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La Disparidad Racial en el Financiamiento Escolar No es un Mito

FUENTE: AP/David J. Phillip

Alumnos en el tercer grado estudian un problema de matemática en la Escuela Primaria Harvard en Houston. Un nuevo informe propone que el financiamiento de la escuela pública es ampliamente similar entre grupos raciales y étnicos, y encontró una audiencia predeciblemente receptiva en los blogs conservativos.

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En su trabajo “El mito de las disparidades raciales en la financiación de la educación pública” de Jason Richwine de la Fundación Heritage se sugiere que los gastos en educación pública son ampliamente similares entre grupos raciales y étnicos, pero el informe desconoce una realidad crucial que, irónicamente, se pone de relieve en otra publicación de Heritage. “Las escuelas que atienden a los estudiantes de bajos ingresos suelen estar insuficientemente financiadas”, como indicó en el 2000 Samuel Casey Carter en “No Excuses: Lessons from 21 High-Performing, High-Poverty Schools” (No hay excusas: lecciones de 21 escuelas de elevado rendimiento y elevada pobreza). Esta realidad importa porque las tasas de pobreza varían entre grupos raciales y étnicos. La tasa de pobreza del estudiante tiende a aumentar con el porcentaje de estudiantes afroamericanos, hispanos o indígenas norteamericanos que se encuentran en un distrito, en tanto que tiende a disminuir con el porcentaje de estudiantes blancos o asiáticos.

Dadas las complicadas relaciones que existen entre el financiamiento de la educación, la pobreza y la raza, ¿cómo puede Richwine llegar a la conclusión de que la disparidad racial en el financiamiento de la educación es un mito? La respuesta radica en que su análisis agrega las cifras de gastos a nivel regional y nacional, oscureciendo de ese modo las disparidades dentro de los estados o dentro de los distritos. El análisis de Richwine tendría más sentido si los fondos federales fueran una gran parte del cuadro, pero no lo son. Los fondos federales representan diez centavos de cada dólar que se gasta en la educación en el estado típico.

Nosotros brindamos nuevas pruebas de disparidades raciales en el financiamiento de la educación empleando un análisis estado por estado de los datos de nivel de distrito. A diferencia de Richwine, nos enfocamos en los fondos no federales dedicados a la educación primaria y secundaria debido a que es ahí donde se encuentran los mecanismos de financiamiento que contribuyen, si bien en forma indirecta, a toda disparidad racial. Asimismo nos enfocamos en los gastos corrientes que son los fondos empleados para pagar los gastos de operación diarios de los distritos escolares. Este objeto de estudio se corresponde con la gran mayoría del trabajo en el que se examina la equidad de recursos, incluidas las series sobre la Brecha de Financiamiento del Education Trust.

Nosotros empleamos el mismo procedimiento que Richwine utiliza para definir los gastos por alumno de cada grupo racial y étnico, pero nosotros lo hacemos estado por estado. En la Tabla 1 se presenta nuestro análisis de los gastos escolares en 13,458 distritos únicos que aparecen en uno o más de los años escolares que van del 2005-06 hasta el 2007-08.

Los porcentajes “ampliamente similares” que Richwine celebra también están presentes en muchos estados incluidos en la Tabla 1. Por ejemplo, en California, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia e Idaho, los gastos por alumno entre los negros e hispanos se encuentran dentro de los 3 puntos porcentuales de los que corresponden a los estudiantes blancos.

Pero queda claro que existen disparidades raciales en los gastos de educación en varios otros estados. En Illinois, Nueva York y Pensilvania, los gastos por alumno destinados a los estudiantes negros e hispanos oscilan en torno al 90 por ciento de los gastos destinados a los estudiantes blancos. Esta conclusión es reflejo de las tendencias regresivas del financiamiento que presentan estos estados y del hecho de que las personas de color tienden a estar más concentradas en los distritos de elevada pobreza. La otra cara de estos inquietantes indicios proviene de estados como Massachusetts y Nueva Jersey donde los distritos de elevada pobreza reciben mayor apoyo de las fuentes estatales y locales que los distritos con bajo nivel de pobreza.

Los datos demuestran que el informe de Richwine para la Fundación Heritage no alcanza a ver el bosque a fuerza de enfocarse en los árboles. Está claro que existen niveles significativos de disparidad racial en la asignación de fondos a algunos estados. Pero eso no significa que los estados con financiamiento progresivo o aquellos que muestran tasas de gastos similares entre grupos raciales y étnicos queden eximidos de responsabilidad. Existe una literatura creciente en la que se documenta la desigualdad en el financiamiento, incluidas las disparidades raciales existentes dentro de los distritos. Por ejemplo, en las series sobre la Brecha de Financiamiento del Education Fund se constatan diferencias de hasta $10,000 entre los salarios promedios de los docentes que trabajan en las escuelas donde existe una mayor y una menor matrícula de minorías en los distritos. Y el análisis de los datos sobre gastos por alumno a nivel de escuela en la Florida revela que existe una relación negativa entre las tasas de gastos y los porcentajes de estudiantes afroamericanos e hispanos en las escuelas, aun después de que se lleva un control estadístico de las tasas de pobreza por estudiante.

Sin duda, estamos de acuerdo con la afirmación de Richwine de que las disparidades de financiamiento dentro de los distritos son de particular preocupación en los “distritos de las grandes ciudades” y estamos totalmente de acuerdo con él en algo más. Y es que de poco sirve enfocarse en los niveles y disparidades del financiamiento si no se llama también la atención sobre qué tan bien las escuelas utilizan los fondos que se ponen a su disposición.

Estamos seguros de que conoceremos más acerca de las disparidades raciales en el financiamiento de la educación dentro de los distritos en lo que resta de este año cuando el Departamento de Educación de a conocer la Fase II de su Recopilación de Datos sobre los Derechos Civiles del 2009-10 en la que por primera vez se presenta información sobre los gastos a nivel de escuela. Aun cuando estos nuevos datos estén disponibles, los defensores e investigadores tendrán que tomarse el trabajo de cotejar sus criterios analíticos con sus consultas. El abandono de esta práctica, como lo hace Richwine en “El mito de las disparidades raciales en la financiación de la educación pública” de seguro complacerá a algunas audiencias tanto como ofenderá a otras. En el mejor de los casos, actitudes como esta solo siembran la división.

Raegen Miller es Subdirector de Investigación en Educación y Diana Epstein es Analista de Política Educativa Sénior para American Progress.

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Para hablar con un experto, favor de ponerse en contacto con Tanya Arditi via email a tarditi@americanprogress.org o por teléfono al 202.741.6258.