FUENTE: AP/Jacquelyn Martin

Josué Benavides, de 28 años, al centro, quien proviene originalmente de El Salvador, posa para un retrato con sus primos, Jonathan, de 7 años, a la izquierda, y Christopher Benavides, de 11 años, de Alexandria, Virginia, tras asistir al "Acto por la Ciudadanía", acto celebrado cerca al Capitolio en Washington, el miércoles 10 de abril de 2013, en apoyo a la reforma inmigratoria.

Durante los últimos meses, cuatro Demócratas del Senado—Chuck Schumer (NY), Dick Durbin (IL), Bob Menendez (NJ) y Michael Bennet (CO)—han trabajado con cuatro Republicanos del Senado—John McCain (AZ), Lindsay Graham (SC), Marco Rubio (FL) y Jeff Flake (AZ)—con el fin de elaborar una propuesta para reparar el fallido sistema de inmigración de nuestra nación. El producto de las negociaciones bipartidistas del “Grupo de los 8” es un proyecto de ley titulado “Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización de la Inmigración de 2013,” presentado en el Senado hace unos días.

Si bien está lejos de ser perfecta, esta solución histórica de compromiso bipartidista hará mucho para de establecer una política de inmigración digna de nuestros valores y apropiada para el Siglo XXI. He aquí las 10 principales formas en que el proyecto de ley de inmigración integral del Senado repara el muy maltrecho sistema de inmigración de nuestra nación.

1. Restablece valores estadounidenses fundamentales. El proyecto de ley crearía un sistema de inmigración que honre nuestra historia como nación de inmigrantes y que renueve la promesa de que los inmigrantes que trabajen con ahínco y que cumplen las normas pueden realizar sus sueños en América. El proyecto de ley pararía las más de 400.000 deportaciones anuales que separan a las familias y destruyen a las comunidades. También protege de la deportación a aquellos inmigrantes indocumentados que llegaron a los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 que han mantenido presencia continua desde entonces y que no han cometido ningún delito grave y los pone en el camino de lograr la plena ciudadanía.

2. Aumenta el  salario básico de todos los trabajadores. El proyecto de ley permite que los inmigrantes indocumentados que hayan llegado a los Estados Unidos antes del 31 de diciembre de 2011 soliciten su estatus como inmigrante provisional registrado o RPI. Esto le permite a los nuevos estadounidenses indocumentados trabajar de manera legal en los Estados Unidos mientras esperan poder solicitar la residencia permanente legal y eventualmente la ciudadanía estadounidense y previene que empleados inescrupulosos les paguen menos, lo que baja los salarios y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores. El proyecto de ley también incluye importantes protecciones salariales y de trabajo para los futuros trabajadores inmigrantes, lo que los protege de la explotación.

3. Preserva la unidad familiar. El proyecto de ley elimina las limitaciones en el número de visas que los residentes permanentes legales pueden solicitar para sus cónyuges e hijos menores,  garantizando que las familias no sean separadas por años mientras esperan por su estatus legal. Crea un proceso para eliminar de manera agresiva los atrasos estimados en  4,4 millones de personas en los sistemas de visa basados en la familia y el empleo en los próximos 10 años. Y crea una nueva visa de no inmigrante que permite a individuos entrar y trabajar en los Estados Unidos mientras esperan por la disponibilidad de una visa familiar. El proyecto de ley reconoce que las familias tienen mejores posibilidades de lograr el Sueño Americano  cuando están juntas y busca asegurar que las familias se establezcan estando unidas.

4. Promueve la plena incorporación estadounidense. El proyecto de ley permite a los individuos que han permanecido en los Estados Unidos con estatus legal y autorización de trabajo por más de 10 años, incluidos los inmigrantes legalizados con estatus de RPI, soliciten su tarjeta verde. En esta disposición se incluye a los inmigrantes que han mantenido un estatus de protección temporal o de salida de cumplimiento diferida—dos designaciones para inmigrantes que ya estaban viviendo en los Estados cuando condiciones extraordinarias en su país de origen les prohibieran regresar a su país—por 10 años o más, permitiéndoles por primera vez lograr la residencia permanente y convertirse en miembro pleno e igual de la sociedad. Más aún, el proyecto de ley les permite a estos residentes de largo plazo solicitar la ciudadanía tras asegurar sus tarjetas verdes.

5. Protege a los SOÑADORES y a los trabajadores agrícolas. La propuesta de los senadores reconoce las circunstancias sui géneris que enfrentan los individuos que fueron traídos a los Estados Unidos de niños y les ofrece una vía acelerada en cinco años para ganarse la residencia permanente y la ciudadanía en vez de la vía de los 10 años para la mayoría de los inmigrantes no autorizados. Asimismo, el proyecto de ley reconoce el alto porcentaje de trabajadores agrícolas que se encuentran indocumentados y su importancia para la industria. Con el fin de estabilizar la industria agrícola, el proyecto de ley autoriza a los trabajadores agrícolas a solicitar la residencia permanente cinco años a partir de la promulgación del proyecto de ley.

6. Crea igualdad de condiciones para todos los empleados. La propuesta de inmigración del Senado establece como mandato la obligatoriedad del uso de E-Verify, el sistema de verificación electrónica del empleo del gobierno, para todos los empleadores a fin de asegurar que los trabajadores que sean contratados estén autorizados para trabajar en los Estados Unidos. Este programa obligatorio protegerá la integridad del sistema de empleo al asegurar que los empleadores y trabajadores sean responsables de sus actos y, junto con las disposiciones de legalización, garantizarán que no se imponga obligación excesiva alguna a aquellos que actualmente no poseen un estatus legal. El mandato incluye un período de transición de cinco años para permitir que los pequeños negocios cuenten con más tiempo para cumplir con los requisitos que sean establecidos.

7. Impulsa el crecimiento económico. La legislación bipartidista permite a los inmigrantes indocumentados alcanzar su pleno potential de ingresos al darles un camino hacia el estatus legal y la capacidad de trabajar legalmente, incluyendo la posibilidad de conseguir trabajos mejor remunerados que se correspondan con sus habilidades. El estatus legal también brinda un incentivo a los trabajadores para promover su educación y  capacitación. Como promedio, los inmigrantes indocumentados aumentarán sus ingresos en un 15 por ciento en cinco años bajo este proyecto de ley, lo que generará $832 mil millones acumulativos de crecimiento económico  y $109 mil millones en aumentos de ingresos fiscales durante los próximos 10 años. También creará un estimado de 121.000 empleos cada año, beneficios que redundarán en provecho de todos los estadounidenses.

8. Moderniza nuestro sistema de inmigración. El proyecto de inmigración del Senado crea una nueva categoría de tarjeta verde basada en el mérito para los individuos que cumplan ciertos criterios—por ejemplo, nivel de educación, habilidades lingüísticas, empleo y vínculos familiares—que se consideren en interés nacional. Amplía el número de tarjetas verdes para profesionales altamente calificados con títulos de postgrado, crea una categoría de visa para persona menos calificadas y establece una oficina encargada de analizar los datos económicos, laborales y demográficos para ayudar a fijar los límites anuales de cada tipo de visa.

9. Aumenta la seguridad nacional. Diferenciar entre quién se encuentra en nuestro país para hacernos daño y quién está aquí simplemente para lograr una vida mejor para sí mismos y sus familias hace más segura a nuestra nación a largo plazo. El proyecto de ley exige a los inmigrantes indocumentados que llegaron el 31 de diciembre de 2011 que se registren con el Departamento de Seguridad Nacional y se sometan a verificaciones de sus antecedentes penales y de seguridad nacional. Los individuos que hayan sido condenados de un delito mayor o de tres o más delitos menores no serían elegibles para permanecer en los Estados Unidos. Asimismo, los individuos que sean inadmisibles por otras razones de carácter criminal, de seguridad nacional, salud pública o moral, tendrían que salir del país.

10. Fortalece la seguridad fronteriza. El proyecto de ley fija la meta de detener o disuadir el  90 por ciento de los intentos de entradas ilegales de cada uno de los sectores de  “alto riesgo” de la frontera sudoccidental, donde fueron capturadas el pasado año fiscal más de 30.000 personas. Si no se cumple esta meta de eficacia en el término de cinco años, se autorizará financiamiento adicional y se creará una comisión para emitir recomendaciones sobre medidas puntuales adicionales. Esta inversión inteligente en la seguridad fronteriza contribuirá sobremanera a asegurar que se proteja la frontera en constante evolución.

Es notable que el proyecto de ley deja fuera a determinados grupos como parejas LBGT de inmigrantes y elimina programas como el de lotería de visas de diversidad, que concedía 50.000 visas por año, escogidas por sorteo de entre solicitantes de países con cifras históricamente bajas de inmigrantes.  Aun así, el proyecto de ley de inmigración del Senado es una solución práctica y bien pensada que dará a aproximadamente 11,1 millones de personas la oportunidad de convertirse en miembros plenos e iguales de la sociedad, impulsará nuestra economía y creará un sistema inmigratorio legal del Siglo XXI que refleje nuestros valores y nuestras necesidades económicas. El Congreso debería seguir el espíritu partidista del Grupo de los of 8 y aprobar este proyecto de ley lo más rápido posible.

Marshall Fitz es Director de Política Inmigratoria en el Center for American Progress. Ann Garcia es Analista de Política en el Center. Philip E. Wolgin es Analista Principal de Política del Equipo de Política Inmigratoria del Centro.

El presidente del Comité Presupuestario de la Cámara Paul Ryan (R-WI) habla sobre su nuevo presupuesto para el año 2014 durante una conferencia de prensa en Capitol Hill en Washington el martes, 12 de marzo de 2013.

Por los dos últimos años, el presidente de Comité Presupuestario de la Cámara de Representantes Paul Ryan (R-WI) dio a conocer presupuestos que beneficiaría a los estadounidenses más ricos a costa de todos los demás. La semana pasada, aquellos que esperaban que los presupuestos fiscales del año 2014 de Paul Ryan fueran diferentes a sus anteriores, quedaron decepcionados. Igual a presupuesto del año fiscal en 2013, el último presupuesto del congresista Ryan, ofrece enormes recortes de impuestos a los ricos a costa de la red de seguridad que apoya a los más vulnerables.

El objetivo del presupuesto es balancear la deuda nacional a lo largo de 10 años, pero como el plan de Congresista Ryan no incluye nuevas formas de ingresos, la deuda tendrá que ser reducida a través de recortes de gastos discrecionales que no incluyan el presupuesto del departamento de defensa. De acuerdo a las proyecciones previstas el agosto pasado por Congressional Budget Office, el balancear la deuda en 10 años sin ningún tipo de aumento de ingresos requeriría una reducción de 20 por ciento de gastos federales, o $5700 mil millones, durante la próxima década. El presupuesto de austeridad provocaría un descenso en la proporción de gastos discrecionales  —a apenas 2.1 por ciento del producto interno bruto de EE.UU. por el año 2023— un tercio más bajo de lo que ha sido en la historia moderna. Aunque el Cong. Ryan habla del inminente “dolor” de la crisis fiscal si no controlamos nuestra deuda, los grandes recortes que su plan incluye simplemente imponen ese mismo dolor hacia las comunidades de bajos ingresos y comunidades de color.

Las comunidades de color todavía sufren las consecuencias de la recesión económica anterior. El desempleo sigue alto: en enero, el 9.7 por ciento de los hispanos y el 13.8 por ciento de los afroamericanos no tenían empleo, en comparación con sólo el 7 por ciento de blancos. Los beneficios federales al desempleo,  que ya enfrentas recortes, enfrentaría mayores recortes con el presupuesto del congresista Ryan, ya que el propone $900 mil millones en recortes adicionales a los gastos discrecionales no relacionados con la defensa.

Durante la Gran Recesión las oportunidades económicas se redujeron más rápidamente para las comunidades de color que para los blancos, y esas oportunidades también se han manifestado en menor número durante la recuperación económica, lo que ha resultado en un lento crecimiento de oportunidades de empleo, y por ende una drástica disminución de ingresos familiares. Es más, la tasa de pobreza, la cual ya era alta para las comunidades de color, aumento más rápidamente en la recesión y la recuperación que la de los blancos. En 2010, los afroamericanos y los latinos experimentaron tasas de pobreza de 24.2 por ciento y 24 por ciento, en comparación con las tasas de pobreza de 9.3 por ciento para los estadounidenses asiáticos y el 7.3 por ciento de los blancos en ese mismo año.

El presupuesto de Ryan, recortaría un total de $1.2 billones de dólares entre inversiones públicas en educación, recurso de capacitación, investigaciones en ciencias y tecnología, y desarrollo de infraestructura. Estas inversiones no sólo son esenciales para que los Estados Unidos pueda competir económicamente, pero también para que pueda proporciona empleos y servicios críticos a las comunidades de color. Estos recortes afectarían a programas como YouthBuild, que conecta a jóvenes de bajos recursos a programas educativos y capacitación, y provee servicios  mayormente a jóvenes de color. El recortar el desarrollo de infraestructura también eliminaría puestos de empleo en sectores importantes para estas comunidades, como la construcción y el transporte público los cuales desproporcionadamente emplean a personas de color. Tales recortes haría que el crecimiento de empleo de los últimos tres años se detenga, y las comunidades de color serían las más afectadas.

El presupuesto que Ryan propone también busca derogar el Affordable Care Act, que ha dado a millones de personas de color el acceso a la atención médica. El Departamento de Salud de los Estados Unidos y Servicios Humanos calcula que en 2011, había 54 millones de estadounidenses que se beneficiaron de la cobertura de servicios preventivos del Affordable Care Act. Esto incluye aproximadamente 5.5 millones de afroamericanos, 6.1 millones de latinos, 2.7 millones de asiáticos y 300,000 de personas indígenas— los cuales perderían el acceso a una serie de servicios de prevención si esta reforma fuera derogada. Millones de jóvenes menores de 26 años que actualmente reciben atención médica bajo el seguro médico de sus padres también perderían su cobertura, incluyendo aproximadamente 736,000 de latinos, 410,000 de afroamericanos, 97,000 asiático-americanos, y 29,000 indios americanos y nativos de Alaska. Estos jóvenes, en conjunto representan más de la mitad de los 2.5 millones jóvenes que consiguieron seguro médico bajo la nueva parte de la cobertura de dependientes.

El Congresista Ryan también haría cambios importantes en Medicaid. Las expansiones de Medicaid bajo la Ley Affordable Care Act serían derogadas, ya que el presupuesto de Ryan propone reversar estas reformas que son consideradas como  las provisiones más importante de la ley. Para cuando la ley entre en plena vigencia, se espera que la cobertura de Medicaid se expandiría a aproximadamente 16 millones de estadounidenses—tres de cada cuatro de estos serían personas de color.  Solo en la comunidad latina, la ley extendería cobertura a 9 millones de personas. En cambio, el presupuesto de Ryan planea a derogar esas reformas y asignar fondos en “bloque” al Medicaid para que los estados administren el programa–  estados que ya enfrentas escases de ingresos.  Esto revertiría los enormes beneficios que el Affordable Care Act ha traido a las comunidades de color.

Y aún hay más, el presupuesto de Ryan cambiaría el Medicare que conocemos. Su presupuesto sustituirá el sistema actual y en vez les daría a las personas de la tercera edad la posibilidad de comprar un seguro privado en el intercambio de seguros y estos recibirían como forma de “apoyo” pagos que son esencialmente cupones. En 2010, el 23 por ciento de los adultos mayores de color contaban con Medicare como su única fuente de cobertura de salud. Aunque el presupuesto de Rep. Ryan promete “ayudar [a los mayores de edad] a pagar las primas de seguro,” las personas mayores tendrán que pagar más dinero de su bolsillo por este servicio vital.

En tema de educación, el presupuesto de Ryan reduce la financiación a los programas diseñados para cerrar la brecha de rendimiento, tales como las becas Pell—que son destinadas con mayor frecuencia a los estudiantes cuyo ingreso familiar es menos de $20,000 para ayudar a compensar los costos de una educación universitaria. En 2011, casi un cuarto—24 por ciento de los que utilizaron las becas Pell fueron afroamericanos, mientras que el 21.5 por ciento eran latinos. Mientras que en teoría el presupuesto reconoce que en los próximos años un mayor número de trabajos tendrán como requisito la  educación secundaria, el mismo presupuesto efectivamente limita el acceso a la educación superior. Como parte de su campaña para reducir el gasto público, el presupuesto del congresista Ryan busca mantener la máxima cantidad de un Pell Grant a $ 5,645 por año durante los próximos 10 años. Esto no es congruente con el creciente costo promedio de la matrícula, que solo entre el  2008 y el 2010 ha subido en un promedio de 15 por ciento en instituciones de cuatro años.

Y aunque las comunidades de bajos ingresos y comunidades de color tendrán que cargar con el  mayor impacto de su presupuesto, el Rep. Ryan quiere ofrecer enormes desgravaciones fiscales a los individuos más ricos y corporaciones. El presupuesto recortaría la tasa impositiva individual de 39.6 por ciento a 25 por ciento, que asciende a una rebaja de impuestos de más de $1 billón a los ricos. El presupuesto también derogaría el impuesto mínimo alternativo—un impuesto establecido por el gobierno federal sobre los ingresos por encima de un cierto umbral—y reduciria la tasa impositiva corporativa máxima al 25 por ciento. El resultado sería una pérdida de $7 billones de dólares en ingresos para el gobierno federal, que el presupuesto de Ryan no tiene en cuenta.

El último presupuesto de Congresista Ryan, al igual que los dos anteriores, es una continuación de políticas que buscan deshilachar la red de seguridad social, reducir el crecimiento económico, y eliminar empleos e inversiones—todo esto impactara desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y a la clase media.  El Congresista Ryan tiene la intención de que la mayoría de los estadounidenses sufran para que él pueda ofrecer exenciones extravagantes de impuestos a los ricos. Es evidente que este presupuesto no tiene un enfoque equilibrado que satisfaga nuestras necesidades fiscales, y otra vez más las comunidades de color serán las que sufran más.

