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Un Año Después BP Todavía No ‘Ha Hecho Lo Que Debe’

BP Debe Hacer un Pago Inicial Inmediato a un Fondo de Restauración Futura

FUENTE: AP/US Coast Guard

Barcos de incendio le echan agua a los restos en llamas de la plataforma petrolera Deepwater Horizon de BP.

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En el primer aniversario del desastre petrolero del Deepwater Horizon, los ecosistemas y las comunidades del golfo siguen sufriendo. Es hora de actuar con objeto de restaurar esta región vital a corto plazo y comenzar a crear soluciones duraderas para traer estabilidad económica y ecológica a la Costa del Golfo en las próximas décadas.

La legislación propuesta por el Sen. David Vitter (R-LA) y el Congresista Jeff Landry (R-LA) exigiría a BP y a otros grupos responsables que demuestren su compromiso con la restauración del Golfo haciendo un pago inicial inmediato de las multas que están obligados a pagar.

También se precisan soluciones más integrales. El pasado febrero el Center for American Progres y OxFam America dieron a conocer el informe titulado “Más Allá de la Recuperación”, en el que se pone de relieve la necesidad de reorientar el motor económico de la región para apartarlo del uso de los combustibles fósiles, protegiendo y sanando a la vez la costa a través de proyectos de restauración de pantanos en gran escala. En el informe se recomienda que se dedique el 80% de todas las multas a financiar los proyectos de restauración del golfo.

También recomendamos que el Congreso establezca un Consejo de Recuperación de la Costa del Golfo que incluya un consejo asesor de ciudadanos independientes que brinden un punto de vista de abajo arriba sobre la recuperación económica equitativa.

No obstante, pese a la urgente necesidad de acción, éstas y otras recomendaciones no han calado de manera importante en el Congreso. Después de un año ya es hora de pedir responsabilidad a BP para que ayude a restaurar la región y debemos comenzar a promover la recuperación tanto económica como ecológica del Golfo empezando por las recomendaciones definidas en el informe de CAP.

Mientras tanto, la Costa del Golfo sigue sintiendo el impacto del derrame. Se informó este mes que con el petróleo del desastre de BP quedaron contaminadas 3,000 millas de playa y pantanos. Una gran parte del esfuerzo de limpieza solo ha tocado la superficie y todos los días aparecen en la costa nuevas “bolas de alquitrán”. Los expertos en fauna siguen advirtiendo que está en riesgo la salud de una variedad de especies migratorias amenazada y en peligro de extinción en el Golfo.

Esto hace aún peor una situación ya de por sí peligrosa. Solo en el Siglo XX se ha perdido casi un tercio de los pantanos del Golfo. Sin la restauración en gran escala de la región del Golfo está en camino de perderse una masa de tierra del tamaño de Rhode Island para 2050.

La protección de la Costa del Golfo es tanto un imperativo económico como ambiental. Según un análisis de Earth Economics los pantanos proveen hasta $47 mil millones en beneficios cada año. Ello se debe en parte a que son una zona de amortiguación vital entre las fuertes tormentas y las inundaciones. Un ecosistema saludable es también crucial para la industria pesquera comercial de $2,400 millones y la industria turística de $23,200 millones del Golfo de México.

La restauración de los pantanos también puede generar empleos. El Fondo de Defensa Ambiental ha comprobado que por cada $1 millón que se invierte en estos pueden crearse 29 nuevos empleos.

BP y otros grupos responsables deben ser obligados a cumplir su promesa de dar compensación plena por los daños y perjuicios ocasionados a las personas, negocios y al frágil ecosistema de la región del Golfo.

A petición de la Casa Blanca BP estableció un fondo de depósito de $20 mil millones para atender el proceso de reclamaciones. Poco después la compañía reclamó cerca de $10 millones de crédito fiscal como resultado de los gastos en que había incurrido durante el proceso de limpieza.

Pese a la insistencia del gobierno de que BP sufragará el costo total de la limpieza sin precedentes, todo parece indicar que los contribuyentes van a pagar la mitad de la cuenta. Los pagos no finalizan ahí tampoco. Transocean dio bonos de seguridad a sus principales ejecutivos en diciembre de 2010 a pesar de que la explosión de su plataforma petrolera mató a 11 personas y desató el mayor derrame de petróleo en la historia de los Estados Unidos.

Y Feinberg Rozen, la firma contratada por BP para atender al proceso de reclamaciones, se dio a sí misma un aumento, mientras las familias y negocios de toda la región aún se tambalean. Actualmente se les está pagando $1.250.000 al mes.

Más aún, BP ha aclarado que pondrá fin a los procedimientos de compensación para individuos y negocios en el 2013, conforme a su acuerdo con la Casa Blanca, aun cuando los estudios recientes concluyen que podría tomar décadas antes de que se sepan cuáles serán las verdaderas pérdidas del derrame.

Conforme a lo dispuesto por el Clean Water Act (la Ley de Agua Limpia), a BP podría cobrársele hasta $4,300 por cada uno de los 400 millones de barriles de petróleo derramados en el Golfo de México, aunque un resquicio en el texto de la ley podría reducir de manera dramática la responsabilidad de la compañía.

Es imperativo que estos fondos se inviertan en proyectos de recuperación importantes a largo plazo, no en sumas globales que se traspasen sin un criterio definido y con muy poca fiscalización, idealmente a través del establecimiento de un consejo asesor de ciudadanos independientes.

Pese a la afirmación de BP de que han asignado cientos de millones de dólares para proyectos de restauración solo hay un proyecto de ese tipo en ejecución en el Mississippi. En Luisiana, que como se plantea es el estado más duramente afectado por el desastre, no se está haciendo nada.

El desastroso estado en que se encuentra el proceso de recuperación pone de manifiesto la necesidad de que BP demuestre su verdadero compromiso con la región de la Costa del Golfo haciendo un pago inicial sustancial para llevar a vías de hecho las extensas obras de restauración y rehabilitación que se requieren en lo adelante. BP y otras partes responsables deben reconocer su obligación actuando ahora.

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Jorge Madrid es Investigador Asociado y Kiley Kroh es Directora Asociada de Comunicaciones Marinas en CAP.

Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.