

La primera alternativa dejaría en pie las políticas que han permitido que en nuestro país siga indocumentado el 5% de la fuerza laboral, lo que en marzo de 2008 equivalía aproximadamente a 8,3 millones de trabajadores. Queda claro que permitir a una clase de trabajadores que trabajen en una economía ilegal sujetos a la explotación, socavando así los derechos y oportunidades de todos los trabajadores, es una posición insostenible en una sociedad democrática.

La segunda opción, que es la deportación masiva de inmigrantes indocumentados, es esencialmente la aplicación de la política actual de represión solamente elevada a la máxima expresión. Como lo demuestra este informe, esta opción sería prohibitivamente costosa y provocaría profundas consecuencias colaterales. Nuestro análisis consta de un examen detallado de todos los gastos federales que se dedicaron a prevenir la inmigración no autorizada y a deportar a los inmigrantes indocumentados en el año fiscal 2008, el último año fiscal (que finalizó en octubre de 2008) del cual hay datos completos (véase el recuadro que aparece en la página numero cinco del estudio). Este estudio muestra que el costo total de las deportaciones masivas y los esfuerzos continuos de interceptación en la frontera y represión interna alcanzarían los $285 mil millones (a los dólares del 2008) en el transcurso de cinco años.

En concreto, en este informe se calcula que se requeriría la ejecución de una redada federal para detener a un número aproximado de 10,8 millones de inmigrantes en los Estados Unidos en un espacio de 5 años a un costo de $200 mil millones. No obstante, esa cantidad no incluye los gastos anuales recurrentes de la represión interna y en las fronteras que necesariamente tendrá que llevarse a cabo. Mantener el statu quo actual que existe en las fronteras y en el interior les costaría a los contribuyentes por lo menos otros $17 mil millones cada año (a los dólares del 2008) o un total de casi $85 mil millones en cinco años. Eso significa que el costo total de la represión de la inmigración ilegal siguiendo una estrategia de deportación masiva sería aproximadamente de $285 mil millones.

Cuando se mira a través de este prisma muy estrecho pero sumamente revelador, debería quedar en claro que una estrategia basada en la deportación solamente es desmesuradamente irresponsable. En estos tiempos económicos difíciles sería un enorme derroche de los dólares del contribuyente el gastarse una fortuna en enfrentar un síntoma de nuestra crisis inmigratoria sin tratar las causas profundas. El gasto de $285 mil millones requeriría imponer $922 en nuevos impuestos a cada hombre, mujer y niño de este país. Si se recaudara una suma como ésa, ese dinero serviría para ofrecerle a cada estudiante de escuela pública y privada de preescolar a preuniversitario la cantidad adicional de $5.100 para su educación. O para hacer una comparación frívola, los $285 mil millones servirían para pagar unos 26.146 viajes en el cohete espacial de viajes privados Falcon 1e.

Evidentemente, la peor coyuntura económica por la que pasamos desde la Gran Depresión ha disminuido el número de personas que intentan ingresar en el país en forma ilegal, toda vez que la falta de empleos elimina el principal incentivo para emigrar. Y sin embargo, aún cuando ha disminuido la presión en la frontera, los aumentos dramáticos que se han producido en los gastos de represión de la inmigración ilegal no han alterado de manera apreciable el número neto de inmigrantes indocumentados que se encuentran en el país. De hecho, el Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. informa que la población de inmigrantes indocumentados a partir de enero de 2009 se mantiene en los 10,8 millones, ó 300.000 más que en el 2005. Dicho de otro modo, los cuantiosos gastos de recursos que se dedican a la represión del delito apenas hacen mella alguna en la población ya existente.

Esto deja la tercera vía de la reforma inmigratoria integral como la única alternativa racional. La solución a nuestro descompuesto sistema migratorio deberá combinar la aplicación de la ley del delito cometido en las fronteras y en los centros laborales con reformas prácticas que promuevan el crecimiento económico, protejan a todos los trabajadores y reúnan a los miembros de la familia inmediata. Entre otras cosas, esto significa que debemos establecer un programa realista que exija a los inmigrantes indocumentados que se registren con el gobierno, al tiempo que se crean vías legales a la inmigración que sean flexibles, que sirvan el interés nacional y que reduzcan la futura inmigración ilegal.

Algunos proponentes de la segunda opción—la estrategia de deportación solamente—sostienen que la Gran Recesión y el aumento del desempleo justifican las deportaciones masivas. Como si las deportaciones fueran una panacea para los males económicos que padece la nación el miembro de rango de la Comisión Judicial de la Cámara, el Congresista Lamar Smith (R-TX), afirma: “La única medida más eficaz que podría aplicar el DHS para crear empleos para los trabajadores estadounidenses sería llevar a cabo una enérgica campaña de represión del delito a nivel de los centros laborales y deportar de manera efectiva a los trabajadores inmigrantes ilegales de modo que no permanezcan aquí para competir con los ciudadanos y los inmigrantes legales que buscan empleos.” El análisis evidentemente erróneo que se esconde detrás de este argumento —que los desempleados estadounidenses son el substituto perfecto de los trabajadores indocumentados en la fuerza laboral –pasa por alto el impacto devastador que tendría un enfoque de esa índole sobre el crecimiento económico.

En efecto, en un estudio reciente realizado por el Center for American Progress y el Immigration Policy Center se demuestra cómo la legalización de los inmigrantes indocumentados y vías inmigratorias más flexibles ampliarían en forma considerable la economía—al aportar $1,5 billones acumulados al producto interno bruto a lo largo de 10 años—a través de mayores gastos por parte del consumidor, mayores ingresos fiscales y otros factores conexos. En contraposición a ello, un enfoque centrado en la deportación generaría un efecto acumulado de pérdida de $2,5 billones en el transcurso de 10 años para la economía estadounidense. Se trata de una fluctuación de $4 billones en el PIB que dependerá del enfoque de política que adoptemos.

Cuando las autoridades responsables de formular la política en el Congreso y sus electores en todo el país sopesen los costes poco realistas de la represión contra la inmigración ilegal en un período de cinco años siguiendo una estrategia orientada a la deportación solamente—los $285 mil millones—comparada con la alternativa progresista reconocerán de una vez por todas que las deportaciones masivas son fiscalmente insostenibles.

En este trabajo se demuestra en detalle las graves consecuencias de la política de deportación solamente para la economía de la nación y cómo la ejecución de una política de ese tipo requeriría cuantiosos gastos directos. Analizamos datos disponibles en fuentes públicas para evaluar los gastos y los pasos requeridos para llevar a cabo dicha política, desde el momento de la detención hasta su traslado fuera del país. Nuestro informe parte de supuestos conservadores en el análisis de variables clave a fin de garantizar que los requerimientos de gastos y programa previstos sean realistas y no estén sobredimensionados. Nuestras conclusiones no son sólo aleccionadoras, sino que prueban de manera irrefutable que una estrategia inmigratoria orientada a la deportación solamente sería el colmo de la locura.

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Sinopsis disponible en español (pdf)

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.