Morriah Kaplan es una pasante con Progress 2050 del Center for American Progress. Daniella Gibbs Léger es vicepresidente senior del programa American Values ​​y New Communities del centro. 

FUENTE: AP/Carolyn Kaster

El Presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara Paul Ryan (R-WI) habla sobre la resolución del presupuesto del 2014 el martes 12 de marzo de 2013, durante una rueda de prensa en el Capitolio en Washington.

¿Cómo llama usted a un futuro de peligrosa contaminación, catastróficos eventos meteorológicos extremos, regalos a las Grandes Compañías Petroleras y una dependencia aún mayor de los combustibles fósiles? Si usted es el Presidente del Comité de Presupuesto de la Cámara Paul Ryan (R-WI), usted lo llama “El Camino a la Prosperidad.”

No es coincidencia que ese sea el nombre del plan de presupuesto para el año fiscal 2014 que Representante Ryan ha dado a conocer ayer. El plan contiene tantos ataques falsos o engañosos sobre la energía limpia que se le podría excusar si usted pensara que una parte del plan parece simplemente ridículo.  Ryan censura el apoyo a los llamados intereses especiales; él afirma que se han otorgado miles de millones de dólares en préstamos fracasados; y él sostiene que los precios de la energía  están aumentando de manera arbitraria.

Su propuesta hace que la energía limpia parezca algo terrible. Con todo, afortunadamente, nada de lo que plantea es cierto. La realidad es que la energía limpia es el verdadero “camino a la prosperidad”, y el plan de Ryan sería el que nos llevaría exactamente por el camino equivocado.

Si bien no deberíamos hacernos muchas ilusiones de que el Representante Ryan cambie de discurso en cuanto a la energía limpia lo importante es saber lo equivocado que está. Existen tres hechos clave acerca de la energía limpia que él simplemente prefiere pasar por alto, lo que lo lleva a formular las terribles recomendaciones de política que propone en su presupuesto.

Hecho No. 1: Los estadounidenses de todas las tendencias políticas apoyan la energía limpia, no los combustibles fósiles

La propuesta de presupuesto de Ryan hace parecer como si nadie en los EE.UU., aparte de la admistración Obama, apoya la energía limpia. Pero eso sencillamente no es cierto. En una encuesta realizada en cuatro estados—Colorado, Iowa, Ohio y Virginia—durante la elección de noviembre de 2012, más de 70 por ciento de los votantes apoyaron las inversiones de gobierno continuas en la energía limpia.

Los estadounidenses apoyan esas inversiones porque saben que ésas son las fuentes de energía limpias y renovables del futuro. Es por ello que el gobierno debe invertir en estas tecnologías emergentes ahora en vez de continuar subsidiando los combustibles fósiles del pasado.

El presupuesto del Representante Ryan gastaría más en los combustibles fósiles sucios que en una energía limpia, eficiente y renovable. No hay razón alguna para que el gobierno gaste nada en absoluto en las tecnologías de combustibles fósiles. ¿Cómo puede el Representante Ryan desconocer un siglo de exenciones fiscales otorgadas a las compañías de combustibles fósiles, que superan considerablemente las inversiones recientes que se han hecho en energías limpias? De hecho, según un informe de DBL Investors, entre 1918 y el 2009, la industria del petróleo y el gas recibió casi 100 veces tanto apoyo federal como las energías renovables.

Mientras el Rep. Ryan escribe que “[la administración Obama] prodiga fondos a sus industrias favorecidas”, lo cierto es que la administración está haciendo exactamente lo que el público estadounidense quiere que haga: apoyar la transición a un futuro de energía limpia invirtiendo en las tecnologías emergentes.

Hecho No. 2: Las inversiones en energía limpia son inversiones racionales

Afortunadamente, las inversiones en energía limpia son buenas inversiones racionales que el gobierno debe hacer.

Una gran parte del presupuesto de Ryan está dedicado a difamar a las compañías que recibieron garantías de préstamos del Departamento de Energía. Según el Representante Ryan, “Muchos de los proyectos de garantías de préstamos del gobierno han fracasado”.  Sin embargo, el hecho es que la inmensa mayoría de los beneficiarios de las garantías de préstamos están prosperando y van a pagar los préstamos con intereses. Por ejemplo, precisamente la semana pasada, el fabricante de vehículos eléctricos Tesla reportó que pagará su préstamo al gobierno cinco años antes de lo previsto.

De hecho, todo el programa crediticio para las tecnologías de energías avanzadas es saludable. Precisamente el año pasado, Herb Allison, el jefe  nacional de las finanzas de la campaña presidencial del 2000 del Sen. John McCain’s (R-AZ), realizó un análisis de la cartera del programa completo y llegó a la conclusión de que le costará a los contribuyentes $2.000 millones menos de lo previsto inicialmente.

Con todo, aun peor que la tergiversación de la salud fiscal del programa de garantías de préstamos para la energía limpia, el plan de presupuesto del  Rep. Ryan impugna la capacidad de determinadas compañías exitosas. Como ejemplo ilustrativo, el Rep. Ryan afirma, “Más allá de Solyndra, entre las últimas infortunadas empresas se incluye una garantía de préstamos por valor de $737 millones a Solar Reserve para una torre solar de 110-megavatios a construirse en terrenos federales en Nevada y una garantía de préstamo de $337 millones para Mesquite Solar 1 con el fin de construir una planta solar de 150-megavatios en Arizona”.

Desde luego, el problema es que ninguno de estos proyectos tiene nada de “infortunado”. La planta de Mesquite está casi ejecutada y venderá energía a una empresa eléctrica pública por un contrato de 20 años. La construcción de Solar Reserve continúa en marcha conforme al cronograma y la compañía está en camino de pagar el préstamo.

Pese a las pruebas indiscutibles de éxito, el Rep. Ryan propone suprimir el financiamiento a los programas de garantías de préstamos. Ésta no solo es una mala idea, sino que la idea ya estaba incluida en la “Ley de No Más Solyndras”, que el Congreso no aprobó el año pasado. Yo supongo que si el Rep. Ryan considera que proponer el mismo  presupuesto básico que ha fracasado durante tres años seguidos es buena idea, su repetida presentación de una mala recomendación reciclada sobre el programa de garantías de préstamos tampoco debería constituir sorpresa alguna.

Hecho No. 3: Debemos reducir la contaminación

Solo en los últimos dos años los peores fenómenos meteorológicos extremos que se han producido en relación con el clima le han costado a los estadounidenses $188 mil millones. Estos devastadores huracanes y sequias se empeoraron debido a la contaminación por el gas de efecto invernadero, producida principalmente por la quema de combustibles fósiles. Cabría preguntarse: ¿cree el Representante Ryan que debemos hacer algo para reducir la contaminación? Claro está que no parece ser así. En cambio, su presupuesto sostiene equivocadamente que cualquier intento que se realice para lograr que los norteamericanos estén más saludables y seguros es un esfuerzo arbitrario para racionar y gravar ciertas fuentes de energía.  Lo cierto es que debemos reducir la contaminación de carbono, y los esfuerzos realizados por el gobierno de Obama para hacerlo han sido acogidos con satisfacción por el público.

Francamente, los despectivos calificativos empleados por el Representante Ryan para referirse a las medidas adoptadas para combatir los cambios climáticos son más que enojosos. El plantea que un sistema de mercado que reduzca la contaminación de carbono de forma rentable es “una estructura burocrática complicada para la gravación y el racionamiento de las fuentes de energía tradicionales”.  En realidad, el régimen de comercio de derechos de emisión –empleado originalmente por el presidente Ronald Reagan- resulta rentable para reducir la contaminación a un precio relativamente bajo, e incluye bastante apoyo a favor de las fuentes de energía tradicionales siempre que estas reduzcan su contaminación. Aunque no es una persona que deje que los hechos le estorben, el Representante Ryan califica de “unilaterales” los esfuerzos realizados por la Agencia de Protección Ambiental (EPA en ingles) para reducir la contaminación, aun cuando dichas reducciones sean requeridas por la Ley del Aire Limpio, tal como lo interpreta la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos de América.  Es evidente que la administración simplemente está haciendo cumplir la ley.

Su ataque a la EPA es un área más donde el Rep. Ryan ha perdido el contacto con los sentimientos del público. Varias encuestas han demostrado que el público apoya las medidas adoptadas por la  EPA con miras a reducir la contaminación de carbono. Aún más, el año pasado la EPA recibió más de 3 millones de comentarios en los que se instaba a la agencia a fijar normas de contaminación del carbono para las plantas nuevas y ya existentes.

El presupuesto del Rep. Ryan también da el paso sin precedente de aprobar el oleoducto Keystone XL, aun cuando la evaluación económica y ambiental está incompleta. Él justifica esta medida inflando de manera irracional la cifra de empleos que generaría el proyecto. De hecho, la Declaración Complementaria de Impacto Ambiental del Departamento de Estado constató que el proyecto Keystone crearía 35 (así es—treinta y cinco) empleos permanentes y 3.500 empleos temporales. Mientras tanto, el oleoducto facilitaría la explosión de la producción de petróleo en arenas bituminosas, lo que produciría por lo menos el 17 por ciento más de contaminación de carbono comparada con la producción tradicional de petróleo y gas estadounidense.

Conclusión

Las propuestas de energía del Rep. Ryan en su presupuesto son una mezcla de mala política y falsas concepciones. Para la mayoría de los estadounidenses, su “camino a la prosperidad” nos hace retroceder a más contaminación, más gastos gubernamentales dispendiosos en compañías petroleras ricas y una mayor dependencia de los combustibles fósiles. El presupuesto del Rep. Ryan es un “camino a la prosperidad” únicamente para las compañías de combustible fósiles que se han beneficiado de un siglo de apoyo federal y son la causa del devastador cambio climático. La visión desfasada del Rep. Ryan de los EE.UU. está divorciada de las personas y familias estadounidenses que quieren avanzar hacia un futuro verdaderamente próspero de energía limpia y aire limpio.

Richard Caperton es el Director dl programa de Inversión en Energías Limpias del Center for American Progress.

Patrick Oakford es asistente de investigación en el departamento de Política Económica en el Centro para el Progreso Estadounidense. Vanessa Cárdenas es Directora de Progress 2050 en el Centro.

Los activistas de inmigración se toman de las manos frente a la Torre de la Libertad en el centro de Miami, el lunes 28 de enero de 2013.

A medida que se caldea el tema de la reforma migratoria en el Congreso y la Casa Blanca da su impulso a la acción legislativa, los opositores de la inmigración ya están haciendo campaña en contra de las reformas que impone el sentido común.  Su línea de ataque actual se basa en la afirmación  no fundamentada de que la legalización de 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en los Estados Unidos resultará muy costosa para nuestra nación. Haciéndole el juego a un prejuicio ignorante, estos grupos sugieren falsamente que los inmigrantes se “aprovechan” –o sea,  son personas que utilizan más beneficios públicos que otros grupos– y que como resultado de ello,  la legalización le costaría a los Estados Unidos billones de dólares.

Los expertos economistas han desacreditado totalmente este estereotipo general de que los inmigrantes son aprovechados y han encontrado que los inmigrantes son un beneficio neto positivo para la economía y aportan más al sistema de lo que reciben.   De hecho, las contribuciones de los inmigrantes han desempeñado un papel clave en la prolongación de solvencia del Fondo de Fideicomiso del Seguro Social.  Y la verdad es que los análisis de costo/beneficio que han utilizado los restriccionistas de la inmigración para formular sus ilógicas proyecciones de costos son simplemente incompletos e imprecisos.

De hecho, los inmigrantes tienden a dar y no a recibir. Más abajo mostramos las pruebas claras que demuestran este punto de vista y rechazan algunas de las afirmaciones recicladas sobre el costo que representan los inmigrantes para los Estados Unidos.

Los inmigrantes son un beneficio neto positivo para la economía

A continuación exponemos solo algunos ejemplos de cómo los inmigrantes aportan más de lo que reciben a la economía de los Estados Unidos.

Las grandes ganancias  para el PIB e ingresos fiscales de la legalización

Investigaciones realizadas por el profesor Raúl Hinojosa-Ojeda de la UCLA muestran que la legalización de la población inmigrante indocumentada de nuestra nación y la reforma de nuestro sistema legal de inmigración aportarían una suma acumulativa de $1,5 billones al PIB de los EE.UU a lo largo de una década.  Estas grandes ganancias se deben a que los trabajadores legalizados devengan salarios más altos que los trabajadores indocumentados y estos utilizan esos salarios para comprar viviendas, autos, teléfonos y ropas. A medida que circula más dinero por la economía estadounidense, los negocios crecen para satisfacer una mayor demanda de bienes y servicios, lo que genera más empleos y un mayor valor económico.  El profesor Hinojosa-Ojeda descubrió que sólo en los primeros tres años los beneficios fiscales de la legalización estarían entre los $4.500 y  los $5.400 millones.

Un gran estímulo económico proveniente de la “Ley del Sueño”

En investigaciones realizadas por los economistas Juan Carlos Guzmán y Raúl Jara de Notre Dame se descubrió que la aprobación de la “Ley del Sueño” aportaría $329 mil millones de dólares a la economía estadounidense para el 2030.  La “Ley del Sueño” le proporciona un doble estímulo a la economía: Primero, los “Soñadores” podrán trabajar legalmente (generalmente ganando un salario más alto) y segundo, debido a los requisitos para terminar los estudios secundarios y parte de la universidad o el servicio militar, estos tendrán una mayor educación  y formación lo cual significa puestos de trabajo mejor remunerados.  Todos esos salarios adicionales circulan por toda la economía apoyando así la creación de nuevos empleos también para los nativos.

Los ciudadanos naturalizados ganan aún más

Una gran cantidad de publicaciones demuestra que los ciudadanos naturalizados son de mayor beneficio económico incluso que los residentes permanentes legales. Manuel Pastor, de la Universidad del Sur de California, calculó que en los Estados Unidos los ciudadanos naturalizados ganan entre un 8 y un 11 por ciento más en salario luego de convertirse en ciudadanos naturalizados.  Pastor concluye que incluso si la mitad de aquellos que son hoy elegibles (el Departamento de Seguridad Nacional calcula que existen más de 8,5 millones de personas dentro de esta categoría) obtuvieran la ciudadanía, esto aportaría entre $21 mil y $45 mil millones a la economía en un plazo de cinco años.

Incluso los inmigrantes indocumentados pagan impuestos

Los inmigrantes –incluso los que son indocumentados– pagan una suma significativa por concepto de impuestos todos los años. En un estudio realizado en el 2011 por el Instituto de Tributación Fiscal y Política Económica se constató que solo en el 2010 los inmigrantes indocumentados pagaron $11.200 millones en impuestos locales y estatales, inyectándole una suma de dinero significativa a las finanzas locales y estatales. Es importante resaltar que a los inmigrantes  (incluso a los inmigrantes legales) se les prohíbe utilizar la mayoría de los servicios sociales, lo que significa que ellos pagan para apoyar beneficios que no pueden recibir.

Los inmigrantes  ayudan a mantener solvente al Seguro Social

Según la Fundación Nacional para la Política Americana, durante los próximos 75 años, los inmigrantes  aportarán la suma neta de $611 mil millones al sistema de Seguro Social.  Los inmigrantes representan un elemento impulsor clave para mantener solvente al Fondo de Fideicomiso del Seguro Social, y Stuart Anderson de la Fundación Nacional para la Política Estadounidense comprobó que prohibir la inmigración al país aumentaría el déficit del Servicio Social en un 31 por ciento en un plazo de cincuenta años.

El panorama contable lleva a conclusiones incorrectas

Sin embargo, aun con estos beneficios económicos positivos, los grupos antiinmigrantes continúan insistiendo en que los inmigrantes le sacan al sistema más de lo que aportan a éste. Últimamente, hay dos estudios en particular que han recibido atención: un estudio realizado en el 2007 por la Fundación Heritage, que mostró que la legalización tendría un costo de $2,6 billones; y, un estudio realizado en el 2010 por el Centro de Estudios sobre Inmigración, en el que se llegó a la conclusión de que los inmigrantes hispanos utilizan más beneficios públicos que otros grupos.

Ambos estudios se basan en una imagen de los inmigrantes congelada en el tiempo para obtener sus cálculos. La Fundación Heritage se centra en los inmigrantes solo como jubilados sin tomar en cuenta el dinero que ellos pagan al sistema durante sus años de vida laboral. El Centro de Estudios sobre Inmigración se centra en las familias con hijos sin tomar en cuenta los impuestos que sus hijos pagarán durante sus vidas. Cada enfoque se basa en supuestos incorrectos.

El estudio de la Fundación Heritage: da una imagen engañosa de la vida del inmigrante

Por medio de un titular llamativo de 2007, Robert Rector de la Fundación Heritage argumentó que la legalización de los inmigrantes indocumentados le costaría a los contribuyentes ”por lo menos $2,6 billones “. El mensaje era engañosamente sencillo: en algún momento futuro los inmigrantes legales alcanzarán los 67 años de edad y se jubilarán. Una vez jubilados, estos inmigrantes le costarán a los contribuyentes una considerable suma de dinero por concepto del uso de programas como el Seguro Social y el Medicare, suma que el autor estima será de $17.000 por año aproximadamente por un promedio de 18 años. Multiplíquese los consiguientes $306.000 por 8,5 millones de adultos legalizados quienes Rector espera que alcancen la edad del retiro y así es como se obtiene la cifra de los $2.6 billones.

El contexto ausente: los inmigrantes aportan al sistema mucho antes de jubilarse

El problema que presenta este tipo de pensamiento mágico es que Rector no pudo proporcionar el contexto elemental para sus conclusiones: más importante aún, él solamente analiza los costos que conllevarían los inmigrantes una vez que estos se hayan jubilado y no toma en cuenta los impuestos que ellos habrían pagado al sistema durante su vida laboral y antes de jubilarse.   Todos los jubilados utilizan más en servicios que lo que aportan en impuestos durante sus años de jubilación, pero el trato explicito que ofrecen los programas como el Seguro Social es que se aporta al sistema durante su vida laboral y luego una vez que se jubila la persona recibe los beneficios del sistema.

Además de que el estudio solamente considera una parte de  las aportaciones de una vida –aquellas hechas durante la jubilación– de los inmigrantes, Rector evalúa de manera incorrecta el costo fiscal de los inmigrantes durante la jubilación suponiendo que, por ejemplo, todos los inmigrantes indocumentados no cuentan con una educación secundaria. Incluso si tan extravagante afirmación fuese cierta –y según el Centro Hispano Pew, solamente el 49 por ciento de los inmigrantes indocumentados no cuentan con un diploma de secundaria– es casi seguro que una parte de la comunidad de inmigrantes logrará una mayor educación luego de legalizarse, lo que conlleva a salarios más altos y por tanto a mayores contribuciones fiscales al Seguro Social y al Medicare.

Rector también asevera que los inmigrantes jubilados impondrán un costo neto de $17.000 por año, pero no brinda ninguna explicación o cita para justificar como llegó a este cálculo. Sin saber cómo llega él a esa cifra, resulta imposible saber si ese es incluso el impacto fiscal neto anual de los inmigrantes jubilados, mucho menos si este es compensado por pagos efectuados al sistema a lo largo de la vida laboral del inmigrante.

La conclusión es: que los inmigrantes reciben menos beneficios del Seguro Social que los nacidos aquí

Por último, el estudio realizado por la Fundación Heritage omite reconocer que las investigaciones demuestran que es menos probable que los inmigrantes jubilados  utilicen los beneficios que los ciudadanos nativos jubilados. Por ejemplo, los demógrafos James P. Smith y  Barry Edmonston, comprobaron que los inmigrantes reciben menos beneficios del Seguro Social y Medicare que sus descendientes de segunda generación y la población nativa.  Y en un análisis de los datos de un estudio sobre la población activa realizado en marzo de 2012 también se indica que los inmigrantes que reciben beneficios del Seguro Social reciben menos beneficios que los beneficiarios nativos (Véase la figura 1).  Por lo tanto, insinuar que los inmigrantes jubilados serán una carga añadida a los contribuyentes estadounidenses es simplemente falso.

El Informe del Centro de Estudios sobre Inmigración: Las comparaciones erróneas ocultan el hecho de que las probabilidades de que los inmigrantes utilicen los servicios sociales no son mayores que las de los ciudadanos nativos

El Centro de Estudios sobre Inmigración dio a conocer un informe en el 2011 que llegó a la conclusión de que “el 57 por ciento de los hogares con un jefe de familia inmigrante (legal e ilegal) con hijos (menores de 18) utilizaron por lo menos un programa de asistencia pública, comparado con el 39 por ciento de los hogares de ciudadanos nativos con hijos.” El informe intentó pintar a los inmigrantes—en particular, a los inmigrantes hispanos—como una carga sobre los servicios  sociales estadounidenses. Esto no podría estar más lejos de la verdad.

En el estudio se llega a estas conclusiones manipulando el análisis de datos. Por ejemplo, el estudio se basa en una definición extraordinariamente amplia de la asistencia pública que incluye programas para los niños como los almuerzos escolares gratuitos y a precios reducidos. Ningún otro estudio comparable sobre el uso de la asistencia pública incluye programas como ésos en sus cálculos.

Comparando manzanas con naranjas: El informe omite verificar el nivel de ingresos y la composición de los núcleos familiares

El Centro de Estudios sobre Inmigración también confunde sus resultados utilizando una unidad de comparación defectuosa. En vez de comparar a todos los usuarios familiares de beneficios de asistencia pública, estos limitan sus análisis a familias con hijos. Esta restricción arbitraria de los datos elimina la posibilidad de comparar con exactitud—a nivel de núcleo familiar—las tasas de participación en la asistencia pública entre inmigrantes y nativos. Si se van a comparar los núcleos familiares, deben compararse obligatoriamente todos  los núcleos familiares.

Pero lo más perturbador es el hecho de que el Centro de Estudios sobre Inmigración compara las tasas de asistencia pública de los inmigrantes y ciudadanos nativos sin controlar las diferencias de niveles de ingreso. Comparar las tasas de participación en la asistencia pública sin tomar en cuenta las diferencias en el nivel de ingresos es igual que comparar las tasas de participación en la asistencia pública de un país altamente desarrollado: está claro que un país subdesarrollado tendría un número mayor de usuarios de asistencia pública.

Si se controla el nivel de ingresos y se consideran todos los núcleos familiares, la historia de que los inmigrantes son una pérdida para los programas sociales desaparece.

La conclusión  es que: No hay diferencias en cuanto al uso de la asistencia pública entre el ciudadano nativo y el nacido en el extranjero.

Por ejemplo, los demógrafos Jeffrey Passel y Michael Fix compararon las tasas de participación en la asistencia pública de los inmigrantes residentes legales permanentes con las de los ciudadanos nativos. Al controlar el ingreso, ellos descubrieron que los inmigrantes tenían tasas de participación similares—si no inferiores—a las de los nativos en los tres programas sociales principales: la asistencia pública, los cupones de alimentos y el Medicaid. En la línea de pobreza del 200 por ciento—un límite común para los núcleos familiares de bajos ingresos—el 32 por ciento de las familias nativas recibieron cupones de alimentos, comparadas con el 22 por ciento de las familias de inmigrantes ciudadanos naturalizados.

En un análisis de los datos provenientes de la Encuesta de la Población Actual realizado en marzo de 2012 en el que se controla el ingreso y se incluye a todas las familias se revela que los resultados del estudio de Passel y Fix siguen siendo válidos hoy día: los inmigrantes utilizan los programas sociales como el Medicaid y el Ingreso de Seguro Suplementario a tasas similares a las de las familias nativas. (Véase la Figura 2)

Conclusión

Durante las próximas semanas, la Cámara y el Senado celebrarán audiencias sobre la reforma de inmigración y no cabe duda de que los grupos antiinmigrantes caracterizarán cada vez más a los inmigrantes como “aprovechados”.  Pero los estadounidenses no deben dejarse engañar.

Los hechos están claros: Los inmigrantes no son una pérdida para la economía de los EE.UU. Los inmigrantes no dependen más de los programas de asistencia pública que los ciudadanos nativos.  La legalización no les costaría billones de dólares a los contribuyentes. Lo único que los Estados Unidos no pueden darse el lujo de hacer es permitir que los esfuerzos del Congreso sean descarrilados por los grupos antiinmigrantes que están dedicados a ocultar la verdad: que los inmigrantes no toman, sino aportan.

Marshall Fitz es Director de Política Inmigratoria, Philip E. Wolgin es Analista de Política Inmigratoria y Patrick Oakford es Asistente de Investigación del Center for American Progress.

El presidente Barack Obama montandose en Air Force One, Martes, 29 de enero 2013, en la Base Aérea de Andrews, Maryland, en camino a Las Vegas para dar su discurso sobre inmigración.

Esta semana ocho senadores presentaron principios para una reforma inmigratoria y el presidente dio un importante discurso en Nevada sobre sus esfuerzos para aprobar una reforma inmigratoria integral, aquí están las 10 razones por las que la reforma migratoria es una idea cuyo tiempo ha llegado.

El impulso para la reforma

1. Los líderes del Congreso de ambos partidos están de acuerdo en los principios de la reforma. A principios de semana el grupo bipartidista “Banda de los 8″-una coalición que incluye a los senadores Michael Bennet (D-CO), Richard Durbin (D-IL), Robert Menéndez (D-NJ), Chuck Schumer (D-NY), Jeff Flake (R-AZ), Lindsay Graham (R-SC), John McCain (R-AZ) y Marco Rubio (R-FL)-presentaron en el Senado principios para una reforma migratoria, lo que muestra un amplio consenso para una vía a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos. En la Cámara, el representante John Carter (R-TX), ha estado al frente de las negociaciones bipartidistas secretas para producir una ley de inmigración, mientras que el representante Paul Ryan (R-WI)  le dijo al anfitrión del programa “Meet the Press” David Gregory que estaba “cautelosamente optimista ” en las probabilidades de la reforma. Otras señales de que un acuerdo bipartidista para la reforma no están muy lejos:

• El Líder de la Mayoría del Senado Harry Reid (D-NV), designó la reforma inmigratoria como prioridad legislativa de la cámara, y apoyo fuertemente el marco bipartidista.
•  Patrick Leahy (D-VT) presidente del comité Judicial del Senado indicó que esperaba que en los próximos seis meses el comité se dedicará a la promulgación de la reforma migratoria.
• En la Cámara de Representantes, John Boehner (R-OH) dijo que la reforma inmigratoria es una prioridad.
• Líder de la mayoría Eric Cantor (R-VA) también se pronunció a favor de aprobar una reforma inmigratoria.

2. El presidente Obama ha hecho la reforma inmigratoria una de sus principales prioridades en su segundo mandato. El presidente Obama puso a inmigración como una pieza central de su segundo discurso inaugural cuando le dijo a los Estados Unidos que, “Nuestro viaje no está completo hasta que encontremos una mejor manera de dar la bienvenida a inmigrantes esforzados llenos de  esperanza que aún ven a Estados Unidos como una tierra de oportunidades.” El presidente se reunió con los líderes del Congreso en el Caucus Hispano del Congreso dos veces en las últimas dos semanas, y utilizo su discurso en Las Vegas para lanzar oficialmente su esfuerzo para aprobar la legislación.

3. Los estadounidenses apoyan la reforma. Encuestas muestran que los estadounidenses quieren que el Congreso proponga una solución razonable para nuestra nación con respecto con el sistema de inmigración, incluyendo un camino a la ciudadanía para los 11 millones de inmigrantes indocumentados. En particular, una nueva encuesta de Hart Research Associates/Public Opinion Strategies encontró que cerca de tres cuartos de todos los estadounidenses—una abrumadora mayoría— apoyan un camino a la ciudadanía.

La política de la reforma

4. Las elecciones del  6 de noviembre cambiaron todo el juego. El presidente Obama ganó la reelección con un impresionante 71 por ciento de los votantes latinos y 73 por ciento de los votantes estadounidenses asiáticos. Como la firma de encuestas Latino Decisions señaló, los votos latinos compensaron de gran manera el margen de la victoria del presidente, y el resultado final hasta puede indicar márgenes aún más amplios de apoyo. Estos votadores rechazaron  la plataforma de inmigración y de la retórica dura del 2012 candidato presidencial republicano y ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney, y muchos apoyaron las políticas del presidente Obama, entre ellos su oposición a medidas estatales anti-inmigrantes como la SB 1070 de Arizona y su programa de acción diferida, que permite a los jóvenes que aspiran ser estadounidenses a que soliciten un aplazamiento de la deportación por dos años y que puedan obtener un permiso de trabajo.

5. Datos demográficos están cambiando en los Estados Unidos. Las elecciones de noviembre también fueron claves para señalar una nueva realidad demográfica en los Estados Unidos: los votantes latinos y otras personas de color están aumentando como proporción de la población total, por lo que sus votos serán aún más importantes en las elecciones del futuro. Los votantes latinos constituyeron un 9,5 por ciento del electorado en 2008 y un 11 por ciento completo en 2012. Estos cambios demográficos, especialmente en estados claves como Nevada, Colorado, Florida y Virginia, significa que la forma en que cada partido se comunica sobre la inmigración será más importante en el futuro.

6. Un coro creciente de republicanos se han pronunciado a favor de la reforma. En los últimos días, los ​​republicanos con más influencia, como el senador Marco Rubio (R-FL) y el ex Gobernador de la Florida Jeb Bush han escrito artículos de opinión sobre la necesidad de una reforma migratoria, mientras que en Fox News, Bill O’Reilly elogió el plan del senador Rubio. Estos se unen a un coro de republicanos-incluyendo presidente de la Cámara Boehner, el senador Rand Paul (R-FL), el diputado Raúl Labrador (R-ID), el gobernador Bobby Jindal (R-LA), y comentarista conservador Sean Hannity, que vio los resultados de las elecciones y “evolucionó” en el tema de la reforma inmigratoria poco después. Como senador Rubio dijo, “Es muy difícil presentar un argumento económico a personas que piensan que queremos deportar a su abuela”.

La política de reforma

7. Nuestra frontera se encuentra más segura que nunca y hemos completado las metas de referencia. Gran parte del debate en 2007-la última vez que la reforma integral de la inmigración estaba en el tapete del Congreso- giró en torno a asegurar la frontera México-Estados Unidos. Pero en los últimos seis años, los Estados Unidos han tenido grandes avances en la seguridad fronteriza, cumpliendo o superando todos los parámetros de seguridad escritos en la legislación de 2007: Nuestra frontera sur es ahora más segura que nunca, hay más personal en la frontera, y hay más recursos para seguir, detener y castigar aquellos que crucen la frontera sin permiso. De hecho, el saldo inmigratorio de México-el número de personas que entran menos el número de personas que salen, de uno de los principales países de origen de los inmigrantes indocumentados, ahora está en o por debajo de cero.

8. La falta de reforma está obstaculizando una serie de prioridades políticas. El hecho de que 11 millones de inmigrantes indocumentados que actualmente viven en las sombras se ha convertido en un obstáculo político y de políticas para hacer frente a otras cuestiones como  el mejorar nuestro sistema nacional de salud, educar la fuerza laboral del futuro, e identificar quienes entre nosotros son trabajadores luchando por una vida mejor y quienes están aquí para hacernos daño. El crear una vía a la ciudadanía para estos individuos no sólo eliminará el hecho de que viven privados de muchos derechos y privilegios disponibles, sino que también haremos crecer nuestra economía, nivelaremos el campo de juego para todos los trabajadores y los empresarios, y haremos que nuestras comunidades sean más seguras.

9. La reforma migratoria es un imperativo económico. El aprobar un plan de reforma migratoria integral añadirá 1,5 mil millones de dólares al producto interno bruto a lo largo de 10 años y proveería un aumento entre $ 4,5 y $ 5.4 mil millones en ingresos fiscales durante los primeros tres años. En pocas palabras, al poner a todas las personas en condiciones equitativas para trabajar mejoraría los salarios de los nativos y los recién llegados por igual. Los salarios más altos significan mejores empleos y mayores gastos, ayudando a la economía entera.

10. Debemos proporcionar una ruta directa a la ciudadanía. Los ciudadanos naturalizados ganan salarios más altos que los residentes legales permanentes (poseedores de la tarjeta verde), así que el proporcionar una vía directa a la ciudadanía impulsa nuestra economía, agregando por lo menos $ 21 mil millones a $ 45 millones en 10 años.

La pregunta ya no es si inmigración es lo que se tiene que hacer económicamente, moralmente, o para el país en su conjunto, ni tampoco es una cuestión de que si los estadounidenses lo apoyan. La pregunta ahora es si el Congreso puede dejar de lado sus diferencias partidistas y actuar por la voluntad de la gente.

FUENTE: AP/J. Scott Applewhite

El presidente de la Cámara John Boehner (R-OH) habla con la prensa en el Capitolio en Washington, Jueves, 29 de noviembre 2012, después de conversar en privado con el secretario del Tesoro, Timothy Geithner, con respecto al precipicio fiscal.

Gracias a congresistas republicanos que hicieron de la economía un  rehén durante el debate sobre el aumento del límite de crédito nacional en el verano de 2011, un paquete de recortes automáticos al presupuesto federal fue establecido que entrara en vigor el 2 de enero del 2013. Al mismo tiempo, hay otros recortes fiscales de la era Bush y una serie de otros beneficios fiscales que podrían expirarse, lo que significa que un ajuste fiscal masivo se manifestará a menos que el Congreso y el presidente Barack Obama lleguen a un acuerdo para evitar los recortes y aumentos en impuestos. El presidente ha propuesto un enfoque equilibrado para resolver esta crisis, pidiéndole a los estadounidenses más acaudalados que paguen su parte justa, pero los republicanos del Congreso están de nuevo en el juego de tomar la economía como rehén, arriesgando que estos recortes masivos y los aumentos de impuestos lleguen a tomar efecto con el fin de proteger recortes de impuestos para los mas ricos.

La crisis fiscal les afectará a todos los estadounidenses, especialmente a las comunidades de color. Muchos estadounidenses todavía se están recuperando de la Gran Recesión del 2007-2009, y económicamente nos encontramos en un momento en que la inversión en las comunidades crecientes  es necesaria y la preservación de los recortes de impuestos para la clase media es crucial. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo que el aumento de impuestos para los más ricos es necesario para pagar los programas que benefician a los estadounidenses más vulnerables.

Nuestro país está cambiando demograficamente y las comunidades de color son el grupo con el más rápido crecimiento entre los estadounidenses. Es importante que invirtamos ahora en estas comunidades, ya que son la futura fuerza laboral de nuestro país.

Abajo se presentan 10 razones por las cuales es importante que las comunidades de color presten atención al debate sobre el precipicio fiscal y el impacto que tendrá sobre las siguientes comunidades:

1.  Recortes profundos a la provisión de de beneficios de desempleo tendrá un impacto desproporcional en la gente de color. Más de 2 millones de estadounidenses pueden perder sus beneficios de desempleo al menos que el Congreso reautorice ayuda federal vía el desempleo de emergencia antes del fin del año. Según la Oficina de Estadísticas Laborales, a partir del mes de octubre del 2012, la tasa de desempleo se estabilizo a un 7,9 por ciento. Pero la gente de color enfrenta mayores niveles de desempleo actualmente, con el 10 por ciento de los latinos y un inaceptable 14,3 por ciento de los afroamericanos desempleados.

2. Un aumento promedio de impuestos de 3.500 dólares por cada hogar repercutirá negativamente en las familias de bajos ingresos y de clase media. Según el Tax Policy Center, las familias de bajos ingresos serán los más afectados, una pareja ganando entre $ 20.000 a $ 30.000 anuales vera un aumento de impuestos de $ 1.408. Este aumento de impuestos va a ser particularmente difícil para el 16,7 por ciento de los afroamericanos que viven en condiciones de pobreza y el 27,8 por ciento de los latinos que están cerca de la pobreza. Familias que forman parte de la clase media también experimentarán un aumento de impuestos. El aumento promedio de impuestos para familias de clase media es de 2.000 dólares al año. Esto es particularmente devastador para los afroamericanos de ingresos medios y los latinos que aún se están recuperando de la crisis hipotecaria.

3.  Los programas de desarrollo laboral que son vitales para las comunidades de color, como YouthBuild, se enfrentaran a recortes significativos. YouthBuild, un programa dedicado a conectar a jóvenes de bajos ingresos a la educación y el desarrollo, podría reducirse por un 8 por ciento. Junto con los recortes anteriores, el programa podría ver alrededor de un tercio de corte de los fondos federales entre el año fiscal 2010 y el año fiscal 2013. En 2010, el 54 por ciento de los participantes de YouthBuild eran afroamericanos y el 20 por ciento eran hispanos.

4. Recortes del presupuesto federal bajo el paquete de recortes fiscales rápidamente significaría recortes federales, estatales y locales de puestos de trabajo del sector público, el cual emplea a mujeres y afroamericanos de manera desproporcionada. En 2011 los trabajadores afroamericanos constituyeron el 20 por ciento de la fuerza laboral al nivel federal, estatal y local del sector público. Las mujeres son casi un 50 por ciento más probables de trabajar en el sector público.

5. Financiación de cuidado infantil prescolar podría reducirse por más de $ 900 millones, afectando a miles de niños que se benefician de estos programas. Tales recortes significarán 96.000 menos niños en Head Start, un programa federal que promueve la preparación escolar de niños de familias de bajos ingresos desde el nacimiento hasta los 5 años de edad, y donde el 60 por ciento de los participantes del programa son niños de color.

6. Los programas que ayudan directamente a las familias más vulnerables y a los niños están en el tajo en las negociaciones de la crisis fiscal. Programas de nutrición infantil, como el Programa de Nutrición Suplemental para Mujeres, Infantes y Niños, comúnmente conocido como WIC, sirve como programa de alimento y nutrición suplementaria para mujeres de bajos ingresos durante su embarazo, cuando están amamantando, y después de su parto y para niños menores de 5 años. El programa podría reducirse por $ 543 millones, una pérdida devastadora para las más de 450.000 personas de color que utilizan estos servicios.

7. Recortes de financiación de educación le afectara al 66 por ciento de los estudiantes que necesitan préstamos para pagar la universidad. Los estudiantes de color, que tienen índices más altos de endeudamiento, se verían particularmente afectados. Las becas Pell, que ofrecen becas basadas en necesidad económica a estudiantes de bajos ingresos para compensar el costo de la universidad, enfrentan recortes severos.  En 2011, el programa Pell Grant le prestó ayuda financiera a más de 9 millones de estudiantes, muchos de los cuales son estudiantes de color. La falta de acceso a la ayuda financiera para la gente de color exacerbará aún más las tasas de endeudamiento de los estudiantes en estas comunidades. Del 2007 al ​​2008, el 81 por ciento de los afroamericanos y el 67 por ciento de los latinos con un título universitario se graduaron con deuda estudiantil, comparado con el 64 por ciento de sus compañeros blancos. Cortar el acceso a estos programas de ayuda financiera vitales limitara las aspiraciones de educación superior de decenas de miles de estudiantes de color.

8. Recortes a servicios de salud vitales, tales como Medicaid perjudicarán a los 60 millones que dependen de él para la cobertura de seguro de salud. La gente de color será particularmente afectada por los recortes de Medicaid, ya que los latinos son aproximadamente el 29 por ciento de los afiliados a los programas de contabilidad y los afroamericanos de 20 por ciento. En 2010, el 57 por ciento de las personas que tienen Medicaid eran de color.

9. Desde el 2010, la financiación de viviendas asequibles se ha reducido por $ 2,5 mil millones, es decir cortes adicionales significativamente le harían daño a las familias y comunidades de bajos ingresos. Muchos programas de vivienda como el de la Sección 8,  proporciona vales a familias de bajos ingresos para viviendas asequibles en el mercado privado. En el 2011 el programa ayudó a más de 2 millones de familias de bajos ingresos en todo el país. Los datos del 2008 indican que el 44 por ciento y 23 por ciento de los beneficiarios de vivienda pública son afroamericanos e hispanos, respectivamente.

10. A medida que nos adentramos en la temporada de clima frío, los programas como el Programa de Asistencia para Hogares de Bajos Ingresos de Energía, o LIHEAP (por sus siglas en ingles), que ayuda a reducir el costo de la calefacción para hogares de bajos ingresos, son cruciales. El Programa de Asistencia para Hogares de Bajos Ingresos de Energía, que ayudó a unos 23 millones de personas de bajos ingresos para pagar las facturas de calefacción de invierno, está en peligro de ser cortado en el año fiscal 2011. Comunidades de bajos ingresos, quienes tienden a ser desproporcionadamente gente de color, dependen de este tipo de programas a fin de mes durante estos tiempos económicos difíciles.

Para evitar un daño significativo a la economía de los EE.UU. y en particular a las comunidades de color en todo el país, el presidente Obama y el Congreso debe llegar a un acuerdo sobre el presupuesto y proteger los intereses de todos los estadounidenses.

Sophia Kerby es asistente de Progress 2050 en el Center for American Progress. 

FUENTE: AP/Jason DeCrow

Gabriela Trujillo, izquierda, y Cristina García posan para una foto en la casa de García en el barrio de Queens en Nueva York, Jueves, 01 de noviembre 2012. Trujillo y García son inmigrantes indocumentadas que han participado en campañas para sacar el voto a pesar de que no pueden votar.

Verdadera reforma migratoria que se ocupa de manera practica y responsable con los 11 millones de personas que viven en Estados Unidos sin estatus migratorio ha sido difícil de lograr en la última década. Paralización partidista repetidamente le ha impedido al Congreso de reformar el sistema de inmigración. Como resultado, los únicos constantes en la política de inmigración de nuestra nación durante este período han sido los aumentos masivos en los esfuerzos de aplicación interiores y seguridad fronteriza. Estos esfuerzos mostraron algunos resultados en la frontera, pero ninguna disminución tangible de la población residente no autorizada hasta el inicio de la Gran Recesión de 2007-2009, durante el cual la inmigración indocumentada se desaceleró a un neto de cero, con un poco más de gente que salen del país en vez de entrar.

Con la re-elección del presidente Barack Obama, debido en parte al apoyo Latino sin precedentes, la erudición es ahora, tardíamente, sugiriendo que ha llegado el momento de que el Congreso supere la parálisis y promulgue legislación que creará un camino para los 11 millones de inmigrantes indocumentados para que puedan obtener la ciudadanía. Parece que la sabiduría política convencional está finalmente penetrando la opinión pública estadounidense, quien apoya abrumadoramente que se traten con estos inmigrantes de una manera inteligente y sensible.

Durante la década pasada las políticas de aplicación no sólo han fallado en entregar una reforma de sentido común, pero también han impedido el progreso en una serie de otras cuestiones nacionales importantes. Los efectos de tener un grupo tan grande de personas no autorizadas entre nosotros le afecta a nuestra capacidad de debatir racionalmente cuestiones como la salud, la educación, los impuestos, los beneficios, y la identificación.

Este informe temático estudia muchos de los ámbitos federales, estatales y asuntos locales que estancaron, deformaron o descarrilaron por completo el estancamiento sobre la reforma migratoria.

Contexto

Los argumentos políticos a favor de las políticas de inmigración de sentido común que trazan un camino hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados son tan numerosos como son convincentes. De hecho, el único enfoque razonable desde el punto de vista fiscal, económico, social, y de seguridad es crear un plan para estos inmigrantes para obtener la ciudadanía.

Más de dos tercios de los inmigrantes sin papeles que trabajan en los Estados Unidos han contribuido a nuestra economía y la cultura durante más de una década. Pero nuestras políticas de inmigración obsoletas y erróneas, junto con nuestra política de inmigración polarizada, los bloquean de realizar su potencial- y el de nuestra nación- y les obliga a vivir con el temor de ser separados de sus familias.

Echemos un breve vistazo a algunos de los beneficios:

■ Incluyendo a estos inmigrantes que trabajan duro fuera de los márgenes económicos generaría un aumento de $ 1,5 mil millones al producto interno bruto (PIB) acumulado de la nación a través de 10 años y añadiría cerca de $ 5 mil millones en ingresos fiscales adicionales sólo en los próximos tres años.

■ Registrando a estos inmigrantes con la verificación de antecedentes aseguraría que sabemos quien está aquí y permitirá a nuestras autoridades concentrar los recursos en la aplicación de elementos criminales y amenazas de seguridad en lugar de los miembros de la familia que trabajan duro y honestamente.

■Ayudar a estos inmigrantes que salgan fuera de las sombras sería darles un golpe a los empleadores sin escrúpulos que maltratan a sus trabajadores (inmigrantes y nativos por igual) y ayudaría a garantizar la seguridad del trabajador para todos.

■ Permitiendo que los inmigrantes obtengan estatus legal y que participen abiertamente en la vida cívica fortalecerá nuestras comunidades y reducirá la marginación y la explotación.

En otras palabras, casi todo el mundo excepto los empleadores explotadores y criminales están en mejores situaciones al permitir que estos inmigrantes trabajen por encima del tablero y paguen sus impuestos completos. Así que si se trata de una política fácil y de “pan comido”, ¿por qué no ha sucedido una reforma?

Sólo la política puede explicar por qué una reforma migratoria no ha cruzado la línea de meta del Congreso. El 11 de septiembre se detuvo un paquete de reforma migratoria potencial en sus pistas. Antes de los ataques, el entonces presidente George W. Bush se reunió con el presidente electo de México, Vicente Fox, cinco veces en nueve meses y, al ver que los latinos se estaban convirtiendo en el importante grupo de votantes indecisos que hoy conocemos, llamó por reformas migratorias bilaterales. Después de los ataques terroristas, sin embargo, la ley de inmigración se convirtió en sinónimo de la lucha contra el terrorismo, y cualquier conversación sobre la reforma de nuestro sistema de inmigración roto fue abandonada. Desde entonces, intransigentes de inmigración efectivamente han utilizado temor como alarmismo sobre los inmigrantes, en particular a los que no tienen estatus legal, como un martillo político en las elecciones primarias.

Los candidatos que no pasan la prueba de tener opiniones duras de inmigración están en peligro de los desafíos de la extrema derecha. Como resultado de ello, la postura del Partido Republicano sobre inmigración esta extremadamente fuera de la corriente principal. Pero con el cambio masivo demográfico que ya está en marcha en este país, es en el propio interés de ambos partidos políticos poner fin a la demonización de los inmigrantes indocumentados.

Usando los inmigrantes, incluso aquellos sin papeles, como una pelota de fútbol política no es política insensata, es también auto-destructiva. Los votantes latinos, que son, por definición documentados, tienen una asociación profunda y personal con el tema de la inmigración, y ahora son una fuerza política con la que ambos partidos políticos tienen que lidiar. Más de la mitad de todos los votantes latinos conocen a alguien que es indocumentado, y una cuarta parte conoce a alguien que esta en el proceso de ser deportado o ha sido deportado. Esos votantes, como era de esperar,  ven a los políticos que lanzan andanadas contra sus familias y comunidades con los ojos ictéricos.

Latinos compusieron el 16,7 por ciento de la población en 2011 y se estima que el 11 por ciento del electorado en 2012, y se proyecta que sus números aumentarán a un 31 por ciento de la población en 2050. Los latinos, como un grupo de votantes, han demostrado el poder de decidir las elecciones estatales y nacionales. Continuando a alienar a este grupo del electorado, que va por un crecimiento rápido defendiendo a políticas anti-inmigrantes, explica el futuro fatal del electoral.

Los resultados de las elecciones presidenciales de este año apuntan al político imperativo de avanzar en la reforma migratoria. El candidato presidencial republicano Mitt Romney adoptó una de las plataformas de inmigración más extremas de un candidato presidencial en la historia reciente. Ese movimiento para apuntalar una franja de su partido en busca de la nominación condenó su capacidad para competir por el voto de los latinos y otros inmigrantes. Las encuestas de salida muestran que un escaso 27 por ciento del voto latino fue al gobernador Romney, un total de cuatro puntos por debajo del 31 por ciento de los votantes latinos que votaron por el senador John McCain (R-AZ) en 2008.

Como la demografía de nuestro país seguirá desplazándose lejos de una mayoría blanca, esa postura anti-inmigrante es insostenible para un partido que tiene la mirada puesta en el retorno a la Casa Blanca. El presidente Barack Obama, por su parte, reconoce abiertamente la importancia que tuvo el voto latino en regresarlo a la Casa Blanca, y él se ha comprometido a avanzar en la reforma migratoria en el 2013.

Así que la cuestión es políticamente madura en sus propios términos. Pero abordarlo ahora tiene el beneficio adicional significativo de la apertura de espacios para el diálogo constructivo bipartidista sobre una serie de otros temas. Esto se debe al parálisis político en abordar los inmigrantes no autorizados que ha deformado la política más allá del ámbito de inmigración.

En las páginas siguientes, se proporcionan ejemplos de cómo este bache político ha causado atascos de tráfico en una serie de otros asuntos nacionales y locales relacionados con la atención de la salud, la educación, las prestaciones, la identificación y la fuerza laboral, y destacamos las razones por abordar el estatus migratorio de los inmigrantes no autorizados que nos permitirá resolver más eficazmente estos asuntos importantes. En otras palabras, mostramos el por qué trazando la población indocumentada en un camino hacia la ciudadanía ayudará a estimular soluciones constructivas en el ámbito de otras políticas también.

Los Asuntos

Cuidado de Salud

Los debates sobre el acceso al cuidado de salud y cobertura de seguro para los inmigrantes son emblemáticos de cómo la incapacidad para tratar de manera responsable a la gran población indocumentada del país infecta a los debates sobre otras iniciativas políticas.

Un ejemplo doloroso emana del desafío crítico nacional que representa los esfuerzos por controlar los gastos de salud. Uno de los problemas centrales de costos en los Estados Unidos ha sido el gran número de estadounidenses que carecen de seguro médico. Cuando llegan enfermos o heridos, esos costos se imponen a la sociedad mediante el aumento de las primas de seguros de salud o los impuestos para programas de protección social de salud. Una premisa central de la estrategia de contención de costos de la Ley de Salud Asequible, por lo tanto, es aumentar el acceso a un seguro de salud asequible y de incentivar su compra.

En última instancia, sin embargo, la Ley de Salud Asequible prohibió inmigrantes indocumentados de comprar un seguro a través de los intercambios basados ​​en el estado, incluso si tienen los medios para hacerlo. El no poder extender este objetivo de la inclusión de los millones de inmigrantes indocumentados que viven aquí sin duda pondrá en peligro la capacidad del sistema para reducir los costos. Negar el acceso de estos individuos a los seguros y bloqueándolos de alternativas de atención primaria y preventiva significa que a menudo esperan para buscar atención hasta que su condición médica llega a un punto crítico. Y a pesar que esta cohorte es más joven y más sano que el promedio, cuando finalmente solicitan asistencia, suelen ir al único lugar de entrega: el lugar mucho más costoso, la sala de emergencia.

A pesar de incorporar a los inmigrantes indocumentados en el sistema de seguro de salud parece obvio desde una perspectiva de contención de costos, los esfuerzos para lidiar de manera constructiva con este tema han demostrado ser prácticamente imposible como una cuestión política. De hecho, una de las tensiones más virulentas de la oposición a la Ley de Salud Asequible, o “Obamacare”, se basa en afirmaciones de que se establezca el acceso seguro de salud a los inmigrantes indocumentados.

¿Quién puede olvidar el momento cuando el Representante Joe Wilson (R-SC) interrumpió el discurso del presidente al Congreso sobre la reforma de salud en septiembre de 2009, poniéndose de pie y gritando: “¡Mientes!”? Lo que algunas personas talvez no recuerden es que la explosión del congresista se produjo en respuesta a una declaración inequívoca del presidente de que el proyecto de ley de atención médica no extendería la cobertura de seguro para los inmigrantes indocumentados.

A pesar del hecho de que es claramente, desde una perspectiva de atención de la salud y la economía, es una buena política, extendiendo cobertura significativa a los inmigrantes indocumentados nunca tuvo una oportunidad debido a la oposición política incendiaria como la del representante Wilson.  A pesar de que dicha cobertura no estaba en el proyecto de ley, sin embargo, se utilizó como una táctica de miedo por aquellos que querían mantener el estatus quo en el cuidado de la salud y la política de inmigración por razones políticas.

En otras palabras, el Congreso finalmente comprometió las reformas de las políticas de salud totalmente desvinculadas que permitan avanzar en los intereses de nuestro país en la contención de costos para resolver el estatus migratorio de las personas que trabajan en Estados Unidos sin papeles.

Educación

Hay aproximadamente 2,1 millones de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a los Estados Unidos antes de los 16 años y han estado aquí por más de cinco años. Este gran grupo de estudiantes indocumentados crea desafíos significativos para la política educativa inteligente en los estados.

Por un lado, el Tribunal Supremo dictaminó en el caso Plyler vs. Doe en 1982 que desde el kínder hasta el grado 12, las escuelas públicas están constitucionalmente obligadas a educar a todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, y que permitiendole a todos los niños el acceso a la educación en los Estados Unidos es bueno para la nación entera. Por otro lado, la ley federal intenta bloquear a los estados de la concesión de pagar la matrícula estatal para estudiantes indocumentados que desean continuar su educación asistiendo a la universidad.

Esto crea una tensión evidente. Los Estados están obligados a invertir en la educación primaria y secundaria de los niños y sin embargo no se animan a cosechar los frutos de esa inversión bloqueando efectivamente oportunidades de educación superior. Navegando por esta tensión crea desafíos para los estados que desean adoptar a las políticas educativas que vean hacia el futuro.

Un enfoque más reciente y preocupante, más allá de simplemente bloquear a los estudiantes para que no obtengan un acceso asequible a la educación superior a través de la matrícula estatal, desafía directamente la jurisprudencia de la Corte Suprema en el caso Plyler en un intento de marginar aún más a los inmigrantes indocumentados. La ley reciente de inmigración de Alabama, H.B. 56, por ejemplo, le obliga a las escuelas que consigan información sobre el estado legal de sus alumnos y sus padres. Cuando el primer juez en oír un desafío contra H.B. 56, Sharon Lovelace Blackburn, no logró revertir la provisión de la educación, las escuelas públicas de Alabama vieron una disminución en el número de estudiantes latinos que asisten.

La Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Circuito 11º puso las disposiciones educativas de H.B. 56 en pausa, marcando otro golpe a la estrategia de retar a Plyler.  Se sigue reflejando la frustración, sin embargo, sobre el fracaso del gobierno federal para crear un proceso de inmigración sensato.

Un enfoque más atento al enigma de educación es seguir los pasos de los 12 estados que han logrado sus políticas elaboradas de matrícula para ofrecer de manera explícita matrícula estatal a los inmigrantes no autorizados. Estados como Maryland y Nueva York apuntan a los bajos costos de hacerlo y el retorno de la inversión al obtener una educación universitaria.

Pero incluso este último enfoque de la inversión continua en estos niños plantea la pregunta de qué pasa después de que se gradúen de la universidad. Debido a que estos proyectos de ley estatales no pueden concederles estatus legal, sus horizontes son limitados.

La mejor solución sería que el Congreso ofrezca una vía para el estatus legal a través de algo como el Acta DREAM, un proyecto de ley para ayudar a los jóvenes indocumentados.  El Acta DREAM proporcionaría un impulso significativo a la economía, adicionando $329 mil millones para el 2030. El estatus legal le ofrecería a los DREAMers con un poderoso incentivo para obtener más educación, ya que las disposiciones están vinculadas a completar la escuela secundaria y la universidad o algún servicio militar.

La combinación de la educación con la capacidad de trabajar de forma legal permite a los inmigrantes a obtener empleos mejor remunerados. El aumento de los ingresos se traduce en mayores ingresos para el gobierno federal y un mayor gasto en bienes y servicios, con un crecimiento del volumen global de la economía. En última instancia, la aprobación del Acta DREAM podría crear 1,4 millones de empleos nuevos y añadiría por lo menos $10 mil millones a los ingresos de la nación para el año 2030, lo cual es bueno para todos los estadounidenses, inmigrantes y nativos por igual.

Sin una política sensata que le permite a la población indocumentada del país obtener un estatus legal, los estados se quedan con pocas opciones buenas para maximizar el potencial de una fuerza laboral altamente educada.

Beneficios Públicos

Tal vez las colisiones más directas entre la política pública inteligente y una población grande no autorizada se produce en el ámbito de los beneficios públicos. Restringiendo la elegibilidad para beneficios públicos es fundamental para los ataques conservadores en lo que llaman el “estado de bienestar”. Una de las tácticas que estos conservadores adoptan en su plataforma es el argumento de que los beneficios públicos pueden fluir a los inmigrantes, especialmente a los que viven aquí sin estatus legal.

A pesar de que la mayoría de los inmigrantes-incluyendo aquellos que residen legalmente- están excluidos de la mayoría de los beneficios públicos, el tema es un perenne. Mediante el uso de los beneficios a los inmigrantes no autorizados, como pretexto, los conservadores crearan un espacio para argumentar a favor de políticas que limiten de forma efectiva los beneficios para todos los estadounidenses. Dos de los ataques más recientes y  persistentes han sido en el Crédito Tributario por Hijos y el Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria.

Crédito Tributario por Hijos

En mayo de este año, los senadores David Vitter (R-LA) y Marco Rubio (R-FL), intentaron usar el bulo de los inmigrantes indocumentados que reclaman falsamente el crédito tributario por hijos, un crédito reembolsable diseñado para evitar que los niños caigan en la pobreza-para restringir el acceso al programa en su conjunto. Esto es sólo el más reciente de una serie de ataques contra el crédito tributario por hijos que se han puesto en marcha en el nombre de bloquear los inmigrantes indocumentados de recibir un beneficio federal.

La elegibilidad para el crédito tributario por hijos está ligada a la situación del niño en cuestión, ya que el programa está diseñado para mantener a los niños, en lugar de las familias, de caer en la pobreza. Los niños deben ser menores de 17 años y deben ser ciudadanos de EE.UU., nacionales de EE.UU. o residente extranjeros en EE.UU. Los senadores Vitter y Rubio afirmaron, usando las afirmaciones dudosas de un preparador de impuesto único, que los inmigrantes indocumentados estaban falsamente reclamando el crédito para muchos niños ficticios.

Pero aparte del hecho de que para reclamar el crédito tributario por hijos, usted tiene que probar que el niño en cuestión es legalmente elegible, y que en los casos de trata de reclamar el mismo niño dos veces, o hijos ficticios, es casi seguro de desencadenar una auditoría del Servicio Interior de Impuestos, la solución que los senadores Vitter y Rubio proponen –en restringir la elegibilidad del programa en su conjunto a sólo las familias con miembros indocumentados- es un caso claro de tirar al bebé junto con el agua del baño.

En lugar de proponer nuevos controles para garantizar el estado de los niños, los senadores sugirieron restringir la elegibilidad para un programa global que en 2009 mantuvo 1,3 millones de niños  de caer en la pobreza. Se trata de ciudadanos estadounidenses-todos ellos, independientemente de la situación legal de sus padres.

Poniendo a los inmigrantes indocumentados en un camino hacia la legalización sería impedir que los oponentes del crédito utilicen la cuestión del estatuto de inmigración como una cortina de humo para su agenda anti-net de seguridad. Los opositores al crédito tributario por hijos deben exponer sus argumentos en contra de ella en el fondo, no a través de tácticas de miedo en el servicio de políticas que perjudican los niños estadounidenses. Igual de importante es la creación de un camino hacia la legalización que permitirá a estos inmigrantes aumentar sus ingresos y nuestra base de impuestos.

Programa Suplementaria de Asistencia Nutricional

El Programa de Asistencia de Nutrición Suplementaria o SNAP (por sus siglas en Inglés), ofrece más de 20 millones de niños con acceso a una alimentación saludable y es un programa clave que previene que niños pasen hambre. Para ser elegible para el programa, el beneficiario debe ser ciudadano de EE.UU. o extranjero legalmente.

Sin embargo, en la pelea más reciente para volver a autorizar el programa a través de la Ley Agrícola de 2012, las enmiendas del senador Jeff Sessions (R-AL) y la congresista Martha Roby (R-AL) habría limitado la asistencia nutricional suplementaria sólo a las familias que pudieran demostrar que la presencia de todos y cada uno era legal. Con respecto al tema que se discutió anteriormente sobre el crédito fiscal infantil, las familias con un miembro indocumentado tendrían derecho a la asistencia de nutrición suplementaria, incluso si el niño que recibe el beneficio fuera un ciudadano de los EE.UU. De hecho, los 16,6 millones de personas viven en familias con estatus migratorio mixto. Y como señala el grupo de defensa First Focus , estos recortes podrían afectar hasta a 4,5 millones de niños ciudadanos-80 por ciento de los cuales son latinos.

Las familias inmigrantes ya son menos propensos a solicitar la asistencia nutricional comparados con familias nativas, sin embargo, estas enmiendas hacen más difícil para cualquier persona con un miembro de la familia indocumentado solicitar, otra forma de tratar de reducir el número total de personas que utilizan el programa. Pueda que muchas familias de bajos ingresos no sean capaces de producir la documentación necesaria para acreditar la situación legal de cada miembro de la familia, incluso si no hay nadie en la familia que sea indocumentado.

Usando el estatus migratorio como tema divisivo para atacar a los beneficios públicos ha sido una táctica parlamentaria perenne. Tratando de manera responsable, con 11 millones de inmigrantes indocumentados de la nación eliminaría esta línea de ataque y devolvería el enfoque al centro de la cuestión verdadera, el intento de desmantelar la red de seguridad social. Lo que es más, poniendo a estos inmigrantes en un camino hacia la legalización mejoraría significativamente su potencial de ingresos y reduciría al mínimo su necesidad de acceder a este tipo de asistencia.

Identificación

La presencia de un gran grupo no autorizado de trabajadores y familias conduce a un número de diferentes problemas relacionados con la identificación. Desde las licencias de conducir a la identificación de los votantes, a la autorización de empleo, la realidad de millones de inmigrantes indocumentados entre nosotros provoca debates sobre la manera de identificar correctamente a los que son documentados e indocumentados. Pero estas políticas no operan en un vacío, sino que llevan implicaciones para todos los estadounidenses, incluyendo los nativos.

E-Verify

Entre las propuestas más populares para restringir a los inmigrantes indocumentados y llevar a cabo “desgaste a través de la aplicación”, haciendole la vida lo más difícil posible para que los inmigrantes no autorizados se auto-deportan de los Estados Unidos-es E-Verify, un sistema electrónico para comprobar el estado de la autorización de un empleado. El  Jefe proponente y el presidente del Comité Judicial de la Cámara Lamar Smith (R-TX) llama a E-Verify, “una herramienta de éxito para los empleadores que buscan contratar una fuerza laboral legal”, y afirma que el programa “ayuda a reducir el imán de puestos de trabajo que fomenta la inmigración ilegal.” Su proyecto de ley mas reciente, el Acta de la Fuerza Laboral Legal, haría lo que actualmente es un sistema voluntario a uno obligatorio para todos los empleadores del país entero.

A primera vista, un sistema electrónico de verificación de empleo no suena tan mal. Ya está en contra de la ley contratar a inmigrantes indocumentados, ¿por qué no utilizar el Internet para verificar el estado legal de alguien? El problema es que el programa cuenta con deficiencias importantes que deben causar preocupación para todos los estadounidenses.

Más significativamente, el registro del sistema es terrible cuando se trata de inmigrantes no autorizados, no identificándolos más de la mitad del tiempo. Incluso para los trabajadores que son ciudadanos de Estados Unidos, el sistema es excesivamente propenso a errores. Si el programa se convirtiera hoy en obligatorio, causaría a 770.000 de trabajadores que se encuentren legalmente y están autorizados legalmente, a perder sus puestos de trabajo.

Imagina haber nacido en los Estados Unidos y vivir aquí toda su vida, sólo para saber que una base de datos del gobierno lo considera no apto para trabajar. Todo por un sistema que es sólo el 46 por ciento preciso a la hora de capturar a inmigrantes indocumentados.

Una vez más, poniendo a estos inmigrantes en un camino hacia la legalización le permitiría al país para concentrarse en el fondo de la cuestión-si, por ejemplo, realmente quieren obligar a los empleadores a verificar con el gobierno federal antes de contratar a alguien.

Identificación de Votantes

Las legislaturas estatales conservadoras de todo el país desean solicitar ciertos documentos de identificación de votantes en nombre de prevenir el fraude electoral por los que no son ciudadanos. Pero un número infinitesimal de los casos de fraude electoral han sido identificados, mientras que un gran número de grupos son susceptibles de ser marginados por estas reglas. Los grupos más propensos a carecer de la documentación necesaria son los pobres, los ancianos, y las comunidades de color.

Algunos conservadores utilizan el espectro de los inmigrantes que votan ilegalmente para promover políticas que una vez más afectan negativamente a millones de estadounidenses. La creación de un camino hacia la legalización para los inmigrantes indocumentados de la nación ayudaría a aclarar que estos esfuerzos de identificación de votantes no están diseñados para proteger contra el fraude, sino para suprimir la participación de los votantes.

Licencias de Conducir

El Acta REAL ID, aparentemente pasó para mejorar la seguridad nacional al impedir que los terroristas consiguieran licencias de conducir, fue defendido por restriccioncitas de la inmigración que lo veían como un freno a los esfuerzos de algunos estados para proporcionar acceso de los inmigrantes indocumentados a las licencias de conducir. Debido a la plena aplicación de la ley habría implicado compartir un base de datos masivo entre los estados y el gobierno federal, se creó la arquitectura de una tarjeta de identificación nacional que desencadena una reacción popular desde la izquierda y la derecha. Esa reacción estancó dramáticamente la aplicación de la ley, con estados y localidades que se niegan a participar.

Esto pone de manifiesto una vez más cómo la existencia de millones de inmigrantes indocumentados se convirtió en una cortina de humo para un esfuerzo para avanzar otra agenda: la creación de una tarjeta de identificación nacional. Ese es un tema justo para debatir sobre el fondo. Pero debido a que no se abordó directamente, terminamos con una política fracasada en el Acta REAL ID. Si la preocupación es realmente acerca de los inmigrantes indocumentados obtener licencias de conducir, entonces el enfoque más obvio y eficaz sería exigir a los inmigrantes indocumentados registrarse y obtener estatus legal. Permitir que lo hagan también reduciría el número de personas que no tienen más remedio que conducir sin licencia y el seguro con el fin de ganarse la vida y alimentar a sus familias.

Fuerza Laboral

Muchos sectores de nuestra economía dependen en gran medida de los trabajadores inmigrantes, como la agricultura, la construcción, hoteles y restaurantes. En algunas industrias, los trabajadores inmigrantes indocumentados representan una proporción significativa de la fuerza laboral. Como hemos demostrado en otra parte, el impacto económico de la eliminación de todos estos trabajadores sería catastrófico. Pero la situación actual es igualmente insostenible porque el toque de tambor implacable de la ley de inmigración federal y los esfuerzos realizados por algunos estados para demonizar a los indocumentados hace que estos trabajadores sean cada vez más vulnerables.

Estos esfuerzos no son sólo malas para los trabajadores marginados-dañan a todos los estadounidenses. Empleadores de buena fe deben competir contra los que se aprovechan de esta mano de obra vulnerable, y los trabajadores nacionales deben competir contra los trabajadores que no pueden proteger sus derechos fundamentales, incluyendo el derecho a un salario justo. Es una situación perder-perder que daría la vuelta a una situación donde se ganaría si nuestro Congreso tuviera la valentía de crear un proceso para la legalización de trabajadores inmigrantes que están comprometidos con este país. Nuestra incapacidad para atacar este problema ha perjudicado de forma desproporcionada a ciertas industrias, que incluye la agricultura y el sector de servicios.

Agricultura

La tensión entre la mano de obra inmigrante y la economía es más evidente en ninguna parte que en la agricultura. Según la mayoría de las estimaciones, los inmigrantes indocumentados representan más de la mitad de los trabajadores de la industria agrícola. Asimismo, el Departamento de Agricultura de EE.UU. ha estimado que cada trabajo agrícola crea tres puestos “upstream”  de trabajo en profesiones como el embalaje, el transporte y la venta del producto, lo que significa que lo que ocurre en el sector agrícola le afecta a la economía en su conjunto.

La agricultura es particularmente susceptible a los caprichos del mercado de trabajo, ya que los cultivos maduran a una hora fija y deben ser recogidos rápidamente antes de que se pudran. Los trabajadores migrantes suelen viajar por una ruta establecida, después de la temporada de crecimiento, ya que comienza en lugares como Florida y continua su camino hacia el norte. La interrupción de este flujo de recolectores puede ser devastadores para las economías locales y la seguridad alimentaria de la nación.

Tras el paso de la ley anti-inmigrante de Georgia, HB 87, por ejemplo, el Consejo Agri-negocio de Georgia estima que el estado podría perder hasta $1 mil millones en productos por la falta de mano de obra inmigrante. Una encuesta de los agricultores realizados por el Departamento de Agricultura de Georgia encontró un 56 por ciento de los encuestados estaban experimentando dificultades para encontrar trabajadores-un golpe devastador para el estado. Incluso un programa por el gobernador Nathan Deal (D-GA) para utilizar prisioneros que estaban en libertad condicional para llenar la escasez de trabajadores se desmoronó rápidamente, muchos de ellos parando de trabajar después de sólo unas pocas horas.

La creación de un proceso para la legalización de los trabajadores indocumentados ayudaría a estabilizar la fuerza de trabajo agrícola y mejorar la seguridad de alimentos de nuestro país. También disminuiría el incentivo de los estados de seguir el camino económicamente autodestructiva que Georgia, Alabama, Arizona, y otros han perseguido.

Sector de Servicios

Al igual que la industria de la agricultura, el sector de servicios, en particular el de los hoteles y restaurantes, han sido duramente golpeados por la imposibilidad de lograr una reforma migratoria, junto con la gran cantidad de leyes estatales que criminalizan a los indocumentados. Aproximadamente 2 millones de los 23 millones de trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos trabajan en el sector de servicios. Y como Darrell M. West de la Institución Brookings señala, muchos de los inmigrantes terminan trabajando en puestos de trabajo en lugares como hoteles y restaurantes, industrias donde no son suficientes los trabajadores nativos que están dispuestos a llenar estos puestos.

Arizona ofrece un caso de estudio sobre cómo las políticas de los indocumentados pueden afectar al sector de servicios. En 2010, el estado aprobó S.B. 1070, una ley anti-inmigrante. La aprobación del proyecto de ley dio lugar a un golpe importante a la industria del turismo, con un boicot importante del estado y un número de grupos nacionales destacados se negaron a celebrar conferencias y eventos en el estado.  Con todo, la investigación realizada por el Center for American Progress encontró que en el primer año de la ley por sí sola, Arizona perdió un total de $141 millones, incluyendo $45 millones en cancelaciones de alojamiento. La falta de turistas no sólo afectó a los medios de vida de los inmigrantes, sino de los nativos también: Un estimado de 2.700 puestos de trabajos y un total de $253 millones en impacto económico desaparecieron en un solo año.

La mano de obra inmigrante es fundamental para mantener nuestro sector de servicios en ejecución, y ningún mejor ejemplo se puede encontrar que en el huracán reciente de Sandy. Como informó Ted Hesson de ABC-Noticias Univisión, “puestos de trabajo de inmigrantes [mantuvieron a] New York City funcionando durante Sandy”, mientras conducían taxis, entregaron alimentos, y proporcionaron atención médica, solo como algunos ejemplos.

Conclusión

El fracaso de lidiar de manera realista con la gran población indocumentada establecida en nuestro país es económicamente autodestructiva en su propio derecho. Este informe pone de relieve la forma en el fallo que crea obstáculos para discusiones honestas y soluciones significativas en una variedad de otros temas importantes también.

Ya es hora que hagamos lo que es correcto para nuestro país y pongamos un fin al estancamiento de este tema. La política inteligente y las políticas buenas están directamente alineadas. El Congreso debe actuar para crear un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes que trabajan duro.

Marshall Fitz es el director de Política de Inmigración en el Center for American Progress. Le gustaría dar las gracias a Max Lesser, un pasante con el equipo de Inmigración, por su ayuda en la redacción de este artículo.

FUENTE: AP/Alan Diaz

Los sureños de Florida están en línea durante el último día de la votación temprana en Miami, Sábado, 03 de noviembre 2012. Los condados claves en el sur de Florida como Miami-Dade, Broward y Palm Beach apoyaron al presidente Obama por un 62 por ciento, 67 por ciento, y 58 por ciento, respectivamente.

El presidente Barack Obama ganó la relección porque fue capaz de obtener el apoyo de una coalición multirracial, multiétnica y de distintas clases quienes  creen en una agenda progresista para Estados Unidos. Las comunidades de color apoyaron abrumadoramente su visión para impulsar nuestro país adelante: Las encuestas muestran que el presidente Obama ganó el 75 por ciento del voto latino, más del 90 por ciento del voto afroamericano, y el 73 por ciento del voto asiático-americano, así como también el 39 por ciento de votantes blancos no hispanos.

Según varias encuestas realizadas por la NAACP, CAPCD Nacional y, LatinoDecisions, latinos, afroamericanos y asiático-americanos junto con el resto del electorado estadounidense que apoyó al presidente, citaron abrumadoramente a la economía y el empleo como su principal tema en las elecciones 2012. Mas aun,  dijeron, la visión y las políticas que el presidente Obama presentó resonaron con la gran mayoría de ellos.

Su nivel de preocupación por la economía no es de extrañar, teniendo en cuenta los desafíos económicos y sociales que las comunidades de color enfrentan. Latinos y afroamericanos siguen sufriendo altas tasas de desempleo de 9,9 por ciento y de 13,4 por ciento, respectivamente. Lo que es diferente en esta elección, sin embargo, es el rostro cambiante de nuestro país que hace que sea imperativo que se proporcione soluciones para promover el bienestar económico de todos nuestros ciudadanos.  El enfoque y los valores del presidente -ya sea en las inversiones para fortalecer y hacer crecer la clase media, un plan tributario justo, un sistema excepcional de educación pública, o cobertura  de cuidado de salud asequible -resonaron profundamente con estas comunidades y en muchos otros estadounidenses, incluyendo los votantes blancos no hispanos.

Las elecciones de este año nos dieron un vistazo al futuro ya que las filas de los estadounidenses de diferentes razas  aumentan en toda la nación, impulsados principalmente por el crecimiento en las comunidades latinas y asiático-americanas. Según el Instituto de Política Tomas Rivera, el 48 por ciento de todos los ciudadanos de Estados Unidos en la actualidad que viven en Texas y que tienen menos de 18 años son latinos; en Florida, es un 27 por ciento;  y en Colorado, 30 por ciento. A nivel nacional, la comunidad asiática-americana ha visto un crecimiento de 46 por ciento entre 2000 y 2010, según la oficina del censo. Este cambio demográfico no sólo ocurre en las ciudades de entrada habituales, pero es también evidente en el  corazón del pais- tendencias demográficas que continuarán independientemente de las fluctuaciones de inmigración, ya que está condicionada principalmente por nacimientos en Estados Unidos.

La participación de este electorado diverso envía un mensaje claro a todo funcionario público que tiene por objeto el ser elegido: Necesitamos una agenda de políticas para ayudar a restaurar el sueño americano de movilidad social y económica para todos y apoyar una visión progresista basada en la idea de que nuestra economía debe funcionar para todos, no sólo para unos pocos ricos.

A continuación se muestra una visión general de cómo la gente de color votaron en estados claves y los temas que los motivaron.

Virginia

El voto afro-americano y el voto latino ambos fueron decisivos para la victoria azul en Virginia, al igual que en el 2008. El presidente Obama mantuvo un fuerte apoyo de las comunidades de color en la misma forma que lo hizo en 2008. Él tomó el 93 por ciento del voto afroamericano, 65 por ciento del voto latino, 64 por ciento del voto asiático-americano, y 37 por ciento del voto blanco no hispano.

Los cambios demográficos en el estado también jugaron un papel importante.  La participación electoral fue más alta en las zonas que han estado experimentando cambios demográficos, como los alrededores del norte de Virginia, Richmond y Virginia Beach. En 1970, el norte de Virginia representó el 12 por ciento de la población del estado, para el año 2010 creció más que el doble llegando a más del 30 por ciento.  A medida que los suburbios de Washington se han expandido, el norte de  Virginia se ha vuelto más diverso y con mejor educación.   Según las encuestas de salida, los condados claves en el norte de Virginia, como Loudoun, Prince William y Fairfax apoyaron al presidente Obama por un 52 por ciento, 57 por ciento, y 59 por ciento, respectivamente. Casi el 40 por ciento del condado de Loudoun, el 55 por ciento del condado de Prince William, y el 47,7 por ciento del condado de Fairfax son personas de color.

Aunque muchos creen que el voto blanco no hispano no era importante para la victoria de Obama en Virginia, lo contrario es cierto. Los blancos apoyaron al presidente a un ritmo mayor de lo que apoyaron al senador John Kerry (D-MA) en 2004-32 por ciento contra a 37 por ciento en Virginia. Esto demuestra que el mensaje del presidente Obama también resuena con los votantes blancos, especialmente con los del norte de Virginia, quienes tienden ser más educados que el resto del estado. Virginia del Norte ha crecido en un 24 por ciento en la última década, impulsada por el aumento rápido en las personas de color y los graduados universitarios blancos, y la región constituye un tercio de los votos totales de Virginia.

Los votantes latinos de Virginia figuraron la economía, el empleo, y la inmigración como sus prioridades– a un 55 por ciento y 42 por ciento, respectivamente. Según Latino Decisions, el 53 por ciento de los latinos de Virginia están de acuerdo en que “el presidente Obama se preocupa por la comunidad latina”, comparado al 18 por ciento que cree que el candidato presidencial republicano y ex gobernador de Massachusetts Mitt Romney se siente de la misma manera.

El voto afro-americano fue igualmente un bloque electoral clave para que el presidente Obama ganara Virginia. Según las encuestas de salida, los afroamericanos representaron el 21 por ciento de los que votaron en el estado la semana pasada, y el 94 por ciento apoyaron al presidente. Este grupo surgió en mayor número que en 2008, cuando el voto afro-americano compuso el 20 por ciento de los electores de Virginia y apoyaron al presidente Obama por un 92 por ciento.

La población asiática-americana de Virginia fue también esencial en la relección del presidente Obama. La población asiática-americana de Virginia incrementó drásticamente durante la última década,  creciendo un 68 por ciento en los últimos tres años-este crecimiento esta concentrado en el norte de Virginia, donde números grandes se registraron para elegir a el presidente Obama. En 2000, los asiáticos e isleños del Pacífico formaron 6,6 por ciento de la población de los condados de Virginia cerca de Washington, DC; una década más tarde, ese número se ha duplicado a 13,6 por ciento.

Al fin de cabo, el hecho de que el presidente Obama tuvo el apoyo de las  comunidades de color y los votantes blancos en Virginia es la razón por la cual el estado se convirtió en azul y por qué fue relegido el presidente.

Colorado

Colorado se convirtió en azul este año debido principalmente a la alta participación en la comunidad latina. Encuestas de Latino Decisions muestran que el 87 por ciento de los latinos votaron por el presidente Obama, un aumento respecto a 2008, cuando se llevó el 61 por ciento del voto latino. Según las encuestas de salida, los condados claves que tienen un gran número de latinos votaron abrumadoramente para el presidente Obama. El condado de Pueblo, compuesto del 41,4 por ciento de latinos, votó por el presidente a una cifra de  55 por ciento, similar a la cifra del condado de Adams, donde el 38 por ciento de la población es latina y el 56 por ciento de ellos votaron por el presidente Obama. El presidente también disfrutó de un 44 por ciento del voto blanco no hispano, un aumento de 2 puntos porcentuales en comparación con el apoyo de blancos en Colorado que votaron por el senador Kerry en 2004. Votantes afro-americanos y asiático-americanos no fueron tan cruciales en Colorado como en otros estados, ya que cada una de estas comunidades sólo compone el 3 por ciento de los electores de Colorado.

En 2010, la población latina en Colorado llegó a 1 millón-  representando uno de cada cinco residentes de Colorado. El voto latino constituyó todo el aumento de la participación minoritaria de los votantes elegibles en el estado durante los últimos cuatro años. La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados proyectó que el estado tendría unos 224.000 votantes latinos en las elecciones de este año, un aumento del 15 por ciento desde 2008. Los latinos actualmente constituyen un 12,4 por ciento del electorado del estado y el 87 por ciento votó por el presidente Obama.

El apoyo de los latinos para el presidente en las elecciones de este año no fue una sorpresa ya que la economía y el empleo y la inmigración fueron también los principales problemas para el electorado latino en Colorado, y 7 de cada 10 latinos creyeron que el presidente Obama tuvo un mejor plan para mejorar la economía que el gobernador Romney. Este fuerte apoyo ayudó a llevar al presidente a la victoria en este estado clave.

Florida

La victoria del presidente Obama en Florida estaba directamente relacionada con la movilización de la gente de color, especialmente el crecimiento rápido de la población latina. Mantuvo una fuerte influencia en el voto afroamericano- 95 por ciento-y se vio un aumento en el voto latino de 57 por ciento en 2008 a 60 por ciento en 2012, con un incremento del 2 por ciento en la participación de los votantes. La comunidad latina apoyó al presidente Obama en todos los ámbitos en términos de origen nacional, con el mayor apoyo por parte de la República Dominicana, Centroamérica y las comunidades puertorriqueñas. El presidente también llevó el 37 por ciento del voto blanco no hispano en Florida.

Aproximadamente el 34 por ciento de los votantes de la Florida son personas de color, y los latinos representan el 17,4 por ciento del electorado del estado, mientras que afroamericanos representan el 13,7 por ciento. Los latinos contribuyeron a la victoria de Obama por 3,1 puntos porcentuales. El crecimiento de este electorado se vio impulsado por el aumento de hispanos no cubanos-que tienden a votar por los demócratas- en el estado.

El número de registro de votantes entre los latinos también se incrementó por más de 300.000 desde noviembre de 2008, con sólo 31.000 registrados como republicanos. Esto significa que el 90 por ciento de los latinos que se han registrado para votar desde el año 2008 lo hicieron como demócratas e independientes. Colectivamente, los votantes registrados entre los afroamericanos, caribe-americanos, e hispanos aumentaron por más de 450.000 desde 2008, que es un poco menos del doble de los 236.450 votos que el presidente Obama ganó en Florida en el 2008.

Según las encuestas de salida, los condados principales del sur de Florida como Miami-Dade, Broward y Palm Beach, apoyaron al presidente Obama por un 62 por ciento, 67 por ciento, y 58 por ciento, respectivamente. Estos condados tienen grandes comunidades con poblaciones de color. El condado de Miami-Dade esta compuesto por aproximadamente el19 por ciento de afroamericano y 64,5 por ciento latino. El condado de Broward es27,4 por ciento afroamericano y 25,8 por ciento latino y Palm Beach es 17,8 por ciento afroamericano y 19,6 por ciento latino.

Los votantes latinos en la Florida figuran la economía y la inmigración como los dos problemas más importantes que enfrenta su comunidad, a un 57 por ciento y 37 por ciento, respectivamente. No es de extrañar, entonces, que dieron su apoyo a Obama dado una reciente encuesta realizada por Latino Decisions que muestra que los latinos creen que el Presidente Obama gobernaría mejor que el gobernador Romney con respecto a la economía y la inmigración. El amplio apoyo de la comunidad latina, en particular, ayudó a convertir Florida en un azul este año, lo que sumó a su re-elección.

Ohio

La victoria del presidente Obama en Ohio dependió  en gran medida del voto afroamericano, quienes salieron a votar en números más altos que en 2008. Con base en datos de encuestas de salida, el presidente Obama asumió el 96 por ciento del voto afro-americano este año y tuvo un 97 por ciento en 2008. La población afro-americana también tuvo una mayor proporción de votantes este año que en 2008-su porcentaje del total número de los votantes de Ohio aumentó de un 11 por ciento en 2008 a un 15 por ciento este año.

La demografía en Ohio hizo que fuera un estado más difícil para el presidente de ganar  porque el 84 por ciento de la población del estado es anglosajón, y en general apoyaron el gobernador Romney por un57 por ciento. El gobernador Romney ganó el voto blanco (hombres y mujeres anglosajones) en números mayores que el senador John McCain (R-AZ) en el 2008. Los hombres anglosajones votaron por el gobernador Romney por un 63 por ciento contra el 36 por ciento quienes votaron para el presidente Obama-el senador McCain obtuvo el 53 por ciento contra el 45 por ciento en 2008-y las mujeres anglosajonas votaron por el gobernador Romney por un 53 por ciento contra el 46 por ciento para el presidente Obama, sobre el mismo margen de hace cuatro años. El voto anglosajón en Ohio por lo general, sin embargo, fue de un 79 por ciento- aproximadamente 4 puntos menos que en 2008. Cuarenta y un por ciento de los anglosajones no hispanos residentes de Ohio le dieron su apoyo al presidente Obama.

También hay una población latina relativamente pequeña de en Ohio, de un 3 por ciento en comparación con el promedio nacional de 17 por ciento. Aun así, la mayoría de ellos-54 por ciento-votaron por el presidente Obama.

Los afroamericanos constituyen el 12,4 por ciento de la población de Ohio, y fue por lo tanto este grupo de votantes que constituyeron el margen necesario para que el presidente Obama llegara a la victoria. La participación electoral más alta en la comunidad afroamericana estaba directamente relacionada con las crecientes tasas de registro de votantes y la votación temprana en la comunidad afroamericana. La inscripción de votantes en esta comunidad subió por un 20 por ciento en 2012, y la votación temprana subió por un 17 por ciento desde 2008 entre los afroamericanos en Ohio. A nivel nacional, en base a los datos pre-electorales, la comunidad afroamericana tuvo mayores niveles de entusiasmo por votar en esta elección-casi el 20 por ciento más alto que otros votantes.

Además, entre los votantes registrados, los afroamericanos eran más propensos a votar: El 85 por ciento dijo que “definitivamente votaban” este año. Este entusiasmo entre los afroamericanos, tanto en Ohio y en todo los Estados Unidos, fue una gran parte de por qué el presidente Obama se dirige de nuevo a la Casa Blanca para un segundo mandato.

Nevada

El voto latino y asiático-americano en Nevada fueron fundamentales para la victoria del presidente Obama en el estado, quienes  lo apoyaron por un 71 por ciento y 50 por ciento, respectivamente. El también mantuvo una fuerte influencia en el voto afroamericano por un 92 por ciento, aunque la participación de los votantes en este grupo disminuyó ligeramente, por 1 por ciento, desde 2008. Los anglosajones no hispanos también apoyaron al presidente por un 43 por ciento-los mismos puntos porcentuales que los votantes anglosajones de Nevada le dieron al senador Kerry en 2004.

Las comunidades latinas y asiático-americanas en el estado han crecido de manera exponencial en la última década. Según la Oficina del Censo, las comunidades latinas y asiáticas del estado representan el 27 por ciento y 7,7 por ciento, respectivamente, de la población del estado y han crecido a un ritmo de un 82 por ciento y un 116 por ciento, respectivamente, entre 2000 y 2010. La comunidad asiática-americana vio un aumento del 2 por ciento en la proporción de votantes desde el 2008, y las personas de color representan casi el 40 por ciento de los votantes elegibles de Nevada.

Según las encuestas de salida, los dos condados claves para asegurar la victoria del presidente en Nevada eran los condados de Clark y Washoe, que votaron por el presidente Obama por un 56 por ciento y 51 por ciento, respectivamente. La comunidad latina representa el 29,7 por ciento del condado de Clark y el 22 por ciento del condado de Washoe, que se localizan en el sureste y noroeste del estado. Las encuestas indican que los latinos votaron por el presidente Obama por un margen de casi 2-a-1 en el estado. Además, de acuerdo con las encuestas de salida, el presidente Obama llego a tener el 50 por ciento del voto asiático-americano, un aumento de 3 puntos porcentuales con respecto al 2008.

Las encuestas también mostraron que cuando se trata de los problemas, las comunidades de color en Nevada creen que el presidente Obama va a resolver los problemas más difíciles de su estado. Los latinos en Nevada citaron la economía y la inmigración como los dos problemas más importantes que afectan a sus comunidades por un 54 por ciento y 40 por ciento, respectivamente. Cuando se trata de la cuestión de la inmigración, 61 por ciento de los latinos en Nevada se sentían con mas entusiasmo sobre el programa del presidente Obama de la acción diferida para jóvenes quiénes llegaron en su infancia, y menos entusiastas sobre la postura de la auto-deportación del gobernador Romney, lo cual sólo fue apoyado por el 5 por ciento de los votantes latinos.

La visión para Estados Unidos del presidente Obama resonó con más votantes de Nevada que la visión del  gobernador Romney, por lo que el estado se convirtió en azul en el 2012.

Conclusión

Los votantes multirraciales y multiétnicas en estados claves y en toda América hicieron oír sus voces el 6 de noviembre y lo harán de nuevo en las próximas décadas. La gente de color salió en números históricos este año para re-elegir al Presidente Obama, no sólo por su simpatía, sino también por las políticas que ha presentado y el impacto que la administración de Obama ha tenido en sus comunidades. Es evidente que la economía y la inmigración fueron las áreas claves de emisión para estas comunidades, y grandes márgenes de estas poblaciones pusieron a favor la visión progresista de América planteada por el presidente Obama sobre las ideas del gobernador Romney.

Esta elección ha sido una llamada de atención para los conservadores. La mayoría de los estadounidenses están de acuerdo con la visión progresista-que necesitamos construir una nación que le beneficie a todos los estadounidenses, no sólo a unos pocos elegidos.

Vanessa Cárdenas es la directora de Progress 2050 en el Center for American Progress.  Sophia Kerby es un asistente especial para Progress 2050.

FUENTE: AP/Cliff Owen

Gustavo Torres, director de Casa en Acción, en centro y otros en una reunion sobre derechos de inmigrantes, entre ellos las organizaciones de Casa en Acción y la Ley DREAM de Maryland , en frente de la Casa Blanca en Washington el 8 de noviembre de 2012, pidiendole al presidente Barack Obama que cumpla su promesa de aprobar una reforma migratoria integral.

A raíz de la elección de la semana pasada, la radio y los titulares están explotando con charla del voto latino, que correctamente le dan el mérito de haber oscilado la elección para el presidente Barack Obama . El anfitrión de radio conservador Sean Hannity y el orador de la Cámara de Representantes, John Boehner (R-OH), ambos hablaron la semana  pasada sobre la necesidad de proporcionar un camino hacia la legalización para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en nuestro país. Los conservadores, por fin parecen estar acercándose a  todos por igual, quiénes  apoyan de manera abrumadora que enfrentemos el tema de  inmigración de una manera inteligente y sensible.

Antes de que el ciclo postelectoral termine, esto es lo que los funcionarios electos deben tomar en cuenta sobre los votantes y la reforma de la inmigración:

•  Los votantes latinos votan, e importan
• 90% de latinos en los EEUU tienen un padre o abuelo inmigrante
• Los 11 millones de inmigrantes indocumentados en nuestro país  no son un concepto abstracto para los votantes latinos
• Americanos apoyan un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados
• El programa que protege a los DREAMers (soñadores) sirve como modelo para reformas en el futuro

Esto es lo que los funcionarios electos necesitan saber acerca de estos cinco datos después de la elección.

Votantes latinos votan, e importan: ya se estan sintiendo como noticias viejas pero vale la pena repetirlo y acordarlo- encuestas de salida encontraron un récord de 71 por ciento de los latinos votaron por el presidente Obama en esta elección. Uno debe notar que los hispanos eran una parte mayor del electorado en esta temporada electoral, al sobrepasar de 9,5 por ciento del electorado en 2008 a 11 por ciento en 2012.

Sus votos fueron sentidos sobre todo en estados claves como Florida, Colorado, Nevada y Nuevo México. En Colorado, un estado clave importante este ciclo electoral-87 por ciento de los latinos votaron por el presidente Obama, y el número de votos latinos para el presidente Obama (261.037) fue más de dos veces mayor que el margen de la victoria (113.099) para el presidente en ese estado.

90% de Latinos en los EEUU tienen un padre o abuelo inmigrante

Esto significa que 9 de 10 latinos están entre dos generaciones de sus raíces inmigrantes. No es ninguna sorpresa, entonces, que están escuchando con atención el tono y el contenido del mensaje de los candidatos cuando se habla de inmigración.

Los 11 millones de inmigrantes indocumentados en nuestro país  no son un concepto abstracto para los votantes latinos. Tal vez sea demás el repetir lo obvio, pero los inmigrantes indocumentados no viven todos juntos en un edificio de apartamentos. De hecho, el 60 por ciento de los votantes latinos conocen a un inmigrante indocumentado, y una cuarta parte conoce a alguien que esta en proceso de deportación o ha sido deportado.

Así que cuando los republicanos le apuntan a los indocumentados con propuestas como la “auto-deportación” y proponen terminar el programa popular del presidente Obama de acción diferida para no deportar a los “DREAMers”-inmigrantes jóvenes que fueron traídos a los Estados Unidos a una edad temprana y que no están documentados, pero que serían elegibles para el DREAM Act, los votantes Latinos ven un blanco en la espalda de un familiar, un amigo o un compañero de trabajo. Esta retórica es verdadera para los votantes latinos.

Americanos apoyan un camino hacia la ciudadanía para los inmigrantes indocumentados

Cuando los estadounidenses fueron a las urnas el pasado martes, estaban divididos sobre muchos temas. Las encuestas de salida mostraron, sin embargo, que los estadounidenses no estaban divididos sobre el tema de encontrar una solución practica para los 11 millones de inmigrantes sin documentos. El sesenta y cinco por ciento de los encuestados pensaban que inmigrantes indocumentados deben ser “ofrecidos la oportunidad de solicitar la condición legal”, incluyendo un 37 por ciento de votantes que apoyaron al candidato presidencial republicano y ex gobernador de Massachusetts, Mitt Romney.

La encuesta de salida refleja una tendencia que se ha estado construyendo desde hace meses. En junio, Gallup reportó que los estadounidenses escogerían “tratar con los inmigrantes ilegales que ya están en los Estados Unidos” en vez de “detener el flujo de inmigrantes ilegales” por un margen de 55 por ciento a 41 por ciento, respectivamente, un tirón cerca de los números cuando Gallup hizo esta misma pregunta en 2011. Una encuesta similar realizada por CNN Internacional y ORC en octubre, muestra que el 56 por ciento de los votantes registrados entrevistados creen que el principal objetivo del gobierno de los EE.UU. en el trato con los inmigrantes indocumentados debería ser de “planificar para ayudarlos a convertirse en residentes legales”.

El programa que protege a los DREAMers (soñadores) es un modelo para futuras reformas. En junio, el presidente Obama levantó la sombra de la deportación de 1,76 millones de norteamericanos aspirantes al permitirles solicitar alivio discrecional de la autorización de extracción y trabajo a través del programa de acción diferida. Hasta ahora, el programa, que oficialmente comenzó en agosto, ha sido todo un éxito, con 180.000 solicitudes admitidas a su consideración. Eso es casi un quinto de los posibles solicitantes aplicando en los dos primeros meses de existencia del programa.

Sin embargo, el programa es sólo un curita sobre una herida mucho más grande, y el beneficio económico de llegar a  la legalización de esta juventud es sustancial. Afortunadamente, la acción diferida y el DREAM Act son populares entre los latinos y los no latinos por igual. Una encuesta de octubre mostró que el 64 por ciento de votantes registrados, cuando se les preguntó si pensaban que la política del presidente Obama hacia los DREAMers había ido demasiado lejos, pensaron que la política era “bastante bien.” Lo mismo se puede decir de un 71 por ciento de los latinos encuestados.

Conclusión

Como es frecuente el caso, el pensamiento del público está por delante de las acciones de los legisladores. Los legisladores no pueden darse el lujo de sentarse en la banquilla y no tener que trabajar hacia las políticas de inmigración de sentido común. Tanto la política y la perspectiva de la política hacia darle a los 11 millones de personas que aspiran ser ciudadanos para la oportunidad de presentarse y contribuir como americanos.

FUENTE: AP/Rebecca Breyer

Pilar Quinn, voluntaria, imparte una clase de preparación para el examen de Competencia de Escuela Preparatoria (GED) en una Escuela Marista en Atlanta, Georgia, el jueves 11 de octubre de 2012. La clase es para los inmigrantes que aplicaron para la Acción Diferida para las personas que llegaron en su Niñez.

Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de los EE.UU. han dado a conocer recientemente una segunda ronda de datos sobre la Política de Acción Diferida para las Personas Que Llegaron en su Niñez. Desde que se inició su aplicación a mediados de agosto, se han aceptado cerca de 180.000 solicitudes para su consideración y más de 4.500 jóvenes elegibles han recibido la acción diferida. Aunque la política aún se encuentra en su fase inicial, no es prematuro comenzar a evaluar su éxito y examinar su posible impacto.

El éxito de cualquier política diseñada para alentar a los inmigrantes indocumentados a presentarse al gobierno y solicitar su estatus legal puede evaluarse empleando dos normas. La primera—y sin duda el más importante—indicador de referencia es la máxima participación de la población elegible. La segunda es un proceso justo, eficiente y transparente para recibir y adjudicar las solicitudes. Hasta ahora el programa de acción diferida ha sobre-cumplido estas dos normas y, de continuar por este camino exitoso, los Estados Unidos estarán en condiciones de cosechar considerables beneficios económicos.

La historia de la acción diferida

Antes de evaluar el éxito del programa, es importante  que se comprenda primero el contexto en el que se creó el programa. Durante más de 10 años, incontables personas, entre ellos muchos inmigrantes valientes que carecen de estatus legal, han defendido un esfuerzo legislativo para aprobar el DREAM act—un proyecto de ley que crearía una vía a la ciudadanía estadounidense para personas no autorizadas que vinieron a los Estados Unidos cuando eran niños. Pero tras varios esfuerzos infructuosos para aprobar el proyecto de ley—el último fracaso fue después de un insuperable obstruccionismo republicano en el pleno del Senado a pesar de que la mayoría de senadores (55) votaron a favor—el Presidente Barack Obama empleó sus facultades ejecutivas para permitir que hasta 1,76 millones de aspirantes a hacerse ciudadanos estadounidenses salieron de las sombras de nuestra sociedad al autorizar a 950.000 personas que son elegibles de inmediato para solicitar su estatus. Y el 15 de junio de este año, la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional Janet Napolitano emitió una directiva que les permite a los jóvenes elegibles solicitar un amparo  discrecional que impida su deportación que es la política que ha dado en llamarse posteriormente la Acción Diferida para las personas que llegaron en su niñez.

En virtud de esta directiva, a los jóvenes inmigrantes se les autoriza a solicitar un perdón temporal por dos años para evitar la deportación y a pedir un permiso de trabajo si cumplen una serie de requisitos, entre ellos, tener menos de 30 años, haber vivido por más de cinco años en los Estados Unidos y haber ingresado en el país antes de haber cumplido los 16 años. Adicionalmente, los jóvenes deben haber terminado o estar actualmente matriculados en la escuela secundaria (o haber recibido un diploma equivalente de estudios secundarios GED) o haber servido en las fuerzas armadas de los EE.UU. A diferencia de el DREAM act, la acción diferida es un programa administrativo discrecional que es temporal—que les concede un aplazamiento por dos años a partir de la fecha de aprobación—y no les otorga residencia permanente.

La última vez que un número tan grande de inmigrantes indocumentados fueron autorizados a solicitar una suspensión de la deportación fue en 1986, cuando el entonces Presidente Ronald Reagan firmó la aprobación de la Ley de Reforma y Control de Inmigración. Hoy en día, muchos investigadores académicos, formuladores de política y ciudadanos ven la Ley de Reforma y Control de Inmigración como un programa de legalización muy exitosa ya que sirvió para legalizar a un gran porcentaje de la población elegible en un breve plazo. Conforme a esa ley, se le otorgó la residencia legal temporal y la oportunidad de ganarse la residencia permanente a cerca de 1,7 millones de individuos*. Esto abarcó más del 77 por ciento de los que eran potencialmente elegibles para solicitar. Un rápido examen de las cifras sugiere que la política de Acción Diferida para las personas que llegaron en su niñez va camino de alcanzar el mismo éxito desde el punto de vista de sus índices de participación y de las experiencias positivas de los solicitantes a lo largo de todo el proceso, por no decir que está teniendo más éxito.

El éxito de la acción diferida

Tan solo en los primeros dos meses, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. recibieron y aceptaron 179.794  solicitudes de acción diferida para tramitar. Eso representa el 1,9 por ciento de los 950.000 individuos elegibles de forma inmediata.  El programa de la Ley de Reforma y Control de Inmigración llegó a este nivel, lo antes posible, al cuarto mes de la presentación de las solicitudes; solo el 3,07 por ciento de los 2,2 millones de inmigrantes que eran potencialmente elegibles conforme a la ley presentaron la solicitud en el primer mes de haberse promulgado la ley y al tercer mes solo se habían presentado el 13,3 por ciento de las posibles solicitudes. Los elevados índices de participación temprana en la aplicación de una política son cruciales porque envían una señal positiva de que demás personas elegibles deben presentar su solicitud. Hasta ahora, la Acción Diferida para las Personas Que Llegaron en su Niñez ha logrado justamente eso. Esto es un indicio de que se ha cumplido el primer indicador de referencia.

De igual modo, el elevado número de solicitudes presentadas y las más de 158.000 citas concertadas para realizar entrevistas biométricas sugieren que el segundo indicador de referencia para el éxito también se está cumpliendo, por lo menos en su etapa inicial: el proceso para la solicitud de la acción diferida es un proceso simplificado y transparente. Algo que sugiere aún más el éxito en este sentido es que a los dos primeros meses del programa, ya se han concedido  4.591 solicitudes de amparo. Desde el 10 de octubre los solicitantes no habían recibido cartas de rechazo. Estos resultados positivos envían una señal a los demás participantes elegibles que estén dudosos sobre si deben registrarse con el gobierno que es seguro dar un paso al frente y solicitar. Así, pues, la eficiencia y transparencia del proceso alienta a más inmigrantes a solicitar y aumenta las posibilidades de éxito general de la política.

Ahora que el Departamento de Seguridad Nacional  ha puesto los dos primeros indicadores del éxito en el buen camino, los formuladores de política deberían considerar cómo asegurar que se aprovechen al máximo los éxitos del programa. Estos inmigrantes tienen la posibilidad de contribuir a nuestra economía y sociedad en los próximos años.

La acción diferida y el DREAM Act

Con todo, dado que la política de Acción Diferida para las Personas Llegadas en su Niñez es una medida discrecional de carácter administrativo, su impacto es limitado. Por ejemplo en un informe dado a conocer este mes por el Center for American Progress  y la Alianza para una Nueva Economía Estadounidense, se calcula que la aprobación del DREAM act  que es más permanente—en tanto solución legislativa definitiva para estos jóvenes inmigrantes—aportaría un total de $329 mil millones a la economía estadounidense para el 2030. Este impulso económico se produciría debido a que el ajuste del estatus legal de personas jóvenes que pasarían a ser residentes permanentes conduciría a ingresos más elevados y crea posteriormente un efecto multiplicador en toda la economía.

Como es obvio, el hecho de que los beneficiarios de la acción diferida solo reciban autorización de trabajo temporal los limita en el logro de su pleno potencial para realizar sus contribuciones económicas a largo plazo. Pero lo que no puede negarse es que sacar a estos aspirantes a norteamericanos de su condición de marginados económicos al incorporarlos a la economía formal brindará un considerable impulso económico y fiscal. Ellos ganarán más dinero, gastarán más dinero y aportarán más a las arcas fiscales. Ahora está en manos del Congreso maximizar esa oportunidad económica—y nuestro interés colectivo propio—a través de la aceleración de este proceso y otorgándoles a estos jóvenes el estatus legal permanente como inmigrantes.

Maria Fernanda: Un estudio de caso práctico

Por primera vez, estos aspirantes a norteamericanos podrán participar de manera plena dentro de la sociedad en la que han vivido y trabajado durante años. María Fernanda Cabello es una de esas soñadoras del DREAM act : María Fernanda nació en México y emigró con su familia a Texas por necesidad económica cuando tenía 12 años. Tras graduarse en quinto lugar de su clase en una escuela secundaria en Houston, hoy en día cursa el último año de su carrera de ciencias políticas en la Universidad de Texas A&M en College Station, Texas.

Ella ha sido activista en favor del DREAM actdesde su primer año de Universidad y desde que visitó Washington, D.C. para asistir a una capacitación como activista en agosto cuando se aceptaron las primeras solicitudes de la acción diferida. Ella estuvo entre las más de 11.000 jóvenes tejanas que solicitaron el programa dentro del primer mes de su existencia. Maria Fernanda ha recibido la acción diferida y un permiso de trabajo, pero ella considera que su trabajo está lejos de haber concluido. “Quiero ayudar a las comunidades a que sepan que tienen que participar en forma activa en lo que está pasando, que deben ir a votar y ser activas”, señaló en una entrevista con Campus Progress. “Ahora que tengo el permiso de trabajo, esto es solo un recordatorio de que mis padres aún conducen su auto para ir al trabajo sin licencia de conducir  y están en riesgo”, continúa diciendo.

Maria Fernanda considera que los Estados Unidos es su patria y hogar y ahora ella, junto con más de 4.500 beneficiarios de la acción diferida, se encuentran a un paso más cerca del Sueño Americano. Examinemos la procedencia de los demás solicitantes de acción diferida.

Conclusión

En este reñido año electoral, la lógica común indica que las personas vacilarán en dar pruebas de su estatus no autorizado al próximo gobierno que aún está por determinarse. Pero las personas como Maria Fernanda habían cuestionado esta idea. Los 13.000 soñadores del DREAM actque se reunieron en el Navy Pier de Chicago el 15 de agosto—desde el primer día en que podían presentarse las solicitudes—para recibir asesoramiento en cuanto a cómo presentar su documentación para tramitar la acción diferida dieron señales de que el programa había tenido un buen comienzo.

Con casi un quinto de los posibles solicitantes que solicitan su estatus con tanta rapidez—incluso en un clima político tan tenue—podemos esperar que después de las elecciones de noviembre, el número de solicitantes siga creciendo. Si el Departamento de Seguridad Nacional sigue revisando y adjudicando de manera eficiente las solicitudes que se presentan, la política de la Acción Diferida para las personas que llegaron en su niñez podría ser una de las políticas inmigratorias más exitosas de nuestra época. Si el Congreso presta atención y adopta medidas legislativas para ofrecer una solución más permanente, el éxito de este programa demostrará que la incorporación de los inmigrantes indocumentados respetuosos de la ley al redil económico es un triunfo para los Estados Unidos.

Marshall Fitz es el Director de Política de Inmigración en el Center for American Progress. Patrick Oakforde es Asistente Investigativo del equipo de Política económica del Centro. Ann Garcia es Asociada de Investigación y Política del equipo de Inmigración del Centro.

* Esta cifra es el número de personas legalizadas conforme a lo dispuesto en la cláusula principal 245A de la Ley de Reforma y Control de Inmigración. Esta cláusula excluyó aproximadamente a 1,1 millones de inmigrantes indocumentados que trataron de obtener y fueron admitidos para la residencia temporal y luego permanente por una disposición de la Ley de Reforma y Control de Inmigración de 1986 para los trabajadores agrícolas. Dado que estos trabajadores tenían que haber estado en los Estados Unidos durante 90 días de cada uno de los 3 años que precedieron a su legalización de 1986—comparados con los 5 años completos de presencia en el país que los otros solicitantes bajo la Ley de Reforma y Control de Inmigración tenían que cumplir previo a la legalización de 1986—estimamos que solo las cifras bajo la cláusula de legalización principal 245A es el mejor comparador para el programa de Acción Diferida para las Personas Que Llegaron en su Niñez.

FUENTE: AP/Kelley McCall

Momentos después de que el Presidente Obama firmó la ley de Recuperacion el martes, 17 de febrero, 2009, el Departamento de Transporte en Missouri reemplazo el puente cerca de Tuscumbia, Missouri. La inversión en infraestructura es una de las muchas maneras en la cual la Ley de Recuperacion ha detenido la ola de desempleo.

La continua recuperación económica de EE.UU. desde la Gran Recesión, impulsada en primer lugar por el Acta de Recuperación y Reinversión del 2009 y luego por una serie de medidas adoptadas por la administración de Obama, rápidamente se traduce a un aumento de puestos de trabajo en estados por toda la nación.

Primero tomemos en cuenta el panorama nacional. En septiembre, la tasa de desempleo cayó a 7,8 por ciento, cual fue la tasa más baja desde que el presidente Obama asumió el cargo a finales de enero del 2009. Desde el principio de su presidencia, la economía perdió empleos a un ritmo sin precedente donde más de 20.000 puestos de trabajo se perdían cada día. Las pérdidas de trabajos continuaron a un ritmo acelerado hasta que se firmó la Ley de Recuperación y Reinversión Americana, lo cual desaceleró esta perdida y  comenzó a añadir trabajos, cada mes hasta en marzo del 2010.

El hecho que la tasa de desempleo este bajo del 8,0 por ciento es una prueba del éxito de éste y otras políticas implementadas por el gobierno de Obama y el 111 º Congreso, quien estuvo en sesión en el 2009 y 2010.  La Ley de Recuperación contuvo la marea de la destrucción de empleos por medio de la inversión en infraestructura, el desarrollo de la energía verde, la prestación de ayuda a los estados para la educación, y extendio los beneficios de desempleo..  El Congreso aprobó aproximadamente $800 mil millones en estimulación, todo lo cual contribuyó a estimular la economía en crisis y le ayudo a muchos estadounidenses a que volvieran a trabajar.

Ahora veamos a algunas cifras claves de empleo estatales. En Nevada, un estado el cual fue afectado especialmente duro por la crisis hipotecaria y la recesión económica subsiguiente, el desempleo se redujo desde 12,1 por ciento en agosto del 2012 a un 11.8 por ciento en septiembre. Esta tasa es un mejoramiento comparado con el 14 por ciento de desempleo que había en Nevada en octubre del 2010. Nevada recibió casi $2 mil millones en subvenciones y contratos de la Ley de Recuperación y un adicional de mil millones de dólares en préstamos.

Debido a una beca concedida a Carson City, este distrito escolar de Nevada creó más de 5.000 empleos y ayudó a apoyar a la educación primaria pública, la secundaria y la postsecundaria. Al invertir en la educación, proyectos como éste ayudaron a crear puestos de trabajo cuando más lo necesitaba Nevada, mientras al mismo tiempo fortalecio el crecimiento económico competitivo del estado para un mejor futuro.

En Colorado, la tasa de desempleo también se redujo 0,2 puntos porcentuales en septiembre, bajando hasta el 8,0 por ciento. La tasa de desempleo en el área metropolitana de Denver cayó aún más, cayendo por 0,5 puntos porcentuales, hasta llegar al 7,7 por ciento. Colorado también recibió fondos importantes de la Ley de Recuperación y Reinversión, sumando un total de casi $ 5,7 mil millones. Muchos de estos fondos se destinaron a las escuelas del estado, universidades y colegios de la comunidad, mientras que otros fueron dedicados a las inversiones en energía renovables e infraestructura. Podemos ver que en el segundo trimestre del 2012 (los datos más recientes disponibles), las inversiones continuas de la Ley de Recuperación ayudaron a crear más de 3.000 puestos de trabajo.

Florida, otro estado golpeado por la crisis de vivienda y la recesión económica, recibió uno de los mayores paquetes de estímulo económico del 2009, con fondos sumando un total de más de $11 mil millones. Después de estar luchando contra una tasa de desempleo mayor de 10 por ciento durante 31 meses consecutivos, la Florida ha vuelto a bajar su tasa de desempleo a 8,7 por ciento, 0,5 puntos porcentuales por debajo de donde estaba durante el primer mes que el Presidente Obama estuvo a cargo.

En las zonas urbanas de Miami, vemos la misma historia. El desempleo está al 8,9 por ciento, un descenso de 0,4 con respecto al mes pasado, y de regreso al nivel que tenía en febrero del 2009. Cerca de $900 millones de los fondos de la Ley de Recuperación llegaron en forma de contratos para los empleadores de la Florida. La mayoría de estos fondos siguen fluyendo en las economías locales, apoyando a miles de empleos desde la construcción y el transporte hasta el dragado y la fabricación.

Luego está Carolina del Norte, donde $7.6 mil millones de fondos ayudaron a bajar la tasa de desempleo hasta llegar a 11,4 por ciento en febrero de 2010 a 9,6 por ciento el mes pasado. La mayoría de estos fondos se han dedicado a la educación, el transporte y la infraestructura, pero los programas de apoyo de la capacitación laboral y la prestación de asistencia a los que buscan trabajo también fueron incluidos. En el primer trimestre del 2011, estos fondos ayudaron a crear cerca de 30.000 empleos.

La tasa de desempleo de Virginia nunca pasó por encima del 7,3 por ciento, y en la actualidad se mantiene estable en el 5,9 por ciento. Más de $6.4 mil millones en ayuda se asignaron a Virginia por medio de la Ley de Recuperación. Este dinero ayudó a mejorar las escuelas del estado, carreteras, aeropuertos, puentes y emplear a los mejores trabajadores para estos puestos.

Con una tasa nacional de desempleo de 7,8 por ciento, es evidente que aún queda mucho trabajo por hacer en los meses y años que vienen. Sin embargo, es importante tomar en cuenta las políticas y el liderazgo que nos ayudaron a ponernos en el camino hacia una recuperación económica estable y permanente. El presidente Obama y la Ley de Recuperación y Reinversión Americana del 111 º Congreso le dieron el impulso que nuestra economía necesitaba para ayudar a mantener a más estadounidenses en el trabajo productivo cuando más lo necesitaba nuestra nación.

Heather Boushey es una Economista en el Center for American Progress.   Jane Farrell es un asistente de investigación con el equipo de Política Económica en el Center for American Progress.

FUENTE: AP/J. Scott Applewhite

La Corte Suprema de los Estados Unidos.

La Corte Suprema de los EE.UU. comienza hoy a escuchar los argumentos orales en Fisher vs. Universidad de Texas”, un caso que impactará a una generación de latinos y otros jóvenes de color en busca de la educación superior. Un fallo adverso por los jueces, uno que declare que la política de admisión consciente de  raza/ etnicidad es inconstitucional, podría potencialmente socavar los esfuerzos de las universidades para ampliar la oportunidad de la educación superior a las comunidades menos representadas.

Primero, un poco de historia: La mayoría de los estudiantes de todas las razas de la Universidad de Texas en Austin son admitidos a través del plan del estado llamado “Top Ten Percent”, lo que significa que la universidad admite a todos los residentes de Texas que se ubican en el 10 por ciento superior de su clase de secundaria. Para los estudiantes restantes, aquellos que no están en el 10 por ciento superior,  la Universidad de Texas en Austin toma en cuenta criterios diferentes, incluyendo ensayos, cualidades de liderazgo, actividades extracurriculares, premios, servicio comunitario, las responsabilidades familiares, situación socioeconómica, el idioma que se habla en el hogar, y la raza. La demandante en el caso, Abigail Fisher, una estudiante blanca que no se ubico en el  “Top Ten Percent”, afirma que se le negó la admisión a causa de su raza.

La universidad utiliza sus criterios de admisión para admitir un cuerpo estudiantil diverso, que incluya estudiantes de color con diversas experiencias, y así tener un  campus que cuente con una “masa crítica” de estudiantes de color en la mayoría de los salones de clase. Este criterio es consistente con el caso de Grutter vs. Bollinger, que confirmó que los beneficios educativos de la diversidad son un interés apremiante.

Si bien gran parte de la conversación sobre la acción afirmativa en torno a este caso es muy sobrecargada y resulta ser un juego de suma cero, el verdadero enfoque de este caso debería ser sobre lo que se debe hacer para ampliar las oportunidades y asegurar que nuestras instituciones de educación superior reflejen la diversidad de nuestra ciudadanía.  En última instancia, el acceso a la educación no es sólo acerca de la educación, un objetivo importante y digno, pero se trata también de la oportunidad económica.

Sé que algunos están cansados de leer sobre el tema, y debo admitir que estoy un poco cansada de escribir sobre ello, pero los cambios demográficos de nuestro país nos obligan con urgencia a poner en práctica políticas que amplíen las oportunidades para todos, por nuestro interés común y  porque es lo correcto en hacer.

La mayoría de los niños de hoy menores de 1 año son de color, y para el 2023 la mayoría de los jóvenes menores de 18 años de edad serán los niños de color. La gente de color de hoy representa alrededor del 36 por ciento de la fuerza laborar y de acuerdo con proyecciones de la Oficina del Censo, en 2050 uno de cada dos trabajadores será una persona de color. Sin embargo, actualmente 95.8 por ciento de los ejecutivos de compañías  Fortune 500 y el 89 por ciento de los abogados son blancos. Y nuestros cuerpos legislativos siguen una tendencia similar: el 87 por ciento del Congreso son blancos (85 por ciento en la Cámara y el 96 por ciento en el Senado). Para el año 2018, el 63 por ciento de los empleos requerirán alguna educación universitaria o superior. Sin embargo, hoy sólo el 13 por ciento de los hispanos y el 20 por ciento de los afroamericanos obtienen este nivel de educación.

Esta es la cuestión central de este caso. ¿Cómo pueden las instituciones de enseñanza superior asegurar que  las próximas generaciones de estadounidenses  estén preparadas para dirigir nuestra nación? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestro liderazgo ya sea empresarial,  en el sector sin fines de lucro, o  gubernamental, refleje a  nuestra ciudadanía?

Los líderes empresariales se han pronunciado claramente en su apoyo a la diversidad. Más de 60 líderes de empresas Fortune 500 en el caso Grutter y 57 compañías de Fortune 100 en el caso de Fisher hicieron publico su apoyo a políticas de admisión basadas en la raza al presentar escritos amicus ante el Tribunal Supremo afirmando que la diversidad promueve negocios y le ofrece al trabajador estadounidense las habilidades necesarias para prosperar en sus lugares de trabajo y para ser competitivos en un mercado cada vez más global. Del mismo modo, la importancia de las políticas de admisión conscientes de la raza han sido reconocidas por nuestros líderes militares, que han declarado que una fuerza armada racial y étnicamente diversa es un “imperativo estratégico, fundamental para preparación para las misiones y sus objetivos, y un requisito de liderazgo”.

Aunque este razonamiento puede ser convincente para la mayoría, el objetivo de la demanda Fisher es claro: busca que la Corte Suprema revoque su dictamen tan estrecho del 2003 en el caso Grutter, en la que afirmó que los beneficios educativos de un cuerpo estudiantil diverso son un interés apremiante que los colegios y universidades pueden buscar a través de políticas de igualdad de oportunidades.

Sin lugar a dudas hemos progresado al  ampliar el acceso y las oportunidades para las personas de color. No hay que mirar muy lejos del mismo Tribunal Supremo que hoy en día incluye a Sonia Sotomayor y Clarence Thomas, la primera latina y el segundo juez afroamericano, respectivamente. Dudo que alguien piense que esto hubiera sido posible sin los esfuerzos de las instituciones para ampliar la definición de mérito y de darles a los jóvenes procedentes de entornos desfavorecidos la oportunidad de lograr el sueño americano. Esta es una promesa que debemos mantener para la próxima generación de estadounidenses.

Vanessa Cárdenas es Directora de Progress 2050 en el Center for American Progress.

FUENTE: AP/Jacquelyn Martin

Los miembros del grupo manifestación Casa de Maryland enfrente de la Casa Blanca en apoyo del anuncio del presidente Obama de que el gobierno de EE.UU. deje de deportar y empieze a conceder permisos de trabajo a los jóvenes inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños.

Cuando yo inmigre a la Florida a los 10 años, fueron los estudiantes inmigrantes que me dieron la bienvenida y se hicieron mis amigos en la escuela South Seminole. Carlos, Isabel, y algunos otros tomaron clases de inglés como segundo idioma conmigo, mientras que otros cuyas familias habían inmigrado años antes y ya estaban en camino a la fluidez nos mostraron las normas apropiadas en la cafetería, enseñándonos a ordenar “papas fritas” por ejemplo. Años más tarde, algunos de estos amigos míos se enteraron que eran parte de los aproximadamente 151.000 jóvenes residentes de la Florida que carecen de estatus legal—  pero no de un sueño.

Esta población comenzó a llamarse a sí mismos DREAMers en el año 2001, cuando el DREAM Act, un proyecto de ley que proporcionaría una vía para el estatus legal permanente para aproximadamente 2,1 millones de jóvenes indocumentados que actualmente viven en los Estados Unidos, fue presentado por primera vez en el Congreso. Desde entonces, mis valientes compañeros han luchado por la oportunidad de ir a la universidad y de que se les paguen salarios justos por un día de trabajo honesto. Estuvieron muy cerca de ganar esa oportunidad en diciembre de 2010, cuando el DREAM Act fue aprobado en la Cámara, pero su sueño se derrumbo cuando los senadores republicanos obstruyeron el Acta días después.

Hemos sabido desde el principio que la habilidad para Carlos, Isabel, y los 2,1 millones de jóvenes indocumentados de alcanzar su máximo potencial en la fuerza laboral sería beneficiosa para la economía. Pero hoy sabemos cuan grande seria el impulso a la economía  si el\ DREAM Act fuese promulgado.

Para la nación entera, la aprobación del Acta DREAM  aumentaría $ 329 millones a la economía para el 2030, crearía 1,4 millones de nuevos puestos de trabajo, y generaría por lo menos $ 10,2 mil millones en ingresos para el gobierno federal.

La concesión de estatus migratorio legal a este grupo de jóvenes-muchos de los cuales han crecido en los Estados Unidos y están dispuestos a construir su propio sueño americano-reforzaría nuestra economía de dos maneras.

• En primer lugar, el DREAM Act proporcionaría un fuerte incentivo para que puedan continuar su educación ya que exige a los solicitantes que completen la escuela secundaria y la universidad o algún servicio militar. El recibir más educación  le abriría las puertas a empleos mejor remunerados para los DREAMEers, lo cual les permitirian a  convertirse en miembros más productivos de la sociedad.
• En segundo lugar, el solo tener estatus legal le permitiría a estos jóvenes estadounidenses solicitar mejores puestos de trabajo, en lugar de los puestos de trabajo mal remunerados que están a menudo disponibles para los inmigrantes indocumentados.

Para el año 2030 se estima que los DREAMers elegibles ganarían $ 148 mil millones en salarios si el DREAM Act se promulgaría, un aumento de 19 por ciento en sus ingresos potenciales. Como los DREAMers utilizarían estos salarios en coches, casas, iPhones, y cosas similares, este gasto impulsaría a la economía con $ 181 mil millones adicionales en crecimiento económico, crearia 1,4 millones de nuevos puestos de trabajo, añadiría más de $ 10 mil millones en aumento de ingresos, ampliaría las oportunidades para todos los estadounidenses, incluso a los nacidos aquí.

Mejor aún, estos beneficios se desarrollarían conforme pase el tiempo, a medida que más DREAMers terminarian sus estudios y entrarían a la fuerza laboral, asegurando a el crecimiento económico sostenido en el futuro.

Mientras que todos los 50 estados y el Distrito de Columbia se beneficiarían del DREAM Act, los estados con un gran número de soñadores vería un fuerte impulso a sus economías. California, con sus aproximadamente 550.000 DREAMers elegibles, ganaría $ 97,7 mil millones en actividad económica y vería la creación de más de 380.000 nuevos puestos de trabajo y un aumento de $ 3,4 mil millones en ingresos fiscales.  Los 151.000 jóvenes DREAMers de la Florida podrían añadirle al estado $ 21 mil millones en impacto económico total para 2030 y apoyaría la creación de 100.921 nuevos puestos de trabajo.

Incluso estados con una menor cantidad de DREAMers se beneficiarían. Maryland, por ejemplo, con sus 36.000 DREAMers, ganaría $ 4,8 mil millones en actividad económica, lo cual apoyaría la creación de más de 19.000 nuevos puestos de trabajo.

El promulgar el DREAM Act no es sólo lo correcto y moral que hacer por estos  jóvenes que no conocen ningún otro hogar que no sea los Estados Unidos, sino que también es una buena decisión económica para el país. En lugar de mantener  a los DREAMers marginalizados, el Congreso debe aprobar el DREAM Act para que estos jóvenes puedan desarrollar su potencial al maximo, y en torno, agregar cientos de miles de millones de dólares para la prosperidad futura de la nación.

Ana García es una asociada de Investigación y Política para el equipo de Política de Inmigración en el Center for American Progress.

Ana García es una asociada de Investigación y Política para el equipo de Política de Inmigración en el Center for American Progress